D.G. tiene 36 años y está presa por abortar en Argentina. Pasaron casi dos años de la sanción de la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo pero aún así una fiscal de Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, la acusa de homicidio agravado por el vínculo, con la posibilidad de ser condenada a cadena perpetua.
D.G. vive en una situación de vulnerabilidad económica, social y mental, una de las causales por las que el aborto es no punible por fuera del plazo de 14 semanas. Tiene cinco hijos a los que no puede ver por problemas de consumo. El 30 de octubre tomó pastillas de misoprostol y le avisó a una amiga. Ella la denunció. La policía llegó a su casa, se la llevó puérpera y secuestró dos fetos que encontró en el patio. D.G. quedó detenida en una comisaría junto con un vecino acusado de ayudarla.
El 2 de noviembre fue la audiencia imputativa. “La fiscal Gabriela Lescano describió un aborto pero a la hora de pedir la imputación lo hizo por homicidio agravado por el vínculo. Sin pruebas pidió la imputación más grave”, explica Daiana Araya de La Colectiva de Abogadas Transfeministas de Rosario. Desde la organización enviaron un pedido a la Fiscalía regional para que se sancione a la fiscal por desconocimiento de derecho.
El embarazo de D.G. no está registrado en el sistema de salud. Es decir, todavía no hay ninguna prueba que determine de cuántos meses estaba embarazada. A pesar de eso, los medios difundieron información falsa sobre la cantidad de semanas de gestación, los fetos y la vida de ella. La fiscal usó la palabra gemelas, dijo que su equipo se largó a llorar y profundizó en detalles que sumaron al estigma y la criminalización de D.G.
En la ley 27.610 el aborto es legal sin restricciones hasta la semana 14. Por fuera de ese período lo es por causales que incluyen la violación y el riesgo de salud integral: física, económica, mental y social. Sin esas causales la pena para quien aborta es de tres meses a un año. La cárcel no es una opción. Con la acusación de homicidio agravado, el juez Álvaro Campos dictó una prisión preventiva de 45 días.
En la audiencia la fiscal dijo que D.G. podría haber ido al centro de salud a tres cuadras de la casa porque “ahora hay una ley”.
“¿Qué pasa que la gente no se entera de que ahora hay una ley? ¿Qué está haciendo el Estado para que acceda al derecho? ¿Alguien pensaba que se aprobaba la ley y se terminaba el estigma? ¿Cuán accesibles son los centros de salud?”. La que se hace estas preguntas es Lucrecia Aranda, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Rosario. Desde la organización reclaman una mirada integral de la Justicia y que se revise la prisión preventiva cuando existe un problema de salud.
A D.G. le tomó declaración un policía que la custodiaba en el hospital. Fue sin testigos ni defensa, en puerperio y en la camilla. “Eso en un Estado de derecho no está bien y no pasa con otros detenidos. Acá pesan dos estigmas: el del aborto y el de la adicción. No se la ve como persona que tiene un problema de salud, se la ve como un delincuente”, agrega Aranda.
Hoy no hay datos sobre cuántas son las víctimas de la Justicia Penal. En muchas causas se repite la acusación de homicidio agravado por el vínculo. Es decir, la condena esperada para estas mujeres es de prisión perpetua.
El caso de D.G. muestra cómo en Argentina hay personas gestantes criminalizadas por aborto y emergencias obstétricas. Antes de la legalización del aborto, había 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos, según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Hoy no hay datos sobre cuántas son las víctimas de la Justicia Penal pero abogadas de distintos lugares del país siguen los casos y buscan sacarlas de la cárcel. En muchas causas se repite la acusación de homicidio agravado por el vínculo. Es decir, la condena esperada para estas mujeres es de prisión perpetua.
Ni lavarse las manos
La China no sabía que estaba embarazada. Tampoco lo supo las dos veces que fue madre y las otras dos que tuvo abortos expontáneos. Tiene ovario poliquístico, un síndrome que le provoca dolores fuertes y hace que la menstruación no se interrumpa con el embarazo. El 15 de diciembre de 2020 sintió esos dolores y expulsó lo que ella pensaba eran coágulos.
Lo que tuvo ese día fue un parto en avalancha. Tiró las sábanas a la basura, un cartonero las encontró y llamó a la policía. A los pocos días la detuvieron a ella y al marido. Los primeros días estuvo presa en Tribunales, puérpera y con una hemorragia por el parto sin atención médica. No le dieron nada para limpiarse, no pudo cambiarse la ropa interior por tres días, ni siquiera la dejaron lavarse las manos.
La China está presa desde hace casi dos años. Este lunes llegó a juicio por homicidio agravado por el vínculo.
Indiana Guereño forma parte de la Asociación de Pensamiento Penal y del equipo que la representa. Ve en La China los patrones comunes que se repiten en otras causas y que ya habían registrado con Belén, quien estuvo presa tres años por un aborto espontáneo. Primero, los malos tratos en el hospital. Médicos que denuncian a mujeres con emergencias obstétricas, que las maltratan en vez de atenderlas ante un problema de salud. Mujeres que entran a un hospital y salen esposadas a la cárcel. Después, las investigaciones negligentes donde la primera y única hipótesis es que ellas son culpables. “No se verifica el ADN, no se investigan otras hipótesis, otros responsables. En el caso de La China está probado que tuvo un problema en la placenta, no hizo nada”, explica. Por último, las sentencias arbitrarias con prisiones preventivas prolongadas y condenas a perpetua.
