A dos años del mayor derrame de petróleo en el mar peruano, el balance que hacen las organizaciones civiles ambientales, de derechos humanos e incluso el propio Congreso de Perú sobre las acciones de reparación y compensación es negativo.
Tras el vertimiento de más de 11.000 barriles de crudo en las costas de Lima y Callao el 15 de enero de 2022 en la terminal marítima La Pampilla operada por la multinacional Repsol, la pesca artesanal, el comercio y el turismo, entre otras actividades económicas, que eran el sustento de miles de familias, continúan paralizadas. Por lo mismo, “los impactos sociales se han recrudecido”, concluye un informe de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso Nacional.
“Estamos tan molestos con esto que ya estamos tristes”, le dijo Alejandro Huaroto Arnáez, pescador artesanal de Bahía Blanca, a los investigadores de Oxfam y CooperAcción mientras realizaban un estudio de valorización de los daños sufridos por las familias pescadoras.
“Nos han quitado nuestra felicidad, nuestra libertad”, dice Huaroto. De hecho, son numerosos los pescadores que han debido migrar a otras zonas del país o reinventarse en otros oficios, como el transporte o la agricultura, para dar sustento a sus familias, asegura el sociólogo de CooperAcción, Alejandro Chirinos. Las compensaciones económicas que recibieron por parte de la empresa no sólo representan apenas un tercio de su real pérdida económica, concluye el estudio de valorización, sino que fueron definidas de manera “arbitraria” por la empresa, asegura Jean Pierre Araujo, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Los montos se establecieron “en procesos de negociación privada entre Repsol y los damnificados”, indica Araujo y en momentos en que muchos afectados, presionados por la desesperación, aceptaron, explica Ana Leyva, abogada de CooperAcción.
En medio de la crisis social que se extiende sin luces de que llegue una pronta solución para los afectados, los planes presentados por la empresa para rehabilitar los ecosistemas impactados continúan en evaluación y “no hay alguien que lidere y articule” las acciones para enfrentar el desastre, asegura la congresista Ruth Luque.
El ambiente es de incertidumbre y la falta de información sobre el avance de los distintos procesos judiciales que se llevan adelante agudizan la desesperación de quienes esperan por soluciones.
La situación penal y civil
Una de las preguntas que más inquieta a los peruanos es qué ha pasado con la denuncia penal. En ese sentido, el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, aseguró a Mongabay Latam que “los actos de investigación ya se están culminando”, y que se espera que la acusación fiscal esté lista para mediados de junio.
Llegado ese momento se iniciará una etapa intermedia “que es muy corta”, precisó Guzmán, “donde el fiscal presenta una acusación formal contra los que él considera responsables de los hechos”. En ese momento, agregó, se postulará la reparación civil por el daño ambiental (daño ecológico puro) para lo cual “estamos utilizando una valoración económica del daño, que elaboraron los peritos del Ministerio Público” que ronda los 1.600 millones de soles, unos US$420 millones. Ese monto, sin embargo, podría aumentar o disminuir. Se trata de “una pretensión temporal”, explica Guzmán, “porque como la investigación no ha concluido puede aparecer algo que haga elevar o disminuir esa cifra”.
En todo caso, frente a las dudas de si el plazo para presentar una demanda civil había vencido al cumplirse los dos años del derrame, el Procurador aseguró que el Estado peruano ya ha promovido un pedido formal de reparación civil y este se encuentra pendiente de ser resuelto por el Poder Judicial. “Cuando la reparación del daño nace de un delito, tienes la posibilidad de plantear la pretensión mientras persista la acción penal, es decir, mientras existe una investigación en curso”, explicó. Además, agregó que “en el modelo peruano la reparación civil también se puede solicitar dentro del proceso penal y eso es lo que hemos hecho en este caso”.
Repsol puso directamente las condiciones para calificar y cuantificar los daños por familia o por persona en un proceso cerrado.
Sobre los tiempos, Guzmán sostuvo que “para finales de este año deberíamos tener ya resuelto el tema”, lo que, en su experiencia, corresponde a los tiempos manejados en las investigaciones frente a grandes desastres naturales. “Estamos dentro del tiempo habitual de investigación y procesamiento de este tipo de casos”, aclaró.
