La eliminación del Fondo Compensador al Transporte del interior para sostener el servicio público de pasajeros en las provincias generó una ola de rechazos en el norte del país debido a que se traducirá en un aumento del boleto mínimo, a semanas de haberse actualizado en algunos distritos. Es una poda más de los recursos nacionales a las provincias y podría leerse como un efecto colateral en contra de los gobernadores desde la Casa Rosada, tras el fracaso en el Congreso del proyecto de ley ómnibus.
La decisión tomó por sorpresa a los mandatarios provinciales debido a que hace dos semanas los representantes de las áreas de Transporte de cada uno de sus distritos se reunieron con el secretario de la misma área del gobierno de Javier Milei, el cordobés Franco Mogetta, quien se había comprometido hasta de gestionar más recursos.
“Es incomprensible, es una decisión que afectará al ciudadano común que sale a trabajar todos los días”, señaló a elDiarioAR uno de los funcionarios del NOA que participó del encuentro. “Esto cambia las reglas del juego y seguro impactará en el costo del pasaje porque ese vacío deberá ser cubierto con fondos provinciales, que no hay, o por el pasajero”, agregó.
A propósito de una posible suba del boleto, Claudio Mohr, presidente del directorio de Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor (SAETA), que tiene a su cargo el transporte de pasajeros del área metropolitana de Salta, señaló que la eliminación del Fondo Compensador fue una decisión “intempestiva, no prevista y dañina”.
Además, indicó a este medio, que se reunió con los ministros de Gobierno, Ricardo Villada, y de Economía, Roberto Dib Ashur, de Salta para abordar esta situación. “Sin el subsidio el boleto de colectivo podría costar $590, como mínimo”, expresó. Hace unos días se anunció que desde el 4 de marzo el pasaje subirá a $490 y que para que cierren los números, ante la imposibilidad de que el gobierno salteño destine fondos para cubrir el bache de la Nación, podría reducirse la frecuencia de los servicios para racionalizar costos.
El que no la dejó pasar fue el intendente de la capital salteña, Emiliano Durand, quien firmó junto a sus pares de otros distritos, un documento de rechazo a la decisión nacional, en el que se sostiene que “la medida es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores, que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades”.
“Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad del país. Implicaría dejar sin transporte a todo el interior del país. Vale remarcar, además, que se sostiene la inequidad con el AMBA, ya que la eliminación solo está planteada para el interior”, planteó dice el documento, firmado también por los intendentes Daniel Passerini, de Córdoba; Jorge Jofre, de Formosa; Roy Nikisch, de Resistencia; Rosario Romero, de Paraná; Raúl Jorge, de San Salvador de Jujuy, y Ulpiano Suárez, de Mendoza, entre otros.
Jaldo esperará
Tucumán será otro de los distritos en donde se hará sentir la ausencia de recursos nacionales para el transporte público. Pese a que la decisión del Estado nacional es darle continuidad al subsidio para el pasajero, esto solo el posible a través de la Tarjeta SUBE, instrumento que no se implementó aún en esta provincia, pese a que hay acuerdos firmados con la Secretaría de Transporte de la Nación. En diciembre subió el mínimo a $230 (frente a los $530 solicitados) y hace dos semanas la Asociación de Empresarios el Transporte Automotor (AETAT) pidió una nueva actualización a $840. Mientras se tramita este requerimiento en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, la Nación anunció que le ponía fin al subsidio estatal.
Sin eufemismos, el vicepresidente de AETAT, Jorge Berreta, señaló a elDiarioAR: “Lo que hizo la Nación es como patear a alguien que está en el piso y tratando de levantarse”. Indicó que el boleto costaría entre $1.000 y $1.100 y agregó que “es irreal” el costo actual de $230 y que solo se puede sostener, por ahora, por el plan de salvataje del gobierno tucumano para que no se caiga el transporte público.
El gobernador Jaldo se refirió este viernes a la decisión intempestiva del Poder Ejecutivo Nacional y en consonancia con su posición dialoguista, señaló: “Es muy reciente el anuncio, no podemos tener una opinión en profundidad porque fue a través de los medios. No tenemos un instrumento legal, no sabemos las particularidades”. “La semana próxima viajaremos a Ciudad de Buenos Aries para interiorizarnos de este tipo de medida”, agregó.
Números
En las últimas horas se conoció un informe de la consultora Politikon Chaco, sobre la distribución en las provincias del subsidio al transporte público. “De acuerdo con los datos parciales provistos por la Secretaría de Transporte, las provincias recibieron en 2023 un total de $70.712 millones por el Fondo Compensador al Transporte Público de Pasajeros; al tiempo que las compensaciones tarifarias recibidas por el AMBA totalizaban $343.067 millones”, se señala. Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Salta concentraron durante 2023 el 53,9% de estos recursos.
El trabajo detalló que el 20,6% quedó en Córdoba, con $ 14.573 millones entre enero y noviembre; luego se ubicó Santa Fe, con el 14,9% ($10.548 millones); Tucumán, con el 9,6% ($6.813 millones) y Salta, con el 8,8% ($6.195 millones). Más atrás se ubicaron Buenos Aires, excluyendo los partidos del conurbano ($4.433 millones), luego San Juan ($3.929 millones), Jujuy ($3.765 millones) y Entre Ríos ($2.652 millones).
Quintela exige
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que desde el minuto cero se convirtió en un crítico de la gestión de Milei, presentó este viernes en el Juzgado Federal de esa provincia, una acción de medida autosatisfactiva contra la Secretaría de Transporte de la Nación, “ante el grave daño que causaría el anuncio oficial de ese organismo nacional, respecto a la eliminación del Fondo Compensador, creado para subsidiar a las empresas del transporte público de pasajeros y de esta manera asegurar el servicio a la población riojana”.
El mandatario provincial consideró que, en caso de concretarse la medida, “sería otra arbitrariedad del Gobierno nacional, esta vez, contraria a la Ley de Presupuesto del año 2023, que en la actualidad sigue vigente por la reconducción del mismo para el año en curso. En ese sentido el Art. 81 de la citada ley, claramente mantiene el Fondo Compensador”.
Enfatizó en la presentación que “de lo anunciado surge la notable discriminación de trato en cuanto se mantiene, aunque disminuido, el subsidio para el transporte en el AMBA, es decir, se rompe el principio constitucional de igualdad de oportunidades e igualdad ante la ley, así como del federalismo como sistema de gobierno”.
La medida más profunda del jefe provincial riojano, frente al anuncio de la Nación, fue la decisión de disolver la empresa provincial estatal de transporte urbano de pasajeros, que era una Sociedad Anónima Unipersonal de Transporte y que se transformará en un ente provincial de transporte público. Ante el impacto de la noticia, la secretaria de Transporte, Alcira Brizuela, explicó que esto se traducirá en dejar de pagar sueldos de acuerdo al convenio del gremio de los choferes de colectivos. “Es imposible hacer frente a esos valores en el nuevo escenario, lo hacemos para mantener la fuente laboral de los 300 trabajadores y para que no dejen de circular los 93 ómnibus”, justificó.
En declaraciones a varios medios, la funcionaria aclaró que la intención es no actualizar la tarifa mínima de $150. “No queremos aumentar porque sabemos que hay un límite, los usuarios no van a poder pagar una tarifa de $500 como ya se paga en Formosa o Corrientes, o en Salta, que se va a $490”. Advirtió que por el aumento del combustible y las subas salariales que se fijan en paritarias nacionales no se descarta que haya que aplicar algún tipo de incremento en boleto, antes que comiencen las clases.
DC/JJD