Vialidad: el fiscal describió “un canal privilegiado” de pagos a Lázaro Báez durante los dos gobiernos de CFK

El juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner continuó este martes por la tarde con la descripción realizada por el fiscal Diego Luciani de “un canal privilegiado” de pagos al empresario y exsocio de la familia Kirchner Lázaro Báez “con dinero de todos los argentinos”, que funcionó entre 2010 y 2015, durante los dos gobiernos de la entonces mandataria.

Durante la primera parte de la audiencia de este martes, la fiscalía también se centró en los presuntos sobreprecios de las obras adjudicadas a Báez en la provincia de Santa Cruz. Luciani sostuvo que “en 5 de las 51 obras peritadas existieron sobreprecios por alrededor de US$200 millones”, en base al peritaje ordenado por el Tribunal Oral Federal número 2 y objetado por la defensa de Fernández de Kirchner, entre otras, ante la Corte Suprema, que solicitó que se peritaran todas las obras públicas.

Autorizada por el tribunal para ausentarse de las audiencias, Fernández de Kirchner volvió a publicar esta tarde en su cuenta de Twitter artículos de archivo de los diarios La Nación y Clarín en los que se relata un partido de fútbol en el que participó Mauricio Macri y su equipo Cardenales en 2017 contra La Liverpool, el equipo que integraban entonces el hoy fiscal del juicio de Vialidad, Luciani, y uno de los jueces que integran el tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu. Entonces, la causa Vialidad aún no había sido elevada a juicio, lo que sucedió en marzo de 2018.

Hasta el momento, la vicepresidenta había twitteado una nota de Página/12 del domingo en la que se mostraron dos fotos de ambos magistrados integrando el equipo que jugó en Los Abrojos, un predio deportivo propiedad de los Macri y donde el expresidente tiene su quinta familiar. La vicepresidenta sumó este martes el dato de que, además, el equipo de los magistrados jugó con el de Macri.

Fernández de Kirchner instruyó a su abogado Carlos Beraldi para que recuse a Luciani y Giménez Uriburu y solicite la nulidad de todo lo actuado. Este lunes, las defensas de Julio De Vido, Lázaro Báez, Nelson Periotti y Carlos Kirchner, otros cuatro imputados en el juicio, también pidieron el apartamiento de ambos magistrados. También recusaron al fiscal Sergio Mola, adjunto de la fiscalía en el alegato por tener ingresos a la Casa Rosada durante la gestión de Macri.

El “canal privilegiado”

Uno de los mecanismos para presuntamente desviar fondos del Tesoro Nacional hacia las empresas de Báez se implementó a través de la resolución 899/2010 de la Dirección Nacional de Vialidad, sostuvo Luciani este martes por la tarde. La resolución fue elaborada a pedido de Nelson Periotti, entonces titular del organismo, y buscó “elaborar un mecanismo que permita agilizar los pagos que el suscripto entienda pertinente debido a situaciones ajenas a esta Repartición y no contempladas con anterioridad al desarrollo de la obra, como ser inundaciones, veda climática, terremoto, razones de fuerza mayor, etc.”, según una nota elevada por el funcionario a Sergio Passacantando, entonces gerente general de Vialidad.

A través de esta resolución oficial “la Administración pública benefició a Lázaro Báez con los denominados pagos adelantados que se crearon a medida del empresario”, dijo Luciani. Periotto y Passacantando siempre negaron las acusaciones. Sus abogados responderán en los alegatos.

El fiscal explicó en los procedimientos normales, la obra pública se va pagando según se ejecuta a lo largo del tiempo, y cuando las empresas presentan los certificados de avance de la obra, Vialidad inspecciona y si autoriza los pagos, estos se ejecutan una vez cumplida la fecha de vencimiento del certificado con 30 días de plazo. Pero en el caso de las constructoras del exsocio de la familia Kirchner, “las certificaciones se pagaban antes de su vencimiento, incluso en casos en que las obras no se ejecutaban. Le daban todo”, aseguró Luciani.

Luciani mostró un cuadro en el que sostuvo que de los 1.336 pagos por adelantado que autorizó Vialidad Nacional entre 2010 y 2015, 1.317 fueron otorgados exclusivamente a las empresas de Báez. Es decir, más de 98,5%. También sostuvo que “otras empresas no reclamaron pagos anticipados en base a la resolución 899/2010 porque la existencia de esta resolución les fue ocultada deliberadamente, no fue publicada en el Boletín Oficial ni en la página de Vialidad, tampoco se le comunicó a la Cámara Argentina de la Construcción”, según consta en los documentos públicos y en la respuesta por escrito firmada por Juan Chediak, entonces presidente de la institución empresaria.

Se implementó “un procedimiento exclusivo que permitió que Báez cobrara incluso antes del vencimiento de los certificados con dinero de todos los argentinos”, enfatizó el fiscal, cuando a otros proveedores de la obra pública se les abonaban los mismos certificados con “90, 120, 150 días”.

Nota: se corrigió “administración pública” por “Administración pública”.

ED