El libertario Javier Milei enfrenta esta semana dos hitos que podrían proyectarlo o marcarle un límite a su proyecto draconiano de una economía sin regulaciones estatales. Para este miércoles, las centrales sindicales convocaron a un paro general y a manifestaciones en el centro de las principales ciudades que prometen ser masivas. En simultáneo, la Cámara de Diputados acelera el paso para tratar la ley ómnibus, que abarca un sinnúmero de reformas neoliberales en todos los ámbitos de la vida pública.
La huelga general será una prueba de fuego para Milei, pero también para la oposición peronista y la izquierda. No hay antecedentes de una medida de fuerza de este tipo a tan poco tiempo de iniciado un Gobierno democrático, apenas 45 días desde el 10 de diciembre, pero tampoco hay registro de un presidente que haya aplicado un hachazo relámpago en los ingresos de los trabajadores de esta magnitud y haya pretendido avanzar sobre los derechos sociales, laborales y políticos mediante un proyecto de ley que solicita la virtual suplantación del Congreso por el lapso de un año.
El llamamiento a un paro fue realizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos vertientes de la Central de Trabajadoras Argentinos (CTA). Sindicatos, organizaciones sociales y comisiones obreras de izquierda participarán de la medida de fuerza y las marchas, que en Buenos Aires tendrá como epicentro la Plaza de los dos Congresos.
La 'ley ómnibus' contempla penas efectivas de cárcel por cortar avenidas en un grupo de más de treinta personas en el marco de una manifestación para la que habría que pedir permiso. ¿A quién? Al ministerio de Bullrich.
Una atmósfera de tensión rodea la jornada de protesta, con la mirada en un antecedente de diciembre de 2017. En esa ocasión, Mauricio Macri logró aprobar un cambio en la fórmula para aumentar jubilaciones que redundaría en una drástica caída del poder adquisitivo. En el marco de una manifestación de cientos de miles de personas en las inmediaciones del Congreso, se produjeron incidentes y ello desató una represión indiscriminada, con decenas de heridos y detenidos.
La ministra de Seguridad de entonces, Patricia Bullrich, ocupa la misma silla con Milei y desde que reasumió funciones el 10 de diciembre pasado se esmera en amedrentar a eventuales manifestantes: advierte que no tolerará que acudan padres con sus niños a las marchas, intima a sindicatos y colectivos a pagar el costo de los operativos policiales y amenaza con cárcel a personas se tapen el rostro o corten calles. Ante una concurrencia masiva, esas proclamas abren el juego a la reproducción de incidentes. No son meras frases al paso, sino que fueron plasmadas en su protocolo “antipiquetes” y en un capítulo de la “ley ómnibus” que contempla penas efectivas de cárcel por cortar avenidas en un grupo de más de 30 personas en el marco de una manifestación para la que habría que pedir permiso. ¿A quién? Al ministerio de Bullrich.
“El protocolo y el proyecto de ley intentan convertir el derecho constitucional a la protesta en un delito, tipificado como 'entorpecimiento al tránsito'”, dice a este medio Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Violencia Institucional y Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La ofensiva de Bullrich rige sólo para las fuerzas de seguridad federales, pero algunas policías locales, como la de la ciudad de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri (primo del expresidente), se plegó a ese criterio. El CELS ya hizo presentaciones ante los tribunales locales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra estas medidas porque “imposibilitan el ejercicio a la libertad de expresión, reunión y manifestación”, indica Darraidou.
“Se espera una muy multitudinaria manifestación que implica esta obstrucción del tránsito, hay que ver qué temperamento terminan tomando las autoridades nacionales y de la ciudad”, advierte la abogada.
Los sindicatos y los diferentes colectivos se están organizando como nunca en democracia para que sus adherentes marchen compactos y eviten portar cualquier elemento que justifique una detención, como un elemento contundente. También recomiendan a ciudadanos extranjeros que no se sumen a las manifestaciones, porque podrían ser blanco especial de la policía. Organizaciones de derechos humanos planean instalarse en esquinas y difundieron los números de teléfono de sus abogados a los que acudir en caso de detenciones. Periodistas establecieron redes y adquirieron distintivos y protecciones especiales para poder realizar su trabajo sin caer en el intento.
