Integrantes de la familia Urquía, dueña de Aceitera General Deheza -una de las empresas agroindustriales más importantes del país- fueron denunciados este miércoles por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA) ante la Justicia federal de Chaco. La ONG sostuvo que los empresarios fueron beneficiados por las autoridades de la provincia en una supuesta maniobra delictiva que provocó la extensión de las zonas a desmontar, de acuerdo con la denuncia a la que accedió elDiarioAR.
La denuncia señaló también que la máxima autoridad ambiental de la provincia de Chaco, Hernán Halavacs, tramitó el 40% de los desmontes habilitados en la provincia entre 2014 y 2021, como adelantó este medio el miércoles último. El funcionario es ingeniero agrónomo y fue nombrado ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible por el gobernador Leandro Zdero (Juntos por el Cambio). Quien hoy es el principal responsable de garantizar la protección de los bosques nativos tramitó el 40% de los desmontes permitidos entre 2014 y 2021.
En ese período Halavacs gestionó como consultor privado 353 de los 876 permisos de desmonte registrados en la Dirección de Bosques de Chaco, equivalente al 40% de todos los desmontes de ese período, de acuerdo con la denuncia presentada en los tribunales chaqueños. elDiarioAR accedió a la documentación pública que respalda dichas estadísticas. El resto de los permisos fueron tramitados por otros 14 ingenieros agrónomos habilitados.
Una de los clientes de Halavacs antes de que el ingeniero asumiera como funcionario público era Las Guindas SA, una empresa agropecuaria que, según la denuncia, obtuvo permiso de desmonte por 1.331 hectáreas en el departamento de Brown en 2018. La compañía “es propiedad de la familia Urquía, que incluye a Alberto Vicente Urquía, Adrián Alberto Urquía y Roberto Daniel Urquía, quienes a su vez dirigen el Grupo Aceitera General Deheza (AGD), una de las mayores empresas agroindustriales de Argentina y con fuertes vínculos con el poder político chaqueño y nacional, incluyendo a ex presidentes y el poder legislativo”, sostuvieron los abogados ambientalistas.
elDiarioAR se comunicó con voceros de Aceitera General Deheza pero en la compañía declinaron hacer comentarios por el momento.
Tras la asunción de Halavacs, la legislatura de Chaco sancionó un nuevo mapa de zonas a desmontar y modificó la categoría de protegidas a centenares de miles de hectáreas, que ahora podrán ser desmontadas. En ese reordenamiento territorial, la provincia recategorizó un campo propiedad de Las Guindas SA, que antes no podía ser desmontado por encontrarse en zona protegida de bosques nativos. Ahora, los viejos clientes del ministro podrán deforestar el monte nativo, sostiene la denuncia.
Las Guindas S.A es una empresa agropecuaria de Rosario. Fue denunciada por el Centro Mandela por un presunto desmonte ilegal de 1.230 hectáreas en zona amarilla (semiprotegida) en 2018 en la “Estancia El Juramento”, que es un gran establecimiento colindante al Parque Nacional Copo, en el departamento Brown, afirmaron los denunciantes. La Estancia El Juramento tiene una superficie de cerca de 1.640 hectáreas, equivalente a casi toda la Ciudad de Buenos Aires.
La empresa agropecuaria también fue denunciada por ejecutar al menos 700 hectáreas de desmontes supuestamente ilegales y expulsiones a familias en el paraje Las Carpas, en Santiago del Estero, en 2019, aseguraron los denunciantes.
Cuestionamientos
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA) denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita. elDiarioAR se comunicó en la semana con el funcionario pero no obtuvo respuesta a la consulta.
La organización ambientalista solicitó, además, que la Justicia dicte de manera urgente una medida cautelar que suspenda los efectos de la ley sancionada el 30 de abril último en la Legislatura de Chaco para que “cese inmediatamente toda actividad de destrucción de bosque nativo que ponga en riesgo este ecosistema crucial”. La normativa reformó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia, que implicó que más de un millón de hectáreas de bosques nativos dejaran que estar bajo la categoría de áreas protegidas para poder ser deforestadas.
Halavacs es el ingeniero agrónomo que consiguió la mayor cantidad de permisos de desmonte en la historia reciente de la provincia, sostiene la denuncia a la que accedió elDiarioAR. Este medio se comunicó con el ministro para obtener su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta hasta el momento.
Hasta su llegada a la función pública, estaba al mando de su consultora “Hiula”, que era contratada por empresarios de la industria forestal y agropecuaria para tramitar permisos de deforestación del bosque nativo para cambio de uso del suelo.
Desde al menos 2014, y para tramitar estos permisos, Halavacs contó con una inscripción como técnico por la Dirección de Bosques de Chaco, habilitado para gestionar permisos de cambio de uso del suelo o desmonte (CUS) en establecimientos agropecuarios o forestales con bosques nativos.
Los 353 desmontes que tramitó Halavacs equivalen a unas 38.000 hectáreas de bosque perdido, principalmente en los departamentos chaqueños de Almirante Brown (100 desmontes), Maipú (73) e Independencia (43), afirma la denuncia de AAdAA.
ED/DTC