Milei avanza decidido a nombrar a sus dos candidatos a la Corte, mientras Lijo cosecha apoyos del kirchnerismo y el radicalismo

La intención de Javier Milei de nombrar al juez federal Ariel Lijo como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia parece entrar en etapa de definiciones. Con el reloj apretando debido a la finalización de las sesiones ordinarias, y tras un salvavidas inesperado de la kirchnerista Lucía Corpacci, el Gobierno logró arrancar las nueve firmas necesarias para poner en marcha el tratamiento del pliego en el Senado. Este avance refleja el éxito de una estrategia sostenida desde julio, cuando la Casa Rosada comenzó a sondear a senadores opositores para garantizarse el apoyo a uno de los magistrados más polémicos de Comodoro Py.

Este fin de semana, sin embargo, Guillermo Francos pateó el tablero: en declaraciones radiales, no descartó que tanto Lijo como el académico Manuel García-Mansilla, postulados en marzo por Milei para integrar el máximo tribunal, puedan ser eventualmente designados por decreto, jugada de Mauricio Macri en 2015, cuando el ahora expresidente intentó sin éxito nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en comisión. Finalmente, ambos obtuvieron el aval de los dos tercios del Senado, con votos peronistas como el del actual jefe del interbloque, el formoseño José Mayans.

“Son alternativas que están en análisis”, admitió Francos, el funcionario político de la gestión Milei, en una entrevista con Radio Mitre, posibilidad que anticipó elDiarioAR el mes pasado. El jefe de Gabinete aseguró que la “preocupación” principal del Gobierno está en las vacantes que se abrirán en la Corte en 2025, una vez que el 29 de diciembre próximo Juan Carlos Maqueda abandone su silla al cumplir 75 años, edad límite para ocupar su cargo, dejando al máximo tribunal con apenas tres miembros.

Sin embargo, el objetivo último del oficialismo es otro, inconfesable: lograr garantizarse una mayoría de jueces afines, similar a la que formó Carlos Menem en los albores de su Presidencia, que duraría 10 años, cuando extendió a nueve la cantidad de miembros del máximo tribunal y dio nacimiento a la famosa “mayoría automática” de Julio Nazareno. En aquel entonces, para ser juez de la Corte se requería apenas el apoyo de la mayoría simple del Senado, requisito que fue modificado con la reforma constitucional de 1994.

En ese sentido, vale aclarar también que pese a que la decisión de Macri en 2015 de nombrar por decreto jueces de la Corte —nada menos— fue duramente cuestionada, no deja de ser un mecanismo legal. Sin embargo, ese nombramiento en comisión dura sólo un año porque de igual manera, para ser jueces de la Corte, los postulantes necesitan sí o sí el aval de los dos tercios de los senadores presentes en una sesión pública.

Más apoyos para Lijo

Hoy, por lo tanto, Lijo y García-Mansilla necesitan el apoyo del interbloque de Unión por la Patria y sus 33 miembros para alcanzar los 48 votos necesarios (en el caso de que los 72 miembros de la Cámara alta estuvieran presentes en el recinto). La mitad de ellos, sin embargo, responde directamente al Instituto Patria, que comanda Cristina Fernández de Kirchner, interesada particularmente en el desenlace de estas negociaciones y eventuales acuerdos políticos.

Este jueves, la mesa chica del oficialismo planea avanzar con el pliego de Lijo, que ya cuenta con el respaldo de casi una decena de senadores, entre los que se ubicarían el libertario Ezequiel Atauche, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora —del Frente Cívico, que lidera el caudillo Gerardo Zamora— y el radical correntino Eduardo Vischi. En paralelo, Milei prepara su última jugada: convocar a sesiones extraordinarias para incluir en el temario la candidatura de ambos magistrados.

En los cálculos del oficialismo, esta maniobra podría destrabar las tensiones con el peronismo, que ve a la Corte como un campo de batalla clave para el futuro electoral de la expresidenta. Con su condena ratificada en Casación y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos latente, Cristina se aferra al máximo tribunal como última esperanza.

Hace dos semanas, según pudo saber elDiarioAR, un intento de acuerdo entre ambos sectores estuvo cerca de cerrarse, pero naufragó por la negativa del Gobierno a reemplazar a García-Mansilla con una jueza cercana a la exmandataria. Ahora, con el aval de Corpacci para el pliego de Lijo, el escenario político parece volver a configurarse.

Idas y vueltas

Hace tiempo que en Casa Rosada sostienen que la nominación de los jueces de la Corte es una perrogativa exclusiva del Presidente, por lo que insisten en que el Senado solo tiene voz para decidir acerca de la “ideoneaidad” de los candidatos. “Esto no debería ser una discusión política”, repiten cerca de Milei, pese a que no dejan de mostrarse abiertos para negociar con el peronismo una posible ampliación del máximo tribunal a nueve miembros, que incluya una mayor representación femenina.

Al frente de esas tratativas con la oposición está un hombre clave en el organigrama del Gobierno: el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. En un rol de igual o mayor gravitación que la de su superior, Mariano Cúneo Libarona, Amerio responde al asesor presidencial Santiago Caputo, con quien es amigo desde hace años. Hasta diciembre, se desempeñó como funcionario de la Corte. Una vez que Milei llegó al poder, Amerio no solo fue designado en el segundo lugar de la cartera judicial, sino también nombrado como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, órgano que concursa y sanciona jueces.

A lo largo del año, fue la figura de Lijo la que más debates generó hacia el interior de los distintos bloques en la Cámara alta, incluso en las propias filas de La Libertad Avanza, situación que derivó en la expulsión del senador formoseño Francisco Paoltroni. “Lijo es el candidato de la impunidad y de la casta”, apuntó en agosto, antes de conformar su monobloque. “El país se divide en dos: los que apoyan la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema y los que no. Su pasado genera controversia y desconfianza”, remarcó en un mensaje publicado en su cuenta de X, donde dejó en claro su anhelo de “una Argentina distinta, basada en transparencia y ética”, acompañado del hashtag #LijoNo.

Pero quien tampoco se alineó con la voluntad de la Casa Rosada fue Victoria Villarruel. La titular de la Cámara alta le cuestionó públicamente a Lijo no haber “actuado bien” cuando, en 2012, resolvió a través de un fallo que el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci no fue un delito de lesa humanidad. Así lo señaló en marzo, durante una entrevista con TN, el único reportaje televisivo que dio en lo que va de su mandato como vicepresidenta. Y añadió: “Me hubiera gustado, dado que era una banca de una mujer, tal vez alguna catedrática”.

Es que, lejos de su retórica disruptiva, Milei optó por proponer a uno de los jueces más cuestionados para cubrir la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco. Una decisión que, según indican varias fuentes, se vincularía a la influencia de otra figura de gran relevancia en el mundo judicial: la del juez Ricardo Lorenzetti, de sabida vinculación con Lijo. Por su parte, García-Mansilla confesó en agosto que no conoce al Presidente y que la oferta que le hicieron para integrarse al máximo tribunal llegó a través de Santiago Caputo. Con el tiempo en contra y un escenario político tenso, el desenlace de esta historia sigue siendo incierto.

PL/JJD