El quiebre en el radicalismo luego de que cinco diputados decidieron acompañar los vetos de Javier Milei al aumento jubilatorio y la ley universitaria parece entrar en fase decisiva: este martes el bloque en la Cámara baja se enfrenta a una nueva reunión interna que podría definir la partición en dos de la fuerza que conduce Rodrigo de Loredo. El episodio podría reconfigurar el tablero político general, porque la UCR como espacio formal tiene un diálogo abierto con el Gobierno para negociar su apoyo al Presupuesto 2025. Si los libertarios necesitan el apoyo de gran parte de los opositores para que avance el proyecto de déficit cero del Presidente, ¿cuántos porotos están en riesgo?
La división en la UCR se provocaría no por la salida de los cinco “radicales peluca”, sino por la escisión que quieren llevar adelante una decena de correligionarios que no están de acuerdo con que el grupo que lidera el tucumano Mariano Campero siga en sus filas. Los acusan de “topos” del oficialismo. “Como los traidores no se van, nos vamos nosotros”, es la lógica que justifica el movimiento que harían las tribus que responden a Martín Lousteau y Facundo Manes.
Este martes el bloque tiene en agenda su habitual reunión semanal de bloque en el segundo piso del edificio de Congreso. Lo que se espera allí es que quede en evidencia quiénes son los radicales que harán un bloque propio, ajeno al de Loredo, aunque la conformación del nuevo espacio no será automática. “No vamos a ir a la reunión porque van los pelucas. Se rompe, pero no se presenta en el acto el bloque nuevo”, confió una fuente parlamentaria.
La UCR tiene 33 bancas de las cuales cinco ya se pintaron de violeta. Además de Campero, acompañaron al Gobierno Martín Arjol, Federico Tournier, Luis Picat y Pablo Cervi. Este último tiene una posición más gris, porque se abstuvo de votar el veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario.
En frente de los radicales mileístas se están ubicando Manes y los laderos del senador Lousteau, que es presidente del partido a nivel nacional. Como no tienen fuerza suficiente para echar a los pro-oficialismo, se irán del bloque para armar un nuevo espacio. La UCR ya vivió una división similar durante la gestión del Frente de Todos, cuando Lousteau armó Evolución. La nueva facción la integrarían los más cercanos al neurólogo: Pablo Juliano, Fernando Carbajal, Marcela Coli, Jorge Rizzotti y Manuel Aguirre. Y los referenciados en el economista: Carla Carrizo, Mariela Coletta, Danya Tavela y Marcela Antola. Cerca de dar el salto están Natalia Sarapura, que es ficha del ex gobernador jujeño Gerardo Morales; Melina Giorgi, que responde al santafecino Maximiliano Pullaro, y el chaqueño Juan Carlos Polini.
El quiebre se iba a concretar la semana pasada pero hubo algunos radicales equidistantes que lograron aplazar la disolución. A Campero y su grupo se les pidió no asistir –el tucumano estaba casualmente de viaje en Brasil–. De Loredo llamó a una votación y hubo una mayoría en contra de la expulsión de los “peluca”. “La mayoría de los presentes, excluyendo a los cuatro ausentes, se pronunció en contra de la expulsión. Consideran que aquellos que deseen marcharse pueden hacerlo formando un interbloque, pero quienes permanezcan en el bloque deberán acatar el Reglamento del Bloque (que lógicamente expresa la regla de la mayoría) y comprometerse a su cumplimiento”, apuntó una importante espada legislativa del bloque.
El clima para este martes parece distinto, porque ya Campero estará en Buenos Aires, y sus detractores directamente no irían. Aún hay voces en el bloque que esperan encontrar una solución pactada: “Estoy a favor de que construyamos una regla clara, flexible y razonable, que nos mantenga unidos”, dijo a elDiarioAR un diputado equidistante del conflicto.
Si se concreta la salida de los Manes-Lousteau, De Loredo perdería al menos diez bancas, una merma clave para pararse a negociar con el Gobierno. Desde inicios de octubre la UCR tiene bilaterales propias con La Libertad Avanza, no solo con Martín Menem o José Luis Espert –quien comanda el tratamiento del Presupuesto 2025–, sino también con funcionarios del Gobierno como Lisandro Catalán, secretario del Interior, José Rolandi, segundo de la Jefatura de Gabinete, o hasta Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación.
En ese marco es que el radicalismo está buscando gestionar el reclamo universitario que tuvo a muchas facultades tomadas y con clases públicas o con paros. El partido está fuertemente interpelado, por la fuerte presencia de la Franja Morada en el estudiantado y la extracción radical de muchos de los rectores.
La UCR plantea que haya modificaciones en las partidas de educación, pero también que se eliminen gastos tributarios. Sin embargo, su gesto es de máxima atención al oficialismo. “Lo mejor sería hacerlo a través de un dictamen de mayoría y acordando con el oficialismo, para que haya presupuesto”, dijo una fuente ligada a De Loredo. El cordobés confía en tener la misma postura que el espacio de Miguel Picheto, aunque últimamente Encuentro Federal parece haberse corrido más hacia una oposición más nítida contra Milei, junto con la Coalición Cívica de Elisa Carrió y, ahora, los radicales de Manes y Lousteau.
El radicalismo ya le transmitió al oficialismo un semáforo con sus desacuerdos sobre el Presupuesto 2025, pero por ahora no está planteado allí un reclamo contundente a que se aumenten los fondos que reclaman las universidades. Mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó necesitar $7,2 billones para 2025, el proyecto mileísta establece $3,8 billones, es decir casi la mitad.
El semáforo que la UCR le entregó al oficialismo plantea plantea en “amarillo” que se modere el articulado del presupuesto que plantea la rendición de cuentas de universidades (Artículo 17), porque entienden que “se necesita modificar la redacción para evitar interrupciones de fondos a universidades que podrían ser usadas de forma arbitraria”.
Otros puntos en amarillos, donde plantean que puede haber negociación o cambios, son la famosa regla de défici cero de Milei (Art. 1), donde piden “más claridad sobre la aplicación operativa de la regla de gasto y su inclusión como norma permanente”, supo este medio. Y un reclamo sobre las Cajas Provinciales (Art. 59).
A su vez, la UCR le transmitió en “rojo”, es decir que no apoyan, el articulado que deroga la movilidad de asignaciones familiares (Art. 68) porque “convierte este gasto en discrecional, eliminando la garantía de actualización automática”; la suspensión del 6% del PBI en educación (Art. 27) y el cese del Fondo Nacional de los Bosques (Art. 22), ya que el presupuesto asigna solo $1.500 millones, incumpliendo el mínimo legal de 0,3% del presupuesto total.
Curiosamente uno de los ítem rechazados por el partido es el artículo 69 del proyecto de Presupuesto, que tiene que ver con la movilidad jubilatoria. “Ratifica el DNU de Milei e implica una quita del 8% a los jubilados y refuerza el veto presidencial a la ley jubilatoria”, apuntó una fuente. Es justamente el punto que derivó en que haya radicales que acompañen al Gobierno y que ahora, sin ser expulsados de la fuerza, provocaría la escisión de facto del bloque.
MC/MG