Cambios en la ley ómnibus: los “juegos del hambre” entre la cultura y la comunicación

Luego de la ola de respuestas y críticas por parte del sector cultural, que incluyó visitas a las comisiones de representantes de las industrias culturales, la nueva versión de la ley ómnibus y el dictamen de mayoría retrocedió en algunos –no todos– de los artículos destinados a trastocar el funcionamiento actual de sus instituciones más relevantes, pero a cambio agregó modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cancelando la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y la financiación dispuesta por ley del 10% de lo recaudado por ENACOM para “proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los Pueblos Originarios” a través de un Fondo de Fomento Concursable (FOMECA) cuyas adjudicaciones se definen a través de un jurado. La idea de que uno es a cambio del otro fue expresada por la propia diputada Silvana Guidici al celebrar que la ley siga financiando el “Arte y la Cultura”: “Basados en nuestro proyecto 4900/23, de disolución de la Defensoría, y la sugerencia de eliminar los millonarios fondos asignados a medios comunitarios y de pueblos originarios podrá mantenerse el financiamiento del INCAA, el FNA y el INT. Celebramos que se hayan tomado estas sugerencias”, dijo en la red social X. De este modo, la diputada insinúa una especie de competencia entre ambos sectores en un contexto de una reducción del Estado simbólica y material.  

Giudici fue vicepresidenta y presidenta del ENACOM durante la presidencia de Mauricio Macri. Luego, fue directora del organismo en representación de la oposición. Durante su gestión, ya había dado signos de retracción relativa y una relación con el sector signada por la desconfianza desde el comienzo, condicionada por la ralentización de los FOMECA, la detención de programas destinados a promover el sector y la “marca de origen” de esos medios, en pleno fulgor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, según documentaron los investigadores Alejandro Linares y Denise Altieri. Aun así, durante sus años a cargo del ENACOM Giudici difundía algunas convocatorias de los FOMECA, llamaba a participar y hasta promovía sus “casos de éxito” con el lema de “otra televisión es posible”.

Los nuevos aires políticos habilitaron un discurso virulento, y la misma Giudici acusa al FOMECA de insumir “$2.028.505.145 en los últimos 3 años para solventar cooperativas vinculadas al kirchnerismo, ONG’s de la ley de medios, radios originarias y org. militantes como el Hormiguero, Barricada, MTL, Centro Boliviano, Mapuches, Madres de Plazo de Mayo etc.”, como expresó en dicho hilo de X.

Los medios comunitarios pertenecen al sector de los medios sin fines de lucro y tienen como antecedente una historia de ninguneo, represión y reivindicación: vedados por ley hasta 2005, fueron una de las incorporaciones más simbólicamente relevantes de la popularmente conocida como Ley de Medios, que les asignaba un porcentaje del espectro radiofónico y les garantizaba un presupuesto a partir de los ingresos que percibía el entonces AFSCA, hoy ENACOM, si bien los concursos comenzaron recién en 2013, tres años después de sancionada la Ley. El 60% de estos medios está presentes en poblaciones con menos de 100.000 habitantes y el 41% llegaba a áreas rurales, según un relevamiento de RICCAP (Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular) de 2019 que citan Linares y Altieri en su artículo.

Como en otros casos, tanto la política de los FOMECA como toda la eventual vinculación del Estado con el sector tenía deudas pendientes y aspectos mejorables (algo que, por cierto, también le cabe a la relación del Estado con los medios privados). Sin embargo, su borramiento, así como el de la Defensoría del Público, narrado épicamente por una diputada como un acto de justicia a favor del arte y la cultura, cristaliza una mirada que se va volviendo cada vez más nítida: la de los medios de comunicación concebidos meramente como empresas con finalidades comerciales y no como garantes de la libertad de expresión, de la diversidad y, en esencia, como cultura. “Con el intento de afectar el FOMECA, el gobierno se desentiende o deslegitima la faz cultural de los medios y desmantelaría una de las políticas culturales sobre medios de comunicación que existen, en particular la que posibilita prácticas expresivas más diversas en sentido amplio (estéticas, actores, lugares)”, sostiene Ezequiel Rivero, investigador del ICEP, mientras que exponentes del sector le respondieron a Guidici y se preparan para intervenir en las sucesivas discusiones que deparará de la Ley Ómnibus. 

Hoy, que las puertas de entrada a la distribución de contenido son amplias y atañen a cualquiera que tenga un teléfono celular, cuando el consumo de medios digitales se da de manera prácticamente ininterrumpida y en distintas plataformas, toda discusión sobre comunicación, audiencias y cultura permite el intercambio de argumentos variados. Sin embargo, cuando las medidas son presentadas con tintes revanchistas, sesgos y señalamientos ideológicos, es difícil imaginar un debate productivo e interesante de cara a los desafíos de la comunicación en Argentina en el presente y el futuro. Especialmente cuando la estrategia es convertir, con la inestimable ayuda de un coro de tuiteros, en enemigos públicos a aquellos en los que recaen los recortes presupuestarios, sean actores, productores de cine de éxito o los medios sin fines de lucro. 

El destino de los medios comunitarios y el sector sin fines de lucro va a depender no solamente de las discusiones que se den a nivel legislativo, sino también de cómo pueda adaptarse el vínculo con un Estado Nacional visiblemente hostil a una concepción de la comunicación de la que ellos son ilustrativos. Rivero no es tan pesimista: “El impacto sobre los medios comunitarios entiendo que será desigual tanto como el propio sector. No solo ocurre que muchos de estos medios tienen tradición y gimnasia en sobrevivir sin el Estado (menos aún el Estado Nacional) o incluso a pesar del Estado, sino que muchos tienen además bastante aceitado mecanismos de financiamiento social de la cultura (desde rifas, bingos, prestación de servicios y eventos hasta aportes voluntarios de sus audiencias). Tal vez la disolución de la macro política cultural estatal revitalice la micro política cultural que hacen por fuera de las estructuras del Estado otros agentes sociales. Todo esto sujeto al deterioro generalizado de la vida, ¿no?”. 

Entre las iniciativas concretas –que incluyen la intención de privatizar RTA S.E. y Contenidos Públicos S.E.– y los comentarios adyacentes, queda clara la mirada del gobierno sobre el amplio conjunto de medios con fines no comerciales. Quedará por ver si esa mirada va a prevalecer y convertirse en ley o quedará para los arqueólogos de X. 

NS