Llegan pelucas a Tribunales para blindar el ajuste como en el Congreso
Tras haber logrado blindar sendos vetos a las leyes de recomposición de los haberes jubilatorios y de financiamiento universitario con la ayuda de radicales y peronistas “con peluca”, además del PRO, Javier Milei apunta al Poder Judicial. El fantasma que recorre los tribunales de todo el país es el del decreto con el que Mauricio Macri intentó designar en diciembre de 2015 a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema. Según fuentes oficiales, fiscales y jueces que consultó elDiarioAR, la Casa Rosada evalúa otra vez apelar al mismo mecanismo para ungir a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla y garantizarse así una nueva mayoría afín. Algo clave para el año electoral que se avecina y también para las exigencias de seguridad jurídica de un establishment que valora la severidad del ajuste pero pretende más garantías antes de volver a invertir en una economía que, si bien tiene nichos rentables, está hundida en una feroz recesión.
La ventana temporal para hacerlo se aproxima. El artículo 99 inciso 19 de la Constitución confiere al Presidente la potestad de “llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”. Alcanzaría que terminen las sesiones ordinarias el 1º de diciembre para que Milei firme un decreto simple para designar a Lijo y que renuncie Juan Carlos Maqueda el 29 de diciembre -tal como ya anunció que hará al cumplir 75 años- para que haga lo propio con García Mansilla. Ambos tendrían asegurado un año de gestión “en comisión” durante el cual, vía per saltum, podrían inclinar la balanza en favor del oficialismo en causas de lo más diversas.
Quienes se resistieron cuando Macri intentó pasar por encima del Senado brillan por su ausencia. Fue Elena Highton de Nolasco, ya jubilada, quien convenció a Ricardo Lorenzetti de que no les tomara juramento a Rosatti ni a Rosenkrantz si el jefe del PRO insistía con el decretazo. Aunque el ‘Loro’ pasó el aviso a Olivos, la estocada decisiva la dio el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, con una cautelar que lo dejó sin efecto y que respaldó políticamente un kirchnerismo igual de derrotado que el actual, pero sin las internas fratricidas que hoy lo cruzan. Al final ambos consiguieron los dos tercios necesarios en la cámara alta, que durante todo este año gestionó sin éxito el Ejecutivo para Lijo y García Mansilla.
Llenar los vacíos de la Corte es fundamental para el plan privatizador de Milei. ¿Qué clase de empresario arriesgaría su capital, por ejemplo, para invertir en los trenes de carga que esta semana, sorpresivamente hasta para los funcionarios de Transporte, Manuel Adorni anunció que saldrán a la venta? ¿Cuán seguro estaría de poder recuperarlo en un negocio que no da ganancias en ningún lugar del mundo y que acá demanda desembolsos especialmente cuantiosos por el abandono de los ramales que ya debió rescatar el Estado hace apenas diez años? Por ahora solo se anotaron audaces como Augusto Marini, cabeza del vidrioso CaleGroup, dueño de los canales de streaming Blender y Carajo! y anfitrión de fastuosas fiestas en Punta del Este.
Metálicos
Los empresarios quieren creer. Como el mendocino José Luis Manzano, que escuchó atentamente a Milei en Wall Street el día que martilló la campana y que volvió a verlo en Buenos Aires por estos días. El exministro del Interior menemista tiene un “topo” en la mejor madriguera posible: la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, que ordena el plan para privatizar los trenes, AySA y Aerolíneas Argentinas, entre otras. Ahí recaló en junio Diego Chaher, un abogado también mendocino que fue durante dos décadas gerente de asuntos legales del grupo América.
El consenso de las commodities petromineras que empuja Milei alumbra apoyos políticos de lo más novedosos. Se vio este jueves en Salta, donde el secretario de Minería, Luis Lucero, inauguró junto a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; y de Jujuy, Carlos Sadir, una fábrica de hidróxido de litio de la empresa surcoreana POSCO. La firma apunta a avanzar un paso en el procesamiento de carbonato de litio que hasta ahora producen y exportan en bruto cuatro compañías. Un gobernador es radical, el otro peronista y el otro provincialista (aunque secundó a Sergio Massa en la fórmula presidencial de 2015). Este año, los tres se calzaron la peluca.
Jalil, Sáenz y Sadir participaron veinte días atrás en el ‘Argentina Day’ que organizó la embajada en Londres y donde también estuvieron Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza), todos miembros de la Mesa del Cobre. Fue en el histórico London Metal Exchange, referencia mundial del valor de los minerales a los que Milei apuesta como nuevo manantial de divisas a la par de Vaca Muerta. Mientras la claque de comunicadores ultraderechistas sobreactuaba indignación por las “Falklands” que se le colaron en un comunicado a la ignífuga Diana Mondino, la entrega del patrimonio nacional a Gran Bretaña avanzaba por un carril rápido y mucho más discreto.
