Alberto Fernández sabía que Jorge Bergoglio no lo iba a recibir en la recta final de la campaña electoral. Pero alguno de sus operadores informales hizo sus oraciones para alterar la doctrina del primer jesuita que se convirtió en Papa y el Presidente pagó un costo innecesario. Aunque los creyentes del Frente de Todos sostienen que a Fernández le hubiera venido bien aprovechar su viaje a Roma y recibir la bendición de Francisco, en el gobierno saben que el vínculo se deterioró demasiado rápido y Su Santidad no es de los que ponen la otra mejilla. Los dos encuentros que Alberto tuvo con el Papa desde que asumió se gestionaron a través de los canales formales que van desde el secretario de Culto Guillermo Oliveri al secretario de Francisco, el sacerdote uruguayo y doctor en Teología Gonzalo Aemilius. Buscar una excepción a dos semanas de las elecciones y por la vía pagana era ir en busca de un rechazo seguro.
El encuentro con Bergoglio hubiera generado división una vez más en Argentina pero hubiera fortalecido a un presidente debilitado, que viene de perder en las primarias y debe negociar con el Fondo el pago de los 44.000 millones de dólares que dejó Mauricio Macri como herencia. Más allá de las fotos, los encuentros y los discursos que se vieron en Roma, Fernández y Martín Guzmán están tejiendo alianzas con los países de Europa pero tienen su suerte atada a la voluntad de Estados Unidos y ven como dos de sus aliados globales de ayer, Francisco y Kristalina Georgieva, ya no cumplen el papel de socios que jugaron hace un año. Resentido, el Papa tomó distancia del gobierno después de la sanción del aborto legal seguro y gratuito y la economista búlgara, que ahora actúa como cabeza de un acreedor privilegiado, sufre el acoso del establishment norteamericano que respira entre David Malpass y David Lipton.
Mientras el “buen católico” Joe Biden logró el récord de minutos con Francisco y pretende avanzar sobre el impuesto a la riqueza sobre 700 multimillonarios de su país como Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates o Warren Buffet, el nuevo embajador norteamericano en Buenos Aires Marc Stanley hace sonar sus tambores de guerra y anuncia una etapa de tensión. A eso se suman de oficio burócratas de Washington como el argentino nacionalizado mexicano Alejandro Werner que acaba de vaticinar el fracaso de cualquier acuerdo y preguntarse en un foro económico qué se puede esperar de “estos tipos”, los del gobierno. Werner es hijo del ex jefe de gabinete de José Ber Gelbard -su familia se exilió durante la dictadura en México-, pero hizo su propio camino: es uno de los grandes responsables del préstamo irregular que el Fondo le dio a Macri y, según dice el gobierno, acaba de ser contratado por Maurice Claver Carone para que cumpla funciones en la presidencia del BID que Donald Trump le arrebató a Latinoamérica.
Elegido por la vicepresidenta y su hijo Máximo como único orador del homenaje a Néstor Kirchner, Alberto busca oxígeno en todos lados, de cara al día después del 14 de noviembre. Pero el “Nuevo Fondo” del que habló el Presidente nunca apareció y las “relaciones constructivas” que mencionó Guzmán en más de una oportunidad no dieron hasta ahora los resultados esperados. El FMI se lavó la cara en tiempo récord y se vistió de autoridad durante la reestructuración de la deuda privada: dijo hasta dónde podía y hasta dónde no podía ceder la Argentina en la pulseada con los fondos de inversión. Tampoco sirvió, al menos hasta hoy, el acercamiento constante del Presidente, Gustavo Beliz y Jorge Arguello a figuras claves del gobierno de Biden como Jake Sullivan, uno de los que estuvo en la reunión de 90 minutos con el Papa. Eso explica el giro discursivo de un gobierno que, con la estrategia del acercamiento que lleva dos años -e incluyó enfriar relaciones con China-, no obtuvo los gestos de piedad que pretendía.
