La UIF, en jaque: las presiones de Santiago Caputo amenazan el funcionamiento de la unidad antilavado

La Unidad de Información Financiera (UIF) atraviesa su momento de mayor tensión desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. En el centro de la discordia aparece el nombre de una figura omnipresente en la cotidianidad de los pasillos del poder: Santiago Caputo, el asesor presidencial todoterreno, que comenzó a avanzar decididamente sobre la autonomía del organismo antilavado comandado por el abogado Ignacio Yacobucci. Luego de la salida forzada de su exnúmero dos, Manuel Tessio, a mediados del año pasado, cualquier resolución técnica llevada adelante por la unidad se vio sometida a una maquinaria implacable de presiones políticas.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes involucradas, el malestar interno en la UIF escaló como nunca antes a partir de diciembre, tras la apelación a un fallo judicial que intentaba archivar el caso Hotesur, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cuyo juicio oral acaba de ser confirmado por la Corte Suprema. Dicha medida, que logró que la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenara realizar una pericia y continuar con la investigación, desató un tan feroz como sugestivo enojo en la primera línea del oficialismo, paralizando las comunicaciones con la cúpula del organismo y provocando un aislamiento total entre las partes.

¿Un guiño velado del Gobierno a la presidenta del PJ, justo cuando se negocia en el Senado el pliego de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema? ¿Juego de necesidades mutuas de cara a un 2025 que se vislumbra cruzado por la polarización entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo? Especulaciones. Lo cierto es que, desde ese cortocircuito de hace un mes, los rumores de un posible desplazamiento de Yacobucci se acrecentaron. Detrás de esas maniobras se encontraría un íntimo amigo de Caputo: Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y representante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, el verdadero hombre fuerte puertas adentro de la cartera que, al menos en los papeles, encabeza Mariano Cúneo Libarona. El ministro está de vacaciones en Chile, completamente alejado de las visicitudes que cruzan por estas horas al organismo que, pese a ser autárquico, se encuentra bajo su ala.

El primer indicio de que la UIF comenzaba a estar bajo asedio tuvo lugar en junio, cuando Caputo dio la orden de remover de su vicepresidencia al abogado especialista en transparencia y compliance Manuel Tessio. El comunicado oficial alegó razones personales, pero el motivo real de su salida fue mucho más concreto: la presentación de la UIF como querellante en la causa que investiga por enriquecimiento ilícito al exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Una movida que, lejos de ser celebrada, le costó el puesto a Tessio, quien meses más tarde fue reemplazado por Santiago Martín González Rodríguez, un letrado cercano a Caputo sin experiencia alguna en la materia.

En aquel entonces, a través de una de sus cuentas anónimas de X, el asesor estrella de Milei redobló la apuesta y tildó a Tessio de ser un “massista” infiltrado, justificando la decisión de correrlo como un acto de limpieza ideológica. El mensaje fue claro: no se acciona si no es en línea con los intereses y directivas del todopoderoso integrante del “triángulo de hierro” presidencial. Un gesto que no solo desenmascara los objetivos non sanctos de La Libertad Avanza, sino que además revela cómo Caputo moldea áreas sensibles del organigrama estatal a su imagen y semejanza. De hecho, hace apenas semanas la UIF recibió una denuncia de Elisa Carrió contra Cristian Ritondo tras la investigación de elDiarioAR sobre las propiedades en Miami de su esposa. El jefe del PRO en Diputados cuenta con línea directa con Caputo. No hubo aún novedades al respecto.

Advertencia internacional

En octubre pasado, la aprobación del Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) despejó los temores de un ingreso de la UIF a la “lista gris” y evitó sanciones económicas para el país. Sin embargo, aunque este resultado representó un alivio importante, no alcanzó: en informes posteriores, el GAFI advirtió que las injerencias políticas están minando la autonomía del organismo, lo que amenaza con erosionar la ya frágil credibilidad de Argentina en el combate contra el lavado de dinero.

En el plano doméstico, en tanto, un punto que enciende alarmas es la precaria situación laboral de los trabajadores del organismo. Con salarios 32% por debajo del estándar del sistema nacional de empleo público (SINEP), la UIF está entre los peores pagos del Estado. Fragilidades que también se extenderían a la infraestructura tecnológica, que según fuentes consultadas por elDiarioAR requiere “inversiones urgentes” para estar a la altura de sus pares internacionales.

Los ruidos al interior de la UIF, lejos de ser anecdóticos, exponen un patrón recurrente puertas adentro del gobierno libertario: el que no agacha la cabeza ante las órdenes de la Casa Rosada, corre peligro de tener los días contados. Las presiones sobre el organismo que debe encargarse de prevenir los delitos financieros no son más que otro capítulo en la consolidación del poder de Caputo, un asesor sin firma que se mueve con la impunidad de quien se sabe exento de cualquier tipo de control.

PL/MC