Vamos a oír mil veces la canción “Hayya, hayya”, en árabe, “mejor juntos”, como si fuera un mensaje para el oficialismo o la oposición. Volverá la efervescencia mundialera. Pero de la euforia inicial de los grandes empresarios por Sergio Massa como ministro de Economía ya queda poco. Hace tres meses se aferraron a la esperanza de que ante el descontrol cambiario que sucedió a la renuncia de Martín Guzmán, llegaba al Palacio de Hacienda un político con apoyo completo del Frente de Todos con la vocación de enderezar las cuentas fiscales para cumplir el ajuste gradual pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con la idea de dejar de financiarlo con emisión monetaria. Pero la maquinita de imprimir billetes no paró, debió seguir funcionando para pagar los elevados intereses de las Letras de Liquidez (Leliq), que se acumularon por la estrategia de subir más la tasa, y para comprar deuda en pesos y de corto plazo del Tesoro, en un mercado que ha vuelto a desconfiar, como ya lo había empezado a hacer en junio, antes de la dimisión de Guzmán. Y así este miércoles el dólar blue y el MEP (Mercado Electrónico de Pagos) pegaron un salto pasando la barrera los $300.
Analistas financieros como Santiago Abdala, de Portfolio Personal Inversiones, y Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, advierten de que los actores del mercado desconfían de la deuda en pesos y de los plazos fijos y comienzan a dolarizarse, lo que termina impactando en una curiosa apreciación de los baratos títulos públicos en dólares y la consiguiente baja del riesgo país.
No basta con el ajuste fiscal y monetario planteado para derrotar a una inflación que ya alcanzó el 88% anual. Se necesita la acumulación de divisas, pero después de dólar soja de de septiembre no se han vuelto a juntar. Al contrario, el Banco Central pierde reservas a ritmo acelerado y eso que las mezquina a la hora de autorizar importaciones. No por nada llueven las quejas sobre el subsecretario de Política Comercial, Germán Cervantes, el encargado de autorizar las compras externas, el que debe discriminar entre las esenciales para la producción y la vida cotidiana de aquellas superfluas. Pero este economista peronista del partido bonaerense de San Martín asegura que no es el responsable del atraso sino que realmente le faltan divisas y por eso las entrega a cuentagotas. Se prevé que esta semana comience a repartir un poco más a las fábricas, muchas de las cuales sufren parates y amenazan con despidos. El director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz, le entregó una lista con los pedidos urgentes. Se supone que Cervantes trabaja en coordinación con el presidente del Central, Miguel Pesce, con los jefes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, y de la Aduana, Guillermo Michel, y con el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, que mira para otro costado para enfocarse en la puesta en marcha de los Precios Justos que firmó con 106 empresas. En los supermercados esperan que entre hoy y el martes ya estén todas las nuevas ofertas en las góndolas, pero ya algunos han recibido visitas de inspectores municipales para controlarlos.
También faltan dólares para importar software o insumos clave para los operadores de Internet o las minas. Este lunes, en el IEFA Latin Forum, la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, dejó sin respuesta a los periodistas que le preguntaron por las importaciones, pero en su cartera explicaron que les pidieron a las 13 empresas que exportan en la actualidad que elaboren una lista de sus urgencias para operar, incluido el cianuro para separar el oro de otros materiales, y dejen para más adelante las compras más accesorias, como las telas para indumentaria. También quedaron para después las importaciones que necesitan las compañías que recién están en la etapa de exploración o de construcción de la infraestructura para comenzar a extraer, como ocurre en el yacimiento Josemaría, en San Juan, donde la Argentina volverá a sacar cobre, mineral estratégico junto con el litio para la movilidad eléctrica. En abril cerró la única mina de cobre que había en el país, Bajo La Alumbrera, en Catamarca. O sea, ahora la prioridad es importar para que no frene la exportación, la generación de dólares. Lo demás puede esperar.
Además de ajustar importaciones por cantidad, el Central las raciona por precio. El dólar oficial ha acelerado su depreciación y llega al 6,3% en los últimos 30 días, a la par de la inflación de octubre. Sin embargo, resulta insuficiente para que afloren las divisas necesarias para evitar parates de la actividad económica. Pero mientras no haya devaluación las empresas se desesperan por acceder a dólares baratos para sus importaciones o para pagar sus deudas con el exterior, que es la principal vía por la que se ha perdido el superávit comercial de 2021 y 2022. El saldo comercial favorable se hubiera podido sostener si en 2020, tras la reestructuración de los títulos públicos con acreedores externos, Guzmán hubiese convencido al Frente de Todos de desdoblar el tipo de cambio, uno bajo para bienes y otro alto para servicios, incluidos los pagos de los pasivos de las grandes compañías con el extranjero. Pero entonces la estatal YPF y poderosos empresarios argentinos se opusieron a reestructurar el 100% de sus deudas y presionaron para acceder a los dólares baratos para abonar el 40% de sus vencimientos. El otro 60% sí debieron renegociarlo, según la norma que estableció Pesce. Otros beneficiados del dólar oficial barato son los que importan y después no enfrentan controles de precios, como los fabricantes de ropa, autos y electrónica. Claro que ahora enfrentan la escasez de insumos. Se acabó la temporada de rapiña.