Si el frente externo asoma más tenso de lo que se imaginaba, el frente interno es el que genera más inquietud en la comandancia de la alianza oficialista. Aunque sólo Axel Kicillof salió a respaldarla después de un acto que compartieron en Florencio Varela, la denuncia de Victoria Tolosa Paz sobre la posibilidad de un “golpe blando” parte del supuesto de una nueva derrota del FDT en dos semanas e incluye por lo menos dos temores: que el dólar paralelo se dispare todavía más después de las elecciones y que la familia de Comodoro Py active su cartelera y reedite el desfile de la dirigencia kirchnerista por los tribunales federales.
El augurio de un peor escenario para el gobierno nace del escepticismo que domina a una parte de la coalición y de algunos movimientos que se advierten puertas adentro. A cargo de la presidencia hasta el regreso de Fernández de Europa, la vicepresidenta redujo al mínimo sus apariciones después de la crisis por el cambio de gabinete y casi no apareció en la campaña. Nadie sabe si lo hace porque asume que su protagonismo puede conspirar contra las chances de una remontada o porque la descarta por completo y pretende preservarse de un nuevo mazazo en las urnas.
Más allá de que nunca participa en los actos homenaje a su marido, Cristina dejó hace tiempo en manos de Máximo su lugar en la campaña y ya apunta a ese día después que aparece cubierto de bruma. Tampoco para ella es fácil, lo admiten sus colaboradores más estrechos. La catástrofe de las PASO no sólo afectó las chances del Presidente que se soñaba plebiscitado y fantaseaba con la reelección: también golpeó el plan B que encarnaba Kicillof hacia 2023. Si el paquete paliativo que lanzó el gobierno desde el 12 de septiembre no alcanza para revertir los resultados de las primarias, CFK tendrá que volver a afrontar un escenario con cancha inclinada y desbaratar los proyectos de un Horacio Rodríguez Larreta que -al menos en campaña- la aparta de cualquier acuerdo hacia futuro. Su objetivo es exactamente el opuesto: estar sentada a la mesa de las decisiones del peronismo que viene y hasta fomentar la competencia interna que siempre vetó.
El pesimismo de Tolosa Paz se traduce en cierta prescindencia que se advierte en los intendentes que se sumaron al gabinete de Kicillof. Entre los nuevos ministros bonaerenses, abren el paraguas y dicen que no se les puede pedir a ellos que den vuelta en dos meses una derrota que es producto de lo que se hizo mal en casi dos años. “Ponen el cuerpo, pero no hacen campaña”, afirman en Casa Rosada. La cautela general contrasta con el optimismo que parte del gobierno le atribuye al Presidente. Lo contó elDiarioAR y tal vez explique el sentir de Fernández: el catalán Antoni Gutiérrez Rubí afirma que hay que contagiar la ilusión del Sí se puede peronista.
Aunque 2022 asoma bastante más complicado que este año por la falta de dólares, el 14 de noviembre chocarán dos percepciones distintas sobre el presente. Los optimistas del oficialismo apuestan a los efectos de las casi 60 millones de dosis que se aplicaron en lo que va de 2021 -más de 25 millones de personas completaron la vacunación-, la reapertura de la economía, la mejora en la actividad, el consumo que repunta en sectores con capacidad de ahorro y la lenta recuperación del poder adquisitivo de los asalariados formales. Los pesimistas advierten, en cambio, lo mismo que señala la oposición: el dólar paralelo al borde de los 200 pesos, la brecha cambiaria en torno al 100% y la aceleración de la inflación que el control de precios solo puede atenuar de manera acotada en el tiempo y el espacio. A eso se suma, la perspectiva de un tercer año de gobierno en el que los vencimientos de capital de 18.000 millones de dólares con el Fondo coincidirán con el retorno de la sangría de divisas del turismo que se activa con los viajes al extranjero. Sin posibilidad de recibir un nuevo regalo del cielo como el de los Derechos Especiales de Giro, el gobierno tendrá su suerte atada a la del complejo agroexportador.
