Una persona conoce el caso de alguien que podría ser hijo de desaparecidos, tiene algún dato, un papel, alguna conversación que escuchó. La duda persiste. Va a Abuelas de Plaza de Mayo y hace la denuncia. Se suma a las miles que tiene el organismo. Ellas son el puente con la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado (UEI), que depende de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Allí corroboran la fecha de nacimiento, buscan más información, indagan en los registros oficiales, hacen entrevistas. Buscan en archivos y documentos de organismos del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Llegan a una hipótesis y la presentan al Poder Judicial, específicamente a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (Uficante). Ahí empieza un recorrido judicial que, posiblemente, llega a la resolución de un enigma, a la restitución de una identidad.
El gobierno de Javier Milei cerró esta semana la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado (UEI), un sector que depende de la CoNaDI y que en los últimos tres años originó el 60% de los casos que tramitó el Poder Judicial vinculados a esa temática. Es el principal organismo que deriva denuncias para que la Justicia investigue estos delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar.
“Desde que existe nuestra unidad fiscal, hace más de 12 años, la UEI es el principal organismo que remite casos para que investiguemos”, dijo a elDiarioAR Pablo Parenti, titular de la UFICANTE, dentro del Ministerio Público Fiscal. La UEI fue creada en el 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y hace investigaciones sobre posibles apropiaciones de niños y niñas a partir de denuncias espontáneas. Para eso accede a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Hasta la publicación del decreto 727/2024, que lleva las firmas de Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la UEI era un auxiliar del Poder Judicial que hacía investigaciones preliminares a las denuncias. En los últimos tres años, entre 2021 y 2024, el 60% de los casos que se iniciaron en la Unidad Fiscal llegaron desde la CoNaDI precedida por un trabajo hecho en la UEI.
Una de las tareas más importantes del organismo era desmalezar la gran cantidad de información que llegaba a Abuelas de Plaza de Mayo: mails, cartas, papeles. Un volumen de datos muy grande que muchas veces se convirtieron en hallazgos, pero que previamente debieron ser procesados e investigados para delimitar una hipótesis y derivarlos al sistema de justicia. “Si se presentan las denuncias tal cual se reciben en Abuelas o CoNaDI se va a sobrecargar el sistema judicial porque gracias a la investigación de la UEI hay casos que se resuelven con la documentación de la persona sin necesidad de abrir una causa judicial. Agiliza la búsqueda de las nietas y nietos”, explicó a este diario Adriana Metz, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo.
Adriana es hija de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, militantes barriales secuestrados el 16 de diciembre de 1976 en Cutral Có, Neuquén. Al momento del secuestro, su madre estaba embarazada, y según testimonios de otros detenidos, dio a luz a un varón el 17 de abril de 1977, en el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” de Bahía Blanca. Sus padres están desaparecidos y Adriana busca a su hermano. “El papel de CoNaDI junto al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es fundamental para que se concrete el abrazo con mi hermano”, agregó.
Esta decisión del gobierno se enmarca en el desfinanciamiento y desarmado de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y en la búsqueda de impunidad para los represores. Si el trabajo de la CONADI se debilita, los procesos se ralentizan, una persona con dudas tendría que ir directamente a un juzgado y debería intervenir la Justicia y encontrar motivos para pedirle al BNDG que haga la extracción y comparación del ADN de la persona con los grupos familiares allí guardados. Eso podría llevar meses o años como pasaba antes de la creación de la CoNaDI.
El reconocido genetista Víctor Penchaszadeh, integrante del equipo de científicos que creó el “índice de abuelidad”, clave para identificar a hijos e hijas de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar, también valoró la importancia de estos organismos. “La CoNaDI ha sido la puerta de entrada para la gente que duda de su identidad. Antes de su existencia, nadie podía podía ir directamente al BNDG a pedir un test, tenían que ir a la justicia y dependía de la voluntad del juez”, le explicó a elDiarioAR.
De las 20.000 pruebas genéticas que se hicieron en los últimos 30 años en el Banco Nacional de Datos Genéticos, la mayoría llegó desde la CoNaDI. “No solo fue la puerta de entrada, sino la que las vehículizaba”, agregó el investigador.
El argumento del Ministerio de Justicia para desactivarla es que la UEI violentaba “el régimen constitucional de división de poderes” porque realizaba funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo y “violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos”. Una premisa que se diluye si se tiene en cuenta otros organismos del Ejecutivo con funciones similares como la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad Fiscal AMIA o la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central o, más atrás en la historia, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Según Cúneo Libarona, le corresponde al Ministerio Público Fiscal llevar adelante dicha investigación y orientar al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial. “De ninguna manera el trabajo de CoNaDI se superpone con el trabajo de la Justicia, es un trabajo previo y fundamental para nosotros porque nos permite trabajar con alguna hipótesis mejor delimitada y eso hace que sistema no colapse, ¿Qué pasaría si el sistema de justicia recibe de repente de miles y miles de comunicaciones de esa naturaleza? Ya no podríamos, sería muy difícil procesarlas”, anticipó el fiscal Parenti.
Esta situación motivó varias respuestas. Por un lado, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak emitió una resolución en la que le da 48 horas a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del exjuez Alberto Baños, para que explique cómo se custodiará el material que recolectó hasta ahora la UEI. En ese sentido, es importante agregar lo que sostiene el fiscal Parenti: “En todos estos años, decenas de jueces y fiscales recibieron denuncias originadas de esta manera y nunca hubo ningún cuestionamiento, ni siquiera por parte de alguna defensa”.
El senador nacional de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro, hijo de desaparecidos, anticipó que presentará un proyecto junto a las Abuelas de Plaza de Mayo para restituir la oficina y así “contribuir con la búsqueda de los más de 300 nietos apropiados”. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof anunció la creación de Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar. Lo anunció después de mantener una reunión con la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto. “Seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo. Seguiremos profundizando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, escribió en X.
Se trata de acciones que buscan contrarrestar la avanzada del gobierno de Javier Milei en contra de las políticas de Derechos Humanos. “Es la desactivación de los instrumentos de Memoria, Verdad y Justicia”, reflexionó Penchaszadeh. “Lo que hace CONADI en conjunción con todas las otras cosas como los juicios, la conservación de los lugares que fueron centros de exterminio y demás se está desactivando y desfinanciando porque este gobierno no quiere que perdure en la memoria colectiva”, agregó.
CDB/DTC