Biocombustibles: qué se juega en la prórroga del régimen que discute el Congreso

Tal vez sin saberlo, cada vez que alguien carga nafta o gasoil en la estación de servicio carga también cierto porcentaje de combustibles hechos con caña de azúcar, maíz o soja; de biocombustibles. Si bien no se cumple con rigurosidad, la nafta debe tener 12% de bioetanol y el gasoil ,10% de biodiesel, según establece una ley que vence en mayo y está en plena discusión en el Congreso. 

Se trata del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles —la ley 26.093— que fue promulgado en 2006 y dispuso un plan de 15 años para desarrollar el sector. Inicialmente el texto establecía un corte del 5% de biocombustibles en los fluidos de origen fósil, pero modificaciones posteriores arribaron a porcentajes superiores, aunque su cumplimiento efectivo se ve alterado por temas vinculados a la producción y al precio. Además, como una medida de promoción, la norma exime a los combustibles de origen vegetal del pago de ciertos impuestos que sí pesan sobre el resto.

Cuando faltan pocas semanas para que el régimen venza aparece la posibilidad de modificarlo o de prorrogarlo tal como existe, lo que genera un fuerte debate entre los distintos actores interesados. Por un lado están los productores de biocombustibles (concentrados en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Tucumán), por otros los productores de combustibles fósiles y las automotrices y, en tercer lugar, el Estado, que aduce un cambio de contexto desde 2006 y, sin margen para resignar ingresos, se inclina por dejar de subsidiar a los grandes jugadores del sector. 

A fines del año pasado la Cámara de Senadores dio media sanción por unanimidad a la prórroga, pero la iniciativa nunca fue tratada en Diputados y el asunto quedó sin resolver. La Secretaría de Energía quiere discutir un nuevo régimen aunque no presentó, hasta el momento, un nuevo texto. La oposición, por otra parte, solicitó una sesión este jueves en la Cámara Baja para darle la media sanción restante a la prórroga de la ley vigente y, en todo caso, elaborar posteriormente una nueva.

A las empresas que fabrican biocombustibles les conviene mantener el régimen de promoción del sector y elevar el piso del componente en la mezcla, lo que tiene un impacto positivo en el medioambiente al reducir las emisiones de dióxido de carbono. En línea con la demanda del sector agroindustrial y las provincias productoras de biocombustibles que conforman la Liga Bioenergética, algunos proyectos presentados en el Congreso pretenden elevarlo incluso hasta el 27,5% en siete años, porcentaje similar al que hoy rige en Brasil. Sin embargo, ante la amenaza de ver reducidos sus beneficios, se contentan con mantener el régimen tal como está. 

Por su parte, las petroleras y automotrices tienen una larga lista de argumentos por los que no considera conveniente mantener ni profundizar la promoción de sus competidores verdes. Por un lado, reprochan que la ley otorgó cuantiosos beneficios fiscales para la construcción de plantas productoras de biocombustibles, les aseguró un mercado cautivo —las petroleras están obligadas a comprarle a las productoras locales— y los eximió luego del pago de impuestos. Por otro, aseguran que los biocombustibles carecen de los controles de calidad necesarios y que al mezclarlos generan problemas en los motores de los vehículos.

Según el Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys), en 15 años el esquema de promoción impositiva actual tuvo un débito fiscal de US$6.000 millones por menor recaudación de impuestos y una pérdida de divisas de US$1.400 millones por aceite de soja y maíz que podría haberse exportado y terminó volcándose al mercado interno. 

Si bien no presentó ningún proyecto concreto, el secretario de Energía, Darío Martínez, explicó el lunes pasado en la Comisión de Energía y Combustibles que el nuevo régimen debería adaptarse al contexto actual, diferente al de 2006, cuando se pensó la norma vigente y se depositó un fuerte entusiasmo en los biocombustibles como vía de acceso a la energía verde.  “Ahora la transición energética tiene otras variables”, dijo Martínez, y mencionó a la electromovilidad, el hidrógeno e incluso al gas “como combustible de transición”. Por otro lado, el funcionario señaló que se deberían contemplar las diferencias en los mercados de la caña de azúcar, el maíz y la soja, donde el costo de oportunidad de volcar el producto al biocombustible y no a fines exportables es distinto. Por caso, la caña de azúcar no tiene mercado fuera de la Argentina. En su exposición, quedó claro que la intención es mantener los beneficios pero sólo para pequeños y medianos productores, mientras que se reduce el subsidio a las empresas multinacionales exportadoras de grano.

Como único texto del oficialismo circula un borrador atribuido a Máximo Kirchner en el que se propone retrotraer los porcentajes de mezcla al 5% en el caso del diesel y al 10% en el caso de la nafta y focalizar los incentivos, tal como dijo Martínez, en las pymes.

De acuerdo con los datos oficiales volcados por el secretario de Energía en la reunión informativa, entre enero de 2016 y enero de 2021 las ventas bioetanol mensuales estuvieron entre los 73.000 y 82.000 metros cúbicos, con picos de 100.000 y valles de menos de 10.000. En el caso del biodiesel, variaron entre entre 38.700 y 22.000 toneladas, aunque también se registraron techos de más de 100.000 toneladas y pisos de casi 0 en los últimos cinco meses de 2020. 

DT