Volverá, además, la presión para aumentar las tarifas en el AMBA, el motivo de la fuerte reacción de Juan Schiaretti contra la vicepresidenta en la semana que pasó. Si el gobernador de Córdoba, sobreviviente de todos los fuegos, alza la voz es porque ya prevé como le va a ir al kirchnerismo en su provincia en dos semanas. Conveniencias electorales al margen, la salida de dólares para subsidiar al conurbano bonaerense no es gratis para el gobierno. Según los datos de la consultora Economía y Energía que dirige Nicolás Arceo, entre enero y agosto, la montaña de subsidios energéticos le demandó al Estado nacional una erogación de 6500 millones de dólares y es posible que la cifra ascienda a 8900 millones de dólares cuando termine 2021. Ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF durante la gestión de Kicillof como ministro y Miguel Galuccio como CEO de la petrolera estatal, Arceo estima que en 2022 la cifra será similar salvo que el gobierno decida un aumento de tarifas significativo, a tono con las demandas del Fondo. El consultor del sector privado Daniel Gerold sostuvo que el número será mayor y calculó que el gobierno asignará 16000 millones de dólares para subsidiar las tarifas de gas y luz. Un verdadero golpe.
Para una Argentina que no logra resolver su ecuación interna, los datos contrastan con la revelación de Pandora Papers, que fue producto del trabajo del equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que sólo publicó elDiarioAR: nueve de las diez familias más ricas de la Argentina figuran en los Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore. Mientras el establishment transmite en cadena nacional su queja contra los impuestos, el peso se devalúa y la recaudación en dólares es cada vez menor. De acuerdo a los números del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray -un soldado de ayer que Macri quiso contratar y el FDT dejó al margen- si se mide al dólar oficial, Cristina recaudó en su último año de gobierno el equivalente a U$S 182.676 millones y tanto Macri en 2019 (U$S 91.408 millones) como Fernández en 2020 (U$93.400 millones) promediaron la mitad de lo que obtuvo CFK en materia de impuestos en aquel 2015, cuando el Estado no cargaba con el endeudamiento demencial que Cambiemos contrajo con el Fondo.
Así como los nombres de los nueve millonarios que aparecen en Pandora fueron silenciados por los tanques de la comunicación que no publican lo que no quieren que se sepa, pasó inadvertido también un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Elaborado por el consultor de la Unidad de Asuntos Fiscales de la División de Desarrollo Económico del organismo, Michel Jorratt, recomienda avanzar con impuestos sobre el patrimonio neto para financiar la pospandemia en un continente marcado por la pobreza, la concentración económica y el sesgo regresivo de la estructura tributaria. De lo más exhaustivo, el trabajo sostiene que la mayor crisis económica y social de los últimos 120 años profundizó brechas estructurales que obstaculizan el desarrollo en la región. La CEPAL argumenta que la desigualdad es ineficiente. Por eso, remarca que las políticas sociales no deben ser paliativos sino parte de la construcción de las capacidades necesarias para integrar al conjunto de los actores al empleo formal de más alta productividad y a la innovación, acelerando el progreso técnico.
El nuevo impulso para gravar a las grandes fortunas con un impuesto sobre el patrimonio neto, sostiene el informe, surge de la constatación de dos hechos: el aumento significativo de la concentración del ingreso y la riqueza, y la creciente erosión de las bases imponibles como consecuencia del traslado de beneficios a paraísos fiscales. “Evidentemente, el segundo hecho explica en buena parte el primero”, dice.
Jorratt muestra que existe una gran brecha de recaudación entre dos mundos. En 2018 la carga tributaria de los países de la OCDE alcanzaba un promedio de un 33,9%, un 13,1% más que el promedio de América Latina. Además, en el subcontinente la recaudación proviene principalmente de los impuestos al consumo -representan un 46,2% de los ingresos totales- y lo que se recauda con el impuesto sobre la renta de personas físicas equivale apenas al 1,8% del PBI, mientras que en la OCDE llega al 8,1% del PBI. “Se deben eliminar los espacios para la evasión y la elusión fiscales, fortalecer el impuesto sobre la renta personal y empresarial, y revisar el uso de los incentivos fiscales y los gastos tributarios, reorientando aquellos que no cumplan con los objetivos de desarrollo”, apunta. ¿Cómo hacerlo cuando, según dice el informe, los ricos capturan el sistema político? Eso no está especificado.
DG