Un libro con historias sobre las Abuelas de Plaza de Mayo ayudó a Roberto de la Cruz Gómez a soportar parte de los 84 días que estuvo encarcelado en el penal de Ezeiza por protestar. “A partir de esas historias valoré cómo estaba yo mismo, dentro de todo con salud y con mucho cariño y apoyo de todas las organizaciones sociales que me acompañaron”. Del otro lado del teléfono con elDiarioAR, Roberto habla rápido, con un ánimo que sorprende apenas un día después de ser el último de los detenidos durante la feroz represión del 12 de junio pasado en las inmediaciones del Congreso, mientras el Senado votaba la ley Bases.
44 años, empleado en una panadería, Roberto recuperó su libertad el jueves a la tarde, horas después de que la Sala II de la Cámara Federal dispusiera su excarcelación bajo condición de que utilice un dispositivo de rastreo. Su detención se extendió tanto porque la jueza María Servini de Cubría entendía que podía entorpecer la causa en lo que se lo investiga –supuesto atentado a la autoridad agravado y daño agravado– debido que él tiene antecedentes penales, aunque son condenas ya cumplidas. La Justicia no le encontró pruebas de ser un supuesto terrorista y planear un golpe de Estado, así como tampoco al resto de las 32 personas presas en aquella manifestación y como el Gobierno intentó rápidamente instalar a viva voz.
“Yo sabía que era inocente y muchos me decían que era excarcelable. Yo fui a la marcha, nunca lo negué a eso, y sabía que podían detenerme y largarme al otro día, porque en este país siempre creen que los malos son los que van a marchar. La Argentina siempre va a vivir así, al límite”, dice Roberto. Simpatizante del kirchnerismo, pero sin estar organizado, fue a la marcha aquel 12 de junio por su cuenta, con una bandera hecha por él mismo que decía “Patria sí, colonia no. No a la ley Bases”. Lo motivaba reclamar la mala situación económica, que afecta incluso el negocio donde trabaja: “El dueño me dijo que si la crisis sigue así va a tener que cerrar”.
Como el 12 era miércoles y tenía franco en su trabajo, aprovechó ya la noche del martes para ir a la vigilia frente al Congreso. Al día siguiente regresó al mediodía y se sorprendió del fuerte operativo de seguridad por el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich: “Estaba lleno de policías y motos”. Al poco tiempo pudo ver cómo reprimieron a un grupo de jubilados y trabajadores de Aerolíneas Argentinas, sobre Callao y Rivadavia. Volvió a su casa para almorzar y cuando más tarde fue de nuevo a la plaza notó que el clima ya era mucho más espeso. “Veo una humareda gigantesca. La plaza era una batalla campal, con mucho humo y permanente ruido de tiros”, recuerda.
Una de las gaseadas de la policía lo encegueció y tuvo que sentarse. Hubo quienes lo ayudaron a limpiarse la cara. Observó a familias corriendo, a personas mayores tapándose la boca con pañuelos para no ahogarse. “La Policía nunca nos avisó que nos iba a despejar. El aviso fue a balazos y a gas lacrimógeno. Tiraron a mansalva. En cada marcha se ve la violencia y el odio que el Poder Ejecutivo le transmite a la Policía”, denuncia.
Cuando ya anochecía y la manifestación descomprimió hacia la 9 de Julio corrida por la policía, en avenida de Mayo y Sáez Peña lo detuvieron. Los efectivos lo inmovilizaron poniéndole una rodilla en la cabeza: “Todo fue en plena oscuridad”. Lo habían señalado de quemar un tacho de basura y tener palos, aunque nunca hubo pruebas en su contra de haber participado en los graves incidentes que sí se registraron en aquella jornada, como el móvil de la radio Cadena 3 que fue dado vuelta y prendido fuego.
Comenzó entonces para Roberto un periplo que duró varias horas por una comisaría de la Ciudad hasta que a las 4 de la mañana fue al penal de Ezeiza, donde efectivos del Servicio Penitenciario Federal lo recibieron con pasamontañas y a los gritos. Estuvo una hora parado, esposado, mientras le tiraron gas pimienta y lo increparon acusándolo de “kirchnerista”. “Los primeros días fueron horribles. En el primer pabellón que me ingresan había asesinos con condenas desde seis años para arriba, hasta que logré que me cambien. Pero el SPF es totalmente negligente. Te hacen levantarte a las 3 o 4 de la mañana. Hay una persecución todo el tiempo con requisas, te obligan a desnudarte y todo el tiempo me preguntaban si pertenecía a un partido político o a una agrupación”, narra Roberto.
Hasta el día 70 de su detención no fue notificado de su situación judicial. Tres veces el juzgado le negó su excarcelación. “No soy ningún terrorista, jamás cometí un golpe de Estado. Más que un detenido era un secuestrado”, denuncia Roberto, que tuvo acompañamiento permanente de diversas organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, familiares de detenidos y familiares de desaparecidos.
Soportó la detención con buen ánimo hasta que la semana pasada quedó como el único detenido por protestar, luego de que el miércoles 28 de agosto fuera liberada Daniela Calarco Arredondo. La crisis anímica lo llevó a iniciar una huelga de hambre, a la vez que presentó ante la jueza Servini de Cubría una carta para denunciar su situación judicial, sin motivos comprobados para extender su prisión preventiva. Hasta que el jueves pasado los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico decidieron que recupere su libertad. La Justicia dispuso la excarcelación bajo la condición del uso de un dispositivo de rastreo electrónico o de ubicación física, además de que tiene prohibido salir del país y debe presentarse al inicio de cada mes en Tribunales.
Roberto fue el último liberado en una cacería policial que alcanzó a 33 personas, de las cuales a la gran mayoría se le dictó falta de mérito apenas los primeros días. Su causa y la de Daniela –que estuvo 75 días presa porque llevaba una pechera del MTR y el pañuelo verde dela lucha por la legalización del aborto– siguen abiertas, aunque nunca les encontraron una prueba de ser “terroristas” o cometer un golpe de Estado. Hoy todos los presos por protestar contra Javier Milei están libres.
MC/MG