A pesar de la insistencia de la fiscalía y de los abogados del Estado, el juez federal Hugo Greca postergó para el 13 de febrero el inicio del proceso oral y público contra mujeres y hombres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, de Villa Mascardi. Se trata del mismo territorio en disputa donde fue asesinado Rafael Nahuel en 2017, en el marco de una causa por usurpación cuya querella encabeza el organismo estatal Parques Nacionales. También fue el escenario donde el 4 de octubre se produjo un nuevo operativo represivo en el que fueron detenidas siete mujeres con niños y bebés, cuyos derechos se vieron vulnerados al punto que una de ellas dió a luz en cautiverio. Y es por ellas que referentes de ese pueblo originario fueron recibidos el miércoles por el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. Además de pedir por la liberación de las detenidas mapuches, la delegación enfatizó la potestad presidencial de instruir a Parques Nacionales para que desista de tal querella.
Este expediente fue abierto en 2017 luego de que el grupo mapuche realizara una recuperación territorial, similar a otras tantas que se vienen produciendo en la Patagonia en las últimas décadas. Dos días después del violento desalojo del 23 de noviembre de ese año, cuando la machi (sanadora) Betiana Colhuan fue obligada a comer tierra, (“Querés tierra india de mierda, comé tierra”, le dijeron los miembros de Prefectura), los prefectos del grupo Albatros fusilaron por la espalda a “Rafita” Nahuel, según consta en la causa que investiga la muerte.
A pesar de que la causa en la cual los miembros de la comunidad están acusados de usurpar las laderas de la zona del lago Mascardi ya estaba elevada a juicio, el pasado 4 de octubre se produjeron escenas similares en ese territorio, donde Colhuan levantó su rewe (altar sagrado), esta vez con el Comando Unificado de fuerzas federales en acción: Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal. Durante el encuentro en Casa Rosada, el Presidente dijo que él sabía que durante ese procedimiento no hubo disparos de balas de plomo, porque él no quería otro “Rafita”. La tía del joven asesinado, María Nahuel, le explicó que sí hubo disparos y persecución con perros de menores en medio del bosque y montaña arriba, que hubo gases que asfixiaron a los niños que estaban con sus madres, que les rompieron todo y las trasladaron sin sentido a Ezeiza para luego detenerlas en la sede de la PSA de Bariloche. “No le puedo cambiar el nombre”, dijo Alberto Fernández cuando Soraya Maicoño, una de las voceras mapuches, le pidió que así como lo creó por decreto, lo derogara. “No nos importa el nombre, no lo queremos en el territorio”, le dijo. “Además, el Comando Unificado es el sueño de Patricia Bullrich hecho realidad”, agregó. No hubo respuesta presidencial, según contaron las visitantes.
A la fiscal María Cándida Etchepare y a la jueza federal Silvina Domínguez no les importó que estas mujeres ya estuvieran judicializadas. Armaron otro expediente en su contra por la ocupación ilegal de las propiedades privadas de Los Radales y La Cristalina, y acumularon ahí las otras causas que todavía no estaban elevadas a juicio (las de La Escondida y la del ex-Hotel Mascardi). Es en este proceso que les dictaron la prisión preventiva a todas y todos los miembros de la comunidad, las lagmienes (hermanas) que fueron detenidas en el desalojo del 4 de octubre y a las y los que no pudieron detener. “Se inventó una causa y se detuvo a las mujeres mapuche por hechos inexistentes o que no tuvieran relación con ellas, tales como el incendio de una casilla de Gendarmería sólo para sacarlas del lugar y mantenerlas presas”, dijo a elDiarioAR la abogada Laura Taffetani, de La Gremial, que representa al grupo.
La letrada aclaró que en la primera causa por usurpación, “finalmente y sobre la hora el juez hizo lugar al pedido de La Gremial y el juicio volvió a suspenderse hasta el 13 de febrero, es un pequeño avance”. Y agregó que “de ahora en más dependerá de si podemos buscarle la vuelta al diálogo, pero sobre todo conformar las más amplias y plurales mesas y comisiones que puedan acompañar y hacer realidad lo hablado”, en alusión al compromiso de Alberto Fernández de establecer una mesa de diálogo para intentar, una vez más, buscar soluciones el conflicto mapuche. Esa tarde en la reunión con una decena de referentes de ese pueblo originario de tres provincias patagónicas, Fernández estuvo acompañado por el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, y por el flamante presidente del INAI (Instituto de Asuntos Indígenas), Alejandro Marmoni.
“Todo es aún muy débil, incluyendo la propia gestión presidencial, lo verificamos por el simple hecho de que los abogados de Parques Nacionales y de la Policía Federal siguen siendo aliados de la fiscalía y se opusieron a suspender el juicio”, expresó la abogada. “El Presidente se sienta a dialogar pero sus empleados inferiores lo desconocen e impulsan el juicio y la persecución penal”, apuntó. A su criterio, “a esta altura no podemos desconocer que la actitud de Parques Nacionales, que también siempre ha boicoteado las instancias de diálogo, obedece también los intereses en juego en las tierras de la Patagonia”.