Compensaciones insuficientes
Asunto aparte es la reparación civil a los pescadores y comerciantes cuya fuente laboral ha sido destruida.
En 2022, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó, en representación de más de 700 mil personas afectadas, una demanda civil de indemnización por daños y perjuicios que asciende a 4.500 millones de dólares. Henry Carhuatocto, director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal del Ambiente (IDLADS Perú), organización que se sumó a la demanda del Indecopi como tercero interesado, aseguró a Mongabay Latam que el proceso aún se encuentra en trámite y que no ha habido audiencias. “Están en el proceso de notificación de las partes, con traducción incluida, y las contestaciones de la demanda”, detalló el abogado, quien agregó que no les han notificado mayor avance y que “falta interés del Estado de mover el caso más rápido”.
Por otra parte, tras ocurrido el derrame, la Presidencia del Consejo de Ministros, en articulación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), elaboraron en 2022 el Padrón Único de Afectados, en el cual se registraron a 10.300 personas.
La empresa sostuvo que ese año el 98% de las personas inscritas en el padrón cobraron las compensaciones y que en 2023 lo hizo el 93%. Sin embargo, dicho padrón ha sido altamente criticado por subestimar la cantidad de damnificados. Con miras a ampliar el padrón único de afectados, el Consejo de Ministros ha registrado a otros miles de ciudadanos. Sin embargo, su inclusión aún es incierta y permanecen como “eventualmente afectadas por el derrame de petróleo”.
La razón es que “la norma establece que es la empresa quien determina quiénes son los afectados”, explica Miguel Lévano, coordinador de programa y alianzas de Oxfam Perú. Y en este caso, Repsol exige acreditación de la actividad económica previa al derrame, a través de un documento o medio probatorio emitido por una autoridad. El problema, advierten tanto las organizaciones civiles como el informe del Congreso, es que un gran número de personas desarrollaban sus actividades en condiciones de informalidad por lo que no cuentan con los documentos exigidos. “Es fundamental hacer una modificación a esa norma porque no es posible que el Estado le traslade a la empresa una función que debería hacer él”, opina Lévano.
Mediante un comunicado, Repsol informó que a enero del 2024 han registrado aproximadamente 62.000 solicitudes adicionales, las cuales están siendo evaluadas por la empresa.
Mientras no haya plan aprobado, no solamente no hay un proceso de rehabilitación sino que se van distanciando las posibilidades de recuperación del mar para que las familias pescadoras puedan volver a sus labores.
Para la congresista Luque, con la elaboración de un padrón que ha subestimado la cantidad de damnificados, “el Estado perdió una oportunidad, a través del Ejecutivo, de generar un acuerdo que pudiera garantizar que el Estado estaba a cargo de un registro único de afectados. Incluso, perdió la oportunidad de formular propuestas normativas o cambios legislativos a raíz de este desastre ecológico”. Además, todavía está pendiente determinar si las compensaciones continuarán este 2024.
Los problemas en torno a las compensaciones no sólo tiene que ver con el padrón, sino también con los montos. Las compensaciones —que se encuentran entre los 50.000 y 70.000 soles (entre 13.000 y 18.300 dólares)— “fueron un proceso de negociación privada entre Repsol y los damnificados”, explica Araujo, el abogado de la SPDA. “Repsol puso directamente las condiciones para calificar y cuantificar los daños por familia o por persona en un proceso cerrado”, agrega.
La Defensoría del Pueblo indicó, además, que en las mesas de negociación que se llevaron a cabo entre 19 organizaciones de pescadores y la empresa con el fin de llegar a acuerdos sobre las compensaciones “la empresa presentó una propuesta inamovible desde el primer día”, a pesar de que “por norma la compensación debe acordarse con los afectados”. Según detalla Ana Leyva, “la empresa amenazó (diciendo) ‘si no acepta me voy’ y la gente por necesidad terminó aceptando sus condiciones”.