En el empresariado hay una discusión de si se debe devaluar y aplicar un fuerte ajuste en un intento por derrotar la inflación, como sugieren los economistas de Juntos por el Cambio, o si se deben buscar primero los dólares con tipos de cambio especiales para el campo, la energía, la minería o la economía del conocimiento y después depreciar el peso mientras se continúa el proceso gradual de recortes como hasta ahora, según la tesis que expuso esta semana el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, en la jornada del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Entre los primeros están los ejecutivos de multinacionales. Entre los segundos se encuentran dueños de grandes empresas locales. José Luis Manzano advirtió sobre cómo una devaluación elevaría la pobreza de 12 millones a 16 millones de argentinos en el IEFA Latin Forum, donde se expusieron las oportunidades de negocios en la Argentina y donde el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, calculó que este año por Vaca Muerta en su provincia se batirá un récord de inversión hidrocarburífera, de US$ 5.500 millones, y están llegando para radicarse 35 familias por día. En El Cronista, el diario donde el empresario mendocino es accionista, el economista Rodrigo Álvarez defendió la tesis de “primero audacia, después estabilización”. Un prestigioso consultor confiesa que le consta que Paolo Rocca también está por la idea de que el Gobierno junte dólares antes de ajustar el tipo de cambio, pero en el grupo Techint lo niegan. Otros economista de la City advierten de que los empresarios que a fines de julio y principios de agosto se ilusionaron con Massa, porque suponía la llegada a Economía de un político con el apoyo resignado de Cristina Fernández de Kirchner para ajustar tarifas y emisión monetaria, ahora están dándose cuenta de la inconsistencia del plan. Por lo pronto muchos de los hombres de negocios sólo prestan atención a lo que les prometen Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o Mauricio Macri, y sus asesores, para 2024. Ya no es como en las campañas presidenciales de 2015 y 2019, cuando dudaban de si iba a haber alternancia política.
El riesgo del esquema actual es que se recaliente la inflación y se frene la economía. La opción que plantea Juntos por el Cambio tampoco asegura el éxito sino que también puede materializar esas amenazas, tal como lo de demostró cuando la intentó el gobierno de Macri. Una tercera opción sería la que sostenía Guzmán, de ajuste fiscal y monetaria gradual, con una tasa de interés más baja que reduzca los intereses de las deudas del Tesoro y el Central y con un desdoblamiento cambiario para acumular reservas como paso previo a una futura liberación del cepo y unificación del tipo de cambio. Pero el propio ex ministro creía que si hubiera continuado, dada la resistencia de Cristina Kirchner contra él, las cosas hubieran ido peor que como le va a Massa.
El actual jefe del Palacio de Hacienda apuesta a bajar la inflación del 6% mensual al 5% entre noviembre y diciembre y al 4% entre enero y febrero. Para ello confían en tres medidas. Primero, tras la reunión de Alberto Fernández con Xi Jinping este martes en la reunión del G20 en Bali, el refuerzo de la reservas con la ampliación de la cantidad y de los usos del swap (canje de monedas) con China, lo que liberaría importaciones y evitaría parates que acotan la oferta y elevan los precios. Segundo, los Precios Justos para marcar un sendero de congelamiento de 1.700 productos de consumo masivo y de alza del 4% mensual en el resto de los artículos. Tercero, la continuidad del ajuste fiscal y monetario. Sin embargo, Fernández le planteó este miércoles en el G20 a la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, relajar las metas del ordenamiento macroeconómico para el 2023 electoral con el argumento de que la guerra de Ucrania ha trastocado todo. Habrá que ver cómo se discute ese asunto en la actual revisión técnica de tercer trimestre del acuerdo con el Fondo y también cómo reaccionan los mercados, ansiosos de dureza, a una eventual flexibilización. Por lo pronto, Fernández, Massa y la ministra de Trabajo, la mundialera Kelly Olmos, calculan cuántos bonos de fin de año deberán entregar para satisfacer la demanda de suma fija de la vicepresidenta, pero sobre todo para calmar a una población que no quiere que su bolsillo pierda más.
AR