En Londres hubo muchas preguntas sobre la seguridad jurídica, igual que cuando Manzano recibió al Presidente a fines de marzo en un seminario en el Four Seasons porteño. Los inversores se sentirían más cómodos con una Corte incondicional como la que tenía Carlos Menem cuando Manzano, desde el otro lado del mostrador, organizaba las privatizaciones de los 90 junto a Roberto Dromi. Por ahora arrastran los pies en una actividad donde la carrera es contra el reloj. Y acaban de producirse dos noticias que alarmaron al sector: la compra del gigante ArcadiumLithium por parte de la todavía mayor Rio Tinto, que podría demorar más las inversiones en Argentina dada la concentración que implica, y la confirmación del descubrimiento de un colosal reservorio de litio en Arkansas, mucho más cerca que Catamarca de la fábrica texana de autos eléctricos de Elon Musk.
La peluca, sin embargo, no solo está de moda entre gobernadores mineros, diputados radicales y exmotonautas siempre dispuestos a pegar el salto. En las gestiones que comandó esta semana en Washington el ministro de Economía, Luis Caputo, brilló el exjefe de asesores de Massa, Leonardo Madcur, quien el 10 de diciembre saltó de ese cargo al de director por Argentina en el Fondo Monetario. Es el yerno de Guillermo Nielsen, quien también pasó de embajador político de Alberto Fernández al mismo puesto -en otro país- con Milei. Solían verse a diario en Honduras y Bonpland, la sede de Aeropuertos 2000 donde el magnate Eduardo Eurnekian tenía bajo sus órdenes a todos ellos, a Guillermo Francos y al propio Milei.
Grises
Los supremos, hasta ahora, prestaron su apoyo tácito al ajuste más audaz de la historia. Esquivaron varias demandas que podrían haber echado arena en los engranajes de la motosierra. En las últimas semanas, sin embargo, fueron un poco más allá: revirtieron dos fallos que fijaban cuantiosas indemnizaciones en demandas laborales y anularon otro que ordenaba al Ejército cederle tierras a una comunidad mapuche. El 13 de noviembre el foco de la política volverá a Comodoro Py: la Cámara Federal de Casación Penal anunciará la condena contra Cristina Kirchner en la causa ‘Vialidad’.
Hay otra causa, mucho menos comentada, que el Gobierno tiene especial interés en desactivar. Es la que todavía involucra al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por negociaciones incompatibles con la función pública en su anterior gestión con Caputo y Macri. La investigó el fallecido fiscal Federico Delgado, quien consiguió probar que contrató personalmente como colocador de bonos de la deuda al Deutsche Bank, para el que había trabajado hasta poco antes de asumir, del que todavía tenía acciones y donde había conocido años antes a ‘Toto’. Bausili fue procesado dos veces por el juez Sebastián Casanello (que falló este año a favor del oficialismo al procesar a dirigentes del Polo Obrero por el manejo de fondos del Potenciar Trabajo) y en ambas la Cámara Federal le dictó la falta de mérito. La segunda fue cinco días antes de que volviera a la gestión pública de la mano de Milei. A lo que no se atrevieron los camaristas fue a sobreseerlo, dada la cantidad de pruebas en su contra.
La situación de Bausili está en manos de otro tribunal de Casación, integrado por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. La suerte, a priori, parece volver a sonreírle: Ignacio Yacobucci (hijo del juez) fue nombrado por Milei al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF). Pero nada es tan simple en el cambalache ultraderechista. Yacobucci hijo intentó durante todo el primer semestre contratar a una consultora vinculada al extitular del organismo antilavado en tiempos de Macri, Mariano Federici, para que hiciera lobby ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que no se incluyera a la Argentina en la ‘lista gris’ de países sospechosos de encubrir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Lo frenó el plenipotenciario Santiago Caputo, quien obligó a renunciar a su vicepresidente y colocó a un hombre suyo, enfrentado con Yacobucci hijo, en la guerra de espías que cruza al oficialismo.
Argentina zafó de caer otra vez en la lista de naciones sospechosas del GAFI gracias a los votos de los BRICS y del tándem EEUU-Israel, en una coincidencia curiosa para la agitada coyuntura geopolítica. ‘Toto’ siguió la audiencia con mucho interés desde Washington. Jugó a su favor la creación en febrero último del Registro de Beneficiarios Finales, que se estructuró íntegramente durante la gestión anterior. El GAFI evaluó lo actuado por el país entre 2019 y marzo de este año. ¿Dirá lo mismo en el próximo test, cuando ya se hayan desmantelado los controles que hoy lleva adelante la AFIP? ¿Cómo evaluarán los zares globales antilavado a un mandatario que no se cansa de repetir que los evasores son héroes?
La guerra del QR
El apuro por aceitar negocios privados puede ser contraproducente, por heroicos que sean. Ocurrió con el escándalo del pago de boletos de subte con QR, revelado en exclusiva por elDiarioAR dos semanas atrás. El diputado Hernán Reyes, de la Coalición Cívica, envió el miércoles un pedido de acceso a la información pública a la concesionaria EMOVA para que haga públicas las condiciones bajo las cuales designó