El Presidente confirmó que el próximo domingo concurrirá al Congreso para la presentación del proyecto de ley de presupuesto que regirá en 2025. Esta ley, conocida como “Ley de leyes”, es la hoja de ruta a través de la cual el Estado decide cómo recaudar y distribuir los recursos públicos, en qué gastar, cómo gastar y a qué políticas públicas dar prioridad a lo largo de todo un año. Es decir que, en última instancia, nos permite conocer el nivel de compromiso que tienen los gobiernos con las diferentes agendas públicas y con la garantía de derechos.
No es difícil imaginar qué lineamientos traerá el proyecto ni por qué será el Presidente quien lidere su presentación, tarea atribuida formalmente –y ejercida tradicionalmente– por el Ministerio de Economía. Podemos anticipar un absoluto énfasis en la reducción del déficit fiscal y más ajustes en jubilaciones, políticas de salud, educación y protección de las violencias, entre otros programas de protección social. Esta es la tendencia que muestran los datos oficiales de ejecución del presupuesto para el primer semestre de 2024. A contramano de los anuncios que venimos escuchando desde la campaña electoral, no parece ser la casta quien solventa el déficit cero, sino los sectores más empobrecidos, dentro de los cuales las mujeres somos mayoría.
En el informe “¿Libradas a su suerte? Políticas públicas contra la violencia de género en Argentina en los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei”, ELA y ACIJ analizamos el estado de situación de las políticas que hasta 2023 estaban bajo la órbita del ex Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. El análisis mostró una caída abrupta en el total de esas políticas: la ejecución al primer semestre de 2024 es un 80% más baja –en términos reales, considerando la inflación– que en el primer semestre de 2023.
Entre ellas se encuentran la Línea 144 (de atención a víctimas de violencia de género), el programa Acompañar (que brinda un subsidio económico y apoyo psicosocial para mujeres en situación de violencia de género), el programa de Reparación económica para hijos/as de víctimas de femicidio o fallecidas a causa de violencia por motivos de género, entre muchas otras hoy desarticuladas y desfinanciadas.
El recorte presupuestario ha redundado en una caída exponencial en el alcance de dichas políticas, con ejemplos paradigmáticos como el del programa Acompañar, que pasó de asistir a 34.023 mujeres en el primer trimestre de 2023 a sólo 434 en el mismo periodo de 2024. Si bien se trata de una ayuda económica muy modesta, ha sido fundamental para impulsar la autonomía económica de mujeres en situación de violencia y es sumamente necesaria en contextos de crisis económica como el que atravesamos.
También vemos con preocupación el recorte del 64% aplicado al Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), en tanto se trata de una política pública que ha sido emblemática por su eficacia comprobada en la reducción de embarazos adolescentes y la ruptura del ciclo intergeneracional de pobreza. Además, la decisión de no prevenir esta problemática implica altos costos para el Estado: según datos de UNFPA cuesta U$S200 millones afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos no deseados en adolescentes frente a U$S 17,7 millones que cuesta el Plan ENIA. Este es sólo un ejemplo de la sinrazón del gobierno a la hora de decidir qué políticas ajustar.
Un gasto poco transparente
El reciente retroceso en materia de transparencia y acceso a información pública, consolidado con el inconstitucional Decreto 780/204, podía anticiparse en la discontinuidad de varias herramientas que no se actualizan desde diciembre de 2023. Tal es el caso del sitio de Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación que ya no publica el presupuesto transversal destinado a reducir brechas de género ni los informes trimestrales que se venían publicando sostenidamente desde 2019.
Los presupuestos transversales son herramientas que permiten comprender, de manera simple y clara, cómo se compone el presupuesto nacional, qué porcentaje del gasto total del Poder Ejecutivo Nacional y sus entes descentralizados está dirigido a cerrar brechas de género, asistir a los niños/as y adolescentes, a las personas con discapacidad, y mitigar y prevenir el cambio climático. El destinado a mujeres y diversidades es el único que no se actualiza desde el inicio de la gestión.
Desde mediados de los noventa, más de 50 países se han comprometido con iniciativas de este tipo. En todos los casos, el rol de la sociedad civil y de la academia fue fundamental para examinar cómo los presupuestos pueden eliminar o reducir las desigualdades y revertir la discriminación en el acceso a derechos. También ha sido clave para garantizar asignaciones adecuadas y exigir su ejecución.
En Argentina, los presupuestos transversales permitieron consolidar y automatizar el seguimiento del gasto. Además, fueron una herramienta clave para mejorar y eficientizar el proceso de formulación y de control presupuestario. Esta situación devela una gran contradicción y nos plantea un interrogante: ¿por qué un gobierno que enarbola la lucha contra la corrupción retrocedería en cuestiones institucionales clave como la garantía del derecho de acceso a la información pública y la transparencia presupuestaria?
No hay primer mundo sin presupuesto con perspectiva de género
La eliminación del presupuesto con perspectiva de género parece coherente con el discurso negacionista del gobierno en materia de desigualdades de género. Sin embargo, le traerá problemas si sostiene la intención de pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, el club de los países ricos).
La formulación de presupuestos transversales ponía a la Argentina a la vanguardia en términos de transparencia del gasto público. De hecho, estos avances fueron reconocidos por múltiples organismos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y EuroSocial, y contaron con la colaboración de instituciones internacionales como UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo y ONU Mujeres, entre otras. En la misma línea, la OCDE cuenta con un Índice de Presupuestación con Perspectiva de Género.
Si bien el Poder Ejecutivo declaró de interés nacional el acceso del país a la OCDE y creó una Comisión de Coordinación Interministerial para el avance del proceso; resulta llamativo que desconozca los estándares del club de los países ricos al que quiere pertenecer. Además del crecimiento económico, entre los principales objetivos de la OCDE se encuentran la equidad y el desarrollo sostenible, y son los presupuestos sensibles al género una de las herramientas que promueve por considerar que es fundamental para garantizar la gobernanza pública.
A contramano del primer mundo, en lo que va del primer año de gobierno, el Poder Ejecutivo ha decidido discontinuar, opacar y desfinanciar el presupuesto destinado a promover la igualdad de género. En este contexto y entre exenciones de impuestos para los más ricos y medidas regresivas para los más pobres, nos preguntamos si quedará plata para las mujeres en el presupuesto 2025.
La autora es directora del área jurídica de ELA
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