Menos controles para las tarjetas de crédito: se elimina el tope de intereses, comisiones y recargos por mora

El megadecreto anunciado por el presidente Javier Milei propone avanzar hacia una desregulación total de la economía. En este sentido, el espíritu de dicha norma es el de eliminar la injerencia del Estado en las transacciones económicas y que estas pasen a ser una mera relación entre privados. “Destrabar este andamiaje jurídico institucional opresor que ha destruido nuestro país” fue una de las frases con las cuales el presidente comenzó su discurso por cadena nacional.

Uno de los elementos que va a afectar con mayor velocidad la calidad de vida de la población está ligado a la desregulación comercial. En este aspecto, la derogación de la ley de alquileres, la modificación del marco regulatorio de la medicina prepaga y obras sociales, y la no intervención del Estado en términos de regulación de precios, tasas y comisiones, por ejemplo, a las tarjetas de crédito y débito.

En este último punto, el decreto emitido por el gobierno de Javier Milei señala que “es necesario realizar una fuerte desregulación y simplificación en el mercado de tarjetas de crédito, adecuándolo a los cambios recientes en modalidades de relacionamiento y tecnologías de digitalización”. Entre las principales modificaciones aparece la eliminación de límites para el cobro de tasas de interés en el financiamiento de las compras. Por otro lado, suprime el tope de tasa que las tarjetas le cobran a los comercios.  Hasta ahora, la máxima comisión que las tarjetas de crédito podían cobrarles a los comercios era del 3%, mientras que para el caso de las tarjetas de débito el número se situaba en el 1,5%. 

En otro orden, uno de los artículos publicados en el DNU propone derogar el tope al interés punitorio -aquel que surge por las demoras en los pagos- y a su vez, elimina las sanciones a las empresas que no informen la tasa de interés.

A su vez, se establece una redefinición del Sistema de Tarjetas de Crédito pasando a ser “un conjunto de contratos individuales con tres finalidades principales: permitir operaciones de compra o locación de bienes, servicios u obras, diferir la fecha de pago o las devoluciones para el titular, y abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario en los términos acordados”.

“Se denomina genéricamente Tarjeta de Crédito al instrumento de identificación del usuario, que puede ser física o virtual, magnética o de cualquier otra tecnología, emergente de una relación contractual previa entre el titular y el emisor”, detalla el artículo 17.

También se establece que cualquier entidad, dentro de su objeto social, puede emitir tarjetas de crédito o hacer efectivo el pago. Por otra parte, se obliga a las entidades emisoras a dar a conocer públicamente la tasa de financiación aplicada al sistema de tarjeta de crédito.

Otra de las modificaciones respecto del vigente sistema de tarjetas de crédito está relacionada con el resumen mensual de operaciones. A partir de ahora, los emisores deben confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado de las operaciones realizadas por el titular o sus autorizados. A su vez, este resumen debe ser recibido, por el titular, al menos cinco días antes del vencimiento de la obligación de pago.

Fuentes del sector bancario aseguraron que el nuevo sistema “permite la digitalización de todo el proceso de contratación de una tarjeta de crédito (que podrá ser virtual) o un POS y elimina montón de requerimientos burocráticos para los emisores de tarjetas. En definitiva, hace más competitivo el mercado de tarjetas para que haya más emisores, sea más barato administrar un programa de tarjetas y por ende mejore la oferta de productos para los consumidores y a menor precio/comisiones.”

La desregulación de la economía y la libre competencia entre privados son dos de los pilares fundamentales del liberalismo económico que profesan el presidente Javier Milei y Federico Sturzenegger, autor intelectual del mega decreto.

En una entrevista con radio Rivadavia, el presidente expresó que “el Estado se convirtió en una máquina de destruir” y que por eso están trabajando en desmontar “cerca de 380 mil regulaciones”. A su vez, defendió y profundizó el espíritu del DNU diciendo que “hay más, pronto se van a enterar”.

Si bien el DNU tiene que ser tratado por el Congreso, una de sus características es la de aprobación o rechazo total. Es decir, no se pueden modificar artículos como sí sucede en el caso de las leyes. El desafío para el gobierno será poder aprobar dicho decreto sin haberlo consultado previamente con los diputados y senadores.