La economista de Oxfam, Kely Alfaro, titular del estudio de valorización del daño, asegura que durante las mesas de negociación “se presionó para que la empresa muestre la información” con la que había determinado los montos. Lo que presentó, dice, fue “el censo de pescadores que no tiene datos económicos, donde los mismos pescadores dicen: ”Ese censo no sirve porque nosotros no hemos dicho cuánto ganamos“. La empresa también presentó, según la experta, un estudio sobre necesidades básicas. Sin embargo, el informe de valorización da cuenta de que cada familia ha perdido anualmente el equivalente a 149.714,86 soles (39.240 dólares), una cifra muy por encima de la canasta básica y hasta tres veces el monto entregado por Repsol.
“En el proceso de negociación no ha habido un trato justo para los afectados”, concluyó la Defensoría del Pueblo. La posición inamovible de la empresa durante el proceso de compensación junto con la falta de precisión de la metodología utilizada para calcular los montos “afecta la determinación de la compensación y, por ende, el derecho a una reparación integral”, informó.
Para la congresista Luque, “hay una negligencia de un liderazgo y seguimiento constante del Estado”, pero “lo más grave”, dice, es que “la empresa se da cuenta de ese desorden, de ese vacío, de esa falta de liderazgo, y se aprovecha porque las compensaciones siguen bajo el direccionamiento que ellos quieren”.
Como una alternativa para recibir una indemnización mayor, la Fundación Holandesa de Derechos Ambientales y Fundamentales, que representan a 30.000 peruanos afectados por el derrame, interpuso una demanda en contra de Repsol a través del bufete de abogados británico Pogust Goodhead. La demanda es por 1.000 millones de libras esterlinas, unos US$1.200 millones.
Planes de rehabilitación que no llegan
La empresa presentó un total de 18 planes de rehabilitación al Ministerio de Energía y Minas, de los cuales cuatro fueron declarados como no presentados por no cumplir los requisitos mínimos de admisibilidad. Los 14 planes restantes se encuentran en proceso de revisión.
Para Jean Pierre Araujo “es preocupante que la empresa haya presentado planes de rehabilitación con problemas formales, habiendo tenido un año para contratar a las empresas consultoras ´para que hagan estos planes”. Además, a los pescadores y a las organizaciones civiles les inquieta el tiempo que pueda tardar la evaluación de los planes de rehabilitación que tienen por objetivo recuperar los ecosistemas afectados por la contaminación. La razón es simple, explica Leyva, y es que no pueden iniciarse las tareas de remediación si no hay planes, y “la evaluación está demorando”. “Todavía no sabemos si esos planes van a entrar en evaluación. Depende de si los han completado, entonces pasarán a ser evaluados, pero si no los han completado, tienen que volver a presentarlos”, asegura la experta.
Nos han quitado nuestra felicidad, nuestra libertad.
Miguel Lévano, de Oxfam, agrega que junto con ello el problema radica en que “el marco normativo no establece un plazo (para presentar un nuevo plan luego de ser rechazado el primero)”, por lo que “pueden pasar varios años sin un plan aprobado”. Además, dice, “mientras no haya plan aprobado, no solamente no hay un proceso de rehabilitación sino que se van distanciando las posibilidades de recuperación del mar para que las familias pescadoras puedan volver a sus labores”.
La compañía afirmó, en un comunicado del 15 de enero, que los planes de rehabilitación no “son necesarios para la reactivación y apertura de las zonas”. Según la empresa, “las playas de Lima Norte, especialmente las de Ancón, así como en Ventanilla, Santa Rosa, Chancay y Aucallama, están listas desde hace meses para la pesca, el comercio y las actividades recreativas”, ya que “cumplen con los estándares de calidad ambiental tanto nacionales como internacionales, y esto lo sustentan los informes de laboratorios reconocidos y certificados, así como los diversos informes de las autoridades”.
Sin embargo, el último informe técnico del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), elaborado a partir de estudios realizados entre el 12 y 26 de junio de 2023, indica que “no se cuenta con las evidencias concluyentes que permitan señalar que la zona afectada por el derrame esté libre de presencia de petróleo”. Actualmente, el Imarpe se encuentra elaborando un informe técnico actualizado a partir de la evaluación biológica ambiental realizada entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre de 2023.
Para Luque, la falta de liderazgo por parte del gobierno también se refleja en el silencio tras los comentarios de Repsol. “Como puede ser que nadie le responda a la empresa cuando dice que todo está bien, que todo ya se puede hacer. Nadie del Gobierno les dice lo contrario”.
ED