Cuestión de género
Desde que fueron detenidas, tres de las mujeres lograron su libertad al probar que habían acudido a atender su salud con la machi Betiana Colhuan Nahuel. Y las cuatro restantes –Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Celeste Guenumil y Romina Rosas con su bebé recién nacido–, fueron a una casa en Bariloche con prisión domiciliaria. La fiscal Etchepare se opuso a la suspensión del juicio invocando que se veía perjudicada en su condición de mujer, porque está embarazada y en febrero no podría ser ella la funcionaria a cargo del proceso. La solicitud de postergación fue realizada el 12 de diciembre y tuvo que ver con que los abogados de La Gremial estaban en Paraguay, en un proceso vinculado al asesinato de dos niñas argentinas y la desaparecida Lichita. “La fiscal se opuso alegando que el aplazamiento vulneraba su condición de mujer, porque no iba a poder asistir al juicio por estar embarazada, lo cual lo rebatimos porque ella es una funcionaria que puede ser reemplazada”, explicó a elDiarioAR el abogado Virgilio Sánchez, también de La Gremial.
Esta actitud, sumada a las que tuvo durante la aprehensión de las imputadas, les dió la pauta de que Etchepare debía ser recusada por falta de objetividad, por haber demostrado que tiene un interés personal en la causa. “Cuando ocurre un hecho nuevo, en este caso la convocatoria a una mesa de diálogo por parte del Presidente, según el artículo 22 del nuevo Código Procesal los fiscales y jueces están obligados a encaminar los conflictos por vías alternativas para mantener la paz social”, indicó Sánchez. La respuesta de la fiscalía que subroga Etchepare fue calificar de “oportunista” el pedido de prórroga, y opinó que el Poder Ejecutivo se estaba entrometiendo en el Judicial. “Es una falacia, el Estado nacional es parte del proceso en que se está juzgando a la comunidad mapuche, es al revés, el Judicial estaría obstruyendo un diálogo entre las partes”, afirmó el letrado. Y agregó: “La fiscalía es la vindicta pública, si el Estado se sienta con las partes en conflicto y ella se opone, nos preguntamos qué otro interés representa”.
Etchepare fue mencionada en las conversaciones de los chats filtrados y publicados en varios medios como la interlocutora del grupo de jueces, funcionarios, ex agentes de la SIDE y miembros del grupo Clarín para incidir en la denuncia por dádivas en contra de ellos, porque habría sido invitados sin cargo a una estadía en la mansión del magnate Joe Lewis en Lago Escondido. Ella declaró que no los conocía, y se lo dijo a su jefe, el Procurador Eduardo Casal, pero recién tras el escándalo de la difusión de esos diálogos impulsó la denuncia que llevaba 48 días en su escritorio. Si bien solicitó el levantamiento del secreto bancario para establecer si las facturas que presentaron son falsas, no hizo lugar al pedido del abogado denunciante Marcelo Hertzriken Velasco de ser tenido como querellante, y de que fueran detenidos los acusados por haber intentado obstaculizar la investigación, porque en los chats quedaba en evidencia los intentos de salir indemnes del caso.
En el escrito de recusación contra Etchepare, al que este diario tuvo acceso, la defensa de las y los mapuches indicó que “la primera señal de su falta de objetividad fue cuando la fiscal arguyó su interés personal en ser ella la acusadora, pero en esa misma audiencia había propiciado que las defensas fueran reemplazadas por una defensoría oficial, y su preocupación es que ella personalmente no podría estar por su condición de gravidez”. En definitiva, el motivo de la recusación no tiene que ver con su punto de vista jurídico, sino con “su obsesión personal con la presente causa, que deja en evidencia su falta de objetividad”. Al referirse a la crítica de la fiscal a la propuesta presidencial al diálogo, la defensa dijo que “demuestra esta falta de objetividad su total falta de vocación para solucionar el conflicto por un carril alternativo a la pena, cuando esto no sólo es un derecho del imputado, sino una manda procesal para el Ministerio Público Fiscal, porque la frustración de un acuerdo anterior en nada deslegitima la posibilidad de llegar a un acuerdo antes del juicio, si las partes por algún motivo han decidido arribar a esta solución alternativa o mesa de diálogo”.
La presentación evocó anteriores intentos de soluciones políticas fracasaron porque “la mesa de diálogo que otrora se propició no estaba integrada por estamentos representativos del interés de los imputados sino exclusivamente de la parte acusadora, no se había convocado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ni al Parlamento Mapuche, para citar algunos, y si estaban sentados los miembros de Consenso Bariloche, agrupación refractaria a los intereses de las comunidades”.
Para la directora de Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, “existe una vinculación entre la concentración ilegal de la tierra en manos de magnates como Lewis y otros empresarios nacionales y extranjeros, y el fogoneo de grupos de patotas de su seguridad privada que amenazan, persiguen, amedrentan y violentan a personas y a comunidades pertenecientes o vinculadas al pueblo mapuche en la Comarca Andina”. Más allá de las especulaciones sobre posibles cónclaves para diagramar estrategias contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner“, algunos hechos concretos permiten establecer esas vinculaciones de las que habla Carpineti. Uno de los huéspedes VIP de Lewis, el camarista Carlos ”Coco“ Mahiques, había beneficiado al hijo del millonario de origen inglés con el sobreseimiento en la causa por la presunta compra fraudulenta de esas tierras, como informó elDiarioAR el 26 de octubre. Y todos pasaron por un acceso que Lewis mantiene cerrado al público, a pesar de que la justicia le ordenó que lo abriera. En los chats, además de insultar a periodistas y ostentar posibles represalias contra quien habría filtrado el dato del viaje a la prensa, se rieron respecto de la posibilidad de considerarse víctimas ellos de espionaje ilegal. Y escribieron ”limpiemos un mapuche“. Pocos días más tarde, dos empresarios rionegrinos serían condenados por el asesinato del joven mapuche Elías Garay, el 21 de noviembre de 2021, en otro territorio recuperado de la Comarca Andina, la Lof Quemquemtrew.
CM