Uno de los casos que mostró todos estos patrones fue el de Ana Clara, en Corrientes. Estuvo 13 años presa y era inocente. “Tuvo un parto en la casa y tenía doble vuelta de cordón. En el momento no se hicieron los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte. Ella le había puesto la mejor ropita que tenía y la enterró. La estaba esperando y la trataron de criminal. Estuvo presa 13 años por perder un hijo”, dice Guereño. En 2014, gracias a la intervención de abogadas feministas, fue absuelta.
Desde la Asociación de Pensamiento Penal siguen al menos diez causas de mujeres y personas gestantes criminalizadas por abortar o por emergencias obstétricas en Argentina. Entre abogadas de todas las provincias se pasan la información y se activa la red que integran con el Cels, Católicas por el Derecho a Decidir, Inecip, Mujeres por Mujeres y otras organizaciones. No hay certezas de cuántas son las presas en todo el país porque las carátulas no son siempre iguales. “A veces imputan por lesiones graves, otras por homicidio, otras por aborto”, agrega Guereño.
Para la abogada en la Justicia falta lo que se repite desde hace años: perspectiva de género. “Ponerse en las zapatillas de esa mujer y lo que vivió en ese momento, poner en contexto. Correr los prejuicios y no juzgar el embarazo como una lo vivió, como una lo imagina porque cada cuerpo es diferente, al igual que cada casa y cada historia”. También hay desconocimiento y formación en relación a las legislaciones y tratados internacionales que dicen claramente que una mujer que sufrió una emergencia obstétrica no puede ser criminalizada.
Esta semana distintas organizaciones lanzaron la campaña #AbsoluciónParaLaChina. Los alegatos empezaron este viernes y queda definir la fecha de la sentencia.
Inconstitucional
“Imputar por homicidio agravado por el vínculo a una persona que está atravesando el puerperio es inconstitucional. Si encima hubo una emergencia obstétrica más aún”, dice la abogada Luli Sánchéz. Representa a Juana, el nombre ficticio de una mujer de entre 20 y 30 años de Moreno, provincia de Buenos Aires, que está presa desde agosto de 2020.
Juana tuvo una emergencia obstétrica en pleno aislamiento estricto por la pandemia. No sabía que estaba embarazada. Llamó al Same para buscar ayuda y los médicos del servicio de urgencias y del hospital la denunciaron.
Sánchez explica que es necesario hablar de la inconstitucionalidad de las acusaciones de homicidio agravado por el vínculo contra mujeres puérperas. Ese es el pedido que elevó en la causa de Juana. La abogada explica que la Justicia no consideró en la acusación el contexto de emergencia obstétrica y el puerperio que Juana atravesaba, como cualquier persona que tiene un parto o aborto. “Es una condición médica y física que no hay que probar. No se puede condenar a perpetua a una mujer puérpera. Es desproporcionado. No hay ministerios públicos que respeten la Constitución cuando persiguen a estas mujeres y piden penas perpetuas”, explica Sánchez.
Antes de la reforma del Código Penal de 1994 la pena para homicidios en estado puerperal pasó de 3 años a perpetua. El retroceso venía en sintonía con una serie de cambios legislativos que tiraron para atrás derechos sexuales en todo el mundo. Se seguía una política del Vaticano como reacción a las conquistas de años anteriores. Mientras en Estados Unidos Bush prohibía la cooperación internacional que financiara cualquiera política pro aborto en el mundo y en Perú Fujimori ordenaba esterilizaciones masivas, en Argentina el menemismo fue el brazo ejecutor de distintos retrocesos. Aumentó la criminalidad por aborto, se eliminó el infanticidio, se prohibió el misoprostol y la pastilla del dia después.
El otro argumento por el que Sánchez pide la inconstitucionalidad de la causa contra Juana es la violación de confidencialidad y el secreto médico, algo que se repite en todos los procesos contra mujeres criminalizadas por gestar. “No está permitido a los fiscales usar información obtenida ilegalmente. A Juana le tomaron declaración sin abogado, la familia fue interrogada sin avisarles”, agrega.
Un factor que se suma es que la emergencia obstétrica fue en plena pandemia, cuando el acceso a los derechos y al sistema de salud estaban restringidos. Las consecuencias en la salud sexual de mujeres y personas gestantes fueron advertidas en 2020 por organismos internacionales y por el Estado. En Rosario, por ejemplo, en el primer semestre de 2020 hubo un 60 por ciento menos de abortos legales que en el mismo período de 2019. Una caída que ya mostraba cómo el acceso a los derechos se veía restringido.
“En el Amba regía la cuarentena estricta, no había vacunas, todos teníamos miedo a morir. Había un retroceso en el acceso a la salud porque el Covid ocupaba toda la escena. No se miden las consecuencias que ese aislamiento tuvo en la salud sexual de las personas”, dice Sánchez.
Para la abogada es importante hablar de que no saber que estás embarazada es algo común y que pasa con frecuencia: “Sobre todo en pandemia sin acceso a la salud. Ese no saber puede tener que ver con muchas razones pero el abordaje debe ser sanitario, no criminal”.
Juana primero estuvo detenida en una comisaría y ahora está con domiciliaria. Tiene el apoyo de su familia, estudia y espera ser escuchada. Recién en los últimos meses pudo volver a los controles de salud y está en tratamiento de salud mental. La causa fue elevada a juicio. Sánchez espera que no se llegue a esa instancia y que sea declarada inconstitucional antes.
AB/MG