Argentina podría estar frente a un punto de inflexión. La manifestación callejera, de decenas de personas o cientos de miles, forma parte de la cultura política local desde siempre. Milei y sus aliados de derecha y centroderecha apuntaron contra esa marca de identidad como nadie lo había hecho en democracia, con argumentos centrados en la libertad de circular y estigmatizaciones de todo tipo (“vagos”, “choriplaneros”, “violentos”) contra los manifestantes. En principio, habría razones para pensar que el presidente y su grupo no tendrán éxito en doblegar la vocación por la protesta de los argentinos, pero también podría ocurrir que el libertario se anote otro éxito impensado.
Histórico golpe a los ingresos
Nada más inaugurar su presidencia, Milei dispuso una devaluación del peso de 54,3%, una de las más altas de la historia. Ello disparó la inflación hasta 25,5% en diciembre 2023, el doble de la de noviembre y el triple del promedio mensual del año. Hasta marzo, economistas de diversa procedencia prevén alzas mensuales similares. Si los cálculos le salen mal al presidente y a su ministro de Economía, Luis Caputo, la inflación galopante podría anular la parte supuestamente positiva de la devaluación de diciembre —el reacomodamiento de precios relativos y la competitividad frente a las importaciones— y sólo quedaría la negativa.
La caída en los ingresos marida con aumentos de tarifas de gas, luz, agua y transporte que apenas comenzaron a ser implementados. Subas ya anunciadas de 500% marcarán otro sablazo en el primer cuatrimestre y otro fogonazo inflacionario.
Este golpe a los ingresos, sin precedentes cercanos, se monta sobre una década que, entre alzas y bajas del producto interior bruto, redundó en estancamiento y hartazgo de la población. En el caso de las jubilaciones, las mínimas —que recibe cerca de la mitad de los casi siete millones de pasivos— perdieron 20% en términos reales con el Gobierno de Macri —que tuvo al mismo Caputo como uno de sus artífices económicos— y 2% con Alberto Fernández. Desde que asumió Milei y hasta marzo, podrían perder otro 20% o más. Los magros ingresos de los trabajadores y los jubilados describen una catástrofe. En 2015, eran los más altos de América Latina; nueve años después, se ubican por debajo de la mitad de la tabla.
Este panorama marida con aumentos de tarifas de gas, luz, agua y transporte que apenas comenzaron a ser implementados. Subas ya anunciadas de 500% marcarán otro sablazo en el primer cuatrimestre y otro fogonazo inflacionario.
A todo esto, Milei, quien prometió en campaña que el ajuste lo pagaría la “casta”, en referencia a “los políticos chorros”, juega también con la eliminación de programas sociales, la reducción de la entrega de alimentos a comedores populares y despidos masivos en el Estado y las empresas privadas que comenzaron a sentir el impacto de la recesión.
Ofelia Góngora es encargada del comedor y merendero popular Los Grillitos, en la villa de emergencia Cárcova, partido de San Martín, al norte de Buenos Aires. Cuenta que hasta diciembre repartían bolsas de alimentos y ofrecían una comida diaria y un vaso de leche a 60 familias, unas 160 personas. Los víveres eran provistos por el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando Milei se hizo cargo de la presidencia, esa cartera pasó a integrar el megaministerio de Capital Humano y cortó el envío de alimentos. “Tuvimos que bajar de cinco comidas por semana a dos, y nos abastecemos con lo que ayudan los vecinos”, dice Góngora, cuyo comedor pertenece a la organización Libres del Sur.
En el barrio Cárcova impactó de lleno el alza del desempleo. “Muchos trabajadores quedaron fuera del sistema laboral porque suspendieron la producción en sus fábricas o las obras de construcción, y se la rebuscan como pueden. No les queda otra que salir a cartonear”. El relato de Góngora se repite en todo el país. Sólo en Cárcova, dos comedores bajaron la persiana definitivamente. “No tenemos ninguna información, nadie nos responde”, expresa la dirigente.
Por ahora, los únicos paliativos fueron un aumento de la asignación universal por hijo (AUH) que se paga por cada menor de 18 años y la extensión de un bono para los jubilados que había establecido el gobierno peronista saliente, en ambos casos, por debajo de la inflación. La proclama de los recortes es expresada hasta con crueldad por integrantes del Gobierno y los medios afines, lo que significa toda una novedad no sólo para la política argentina sino para la democracia global. Milei es un líder que maquilla poco el ajuste y con frecuencia se jacta con él.
Las caras del sindicalismo
Por ahora, si bien las encuestas marcan un declive en la popularidad del Presidente, sigue concitando apoyo en algo menos de la mitad de la población, por debajo del 56% que lo votó el 19 de noviembre.
Tras el problemático Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo enfrenta una profunda crisis de liderazgo. La izquierda comparte el desconcierto ante la ofensiva ultraderechista. Sobre esa incertidumbre y desazón, los jefes sindicales dieron el paso al convocar a la huelga general.
A lo largo de su historia, los sindicatos han demostrado ser la columna más estable del peronismo. Aunque mantienen diferencias entre sí y un liderazgo relativamente sólido entre sus representados, la aprobación social de los jefes sindicales es baja.
Algunos de ellos tienen vida de magnates. De hecho, varios son dueños de empresas a su nombre o de testaferros que brindan servicios a las obras sociales (cobertura médica) de los sindicatos. En general, éstos son líderes llevan décadas al mando de gremios grandes y han convivido a la perfección con Gobiernos de derecha. Cuando se reúnen, el desfile de autos de alta gama rompe la vista.
Milei es un líder que maquilla poco el ajuste y, con frecuencia, se solaza con él
Otros dirigentes de la CGT tienen menos edad, mayor compromiso progresista, más conexión con la base y margen de maniobra dentro del peronismo. Cerca de ese perfil se ubican los dirigentes la CTA, cuyos gremios más grandes son los docentes y los empleados estatales de menores ingresos. Éstos suelen adherir a Cristina Fernández de Kirchner y a posiciones de izquierda.
A los sindicalistas los une no sólo la presión de sus representados que están viendo pulverizado el salario, sino una hipótesis de abrupto crecimiento de desempleo desde la última medición, de 5,7%. La megaley en debate tiene el complemento del decreto de necesidad y urgencia, que también agrupa cientos de artículos. Esa herramienta —por ahora congelada en los tribunales—, prácticamente elimina el derecho de huelga y de realización de asambleas y protestas en puestos de trabajo, entre muchas otras garantías laborales que intenta suprimir.
La CGT encabezó la ofensiva judicial contra ese decreto y obtuvo un amparo en un tribunal laboral. Otro tanto consiguió la CTA. Ese hecho marcó el puntapié de la principal derrota de Milei, que vio su decreto desmenuzado por una sucesión de órdenes cautelares que dejaron el decreto en veremos.
El Gobierno libertario fijó su atención en las últimas semanas en la “ley ómnibus”, titulada grandilocuentemente como Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. De los 257 diputados, 102 peronistas y 5 de izquierda definen la oposición de plano.
Negociaciones con la “oposición amigable”
La Libertad Avanza tiene una marcada minoría en la Cámara de Diputados y el Senado (15% y 10%, respectivamente), pero cuenta con la denominada “oposición amigable” que componen un conjunto de bloques de derecha y centro. El PRO de Macri actúa con más convicción a favor de la ley ómnibus que La Libertad Avanza. Su socia hasta hace poco en la coalición Juntos por el Cambio, la tradicional Unión Cívica Radical, se divide entre un sector muy derechizado y otro de centro e incluso progresista, que podría ser el que le baje el pulgar al intento de Milei de llevarse todo por delante.
Un cuadro similar transita otro bloque conformado por emigrados de Juntos por el Cambio, peronistas disidentes y socialistas, a lo que se suma otra bancada de representantes de partidos provinciales, se supone que más afines al peronismo.
El problema para los intermedios que miran con extremo recelo a Milei es que sus bases electorales acaban de darle el impulso decisivo para que derrotara al peronista Sergio Massa en el balotaje de noviembre. Sienten que no tienen margen para ubicarse en la acera de enfrente.
La parte del león de la ley ómnibus
El proyecto de ley “Bases…” inicial incluía 664 artículos. Una curiosidad es que no se sabe exactamente quién los redactó, pero sí resulta evidente que fueron elaborados a las apuradas, con graves problemas técnicos en su factura. Varias fuentes dijeron a este medio que la autoría corrió a cargo de estudios jurídicos privados que representan a grandes empresas y al mundo financiero, extremo no admitido por altos funcionarios, pero tampoco negado. La confección a medida permite intuir musas inspiradoras.
En el marco de las negociaciones, Milei resignó aspectos tan variados como el internamiento forzoso de personas con problemas psíquicos graves, el virtual cierre de los institutos del Teatro, la Música y el Cine y las bibliotecas populares, la privatización de YPF, el cambio de sistema electoral a uno uninominal al estilo británico o estadounidense, y la pretensión de obtener facultades delegadas por los cuatro años de mandato. Por ahora, ese abanico fue dejado de lado.
El nuevo proyectó circuló el lunes, con 525 artículos, 139 menos que el original. La eliminación del sistema estatal de cultura, ahora matizada, motivó que artistas y escritores de todos los niveles se movilizaran en contra del proyecto, desde los más famosos y habitualmente comprometidos con causas sociales y políticas, como Mercedes Morán, Cecilia Roth, Fito Páez Claudia Piñero, Adolfo Aristarain, Guillermo Martínez y Lali Espósito, a otros con posiciones ambiguas, como Ricardo Darín.
Hay razones para inferir que, si bien la ultraderecha gobernante envió un texto inabarcable, su foco de interés real es más reducido. Allí se inscribe una rebaja abrupta hasta mínimos simbólicos del impuesto a la riqueza (bienes personales), la privatización de grandes empresas como Aguas y Saneamientos Argentinos (restatalizada en 2006 de manos de la francesa Suez y Aguas de Barcelona), Aerolíneas Argentinas (restatalizada en 2008 de manos de Marsans) y Correo Argentino (restatalizado en 2003 de manos del Grupo Macri); la venta de los activos en grandes empresas del fondo estatal de jubilaciones; el levantamiento de restricciones para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento externo a gran escala; la eximición de responsabilidad penal para los policías o cualquier persona que ejecute a un delincuente y la restricción al mínimo del derecho de la protesta. Por debajo del radar, decenas de artículos no menos polémicos son celebrados por nichos sectoriales.
A todo ello, la “oposición amigable” estaría cerca de dar el sí.
Darraidou pone el foco en la reforma del código penal que virtualmente habilita que la Policía o un individuo ejecute a un presunto autor de un robo, aunque esté en fuga y desarmado. El proyecto llega al extremo de prohibir que la familia del presunto delincuente asesinado inicie una querella. “Es una gravísima obstrucción al acceso a la Justicia. En nuestro seguimiento de causas en las que se registra un uso fuera de proporción de la fuerza policial, constatamos que las que avanzan y eventualmente llegan a condena son las que cuentan con el impulso de una querella. Si ésta no existe, la Justicia convalida la versión policial”, describe la abogada.
Casos recientes de alta repercusión que terminaron con severas penas de los agentes involucrados demostraron que las fuerzas de seguridad tienen por norma plantar armas falsas y modificar la escena para proteger a los autores del gatillo fácil, mientras los partes policiales son reproducidos sin objeciones por la mayoría de los medios de prensa, cuenta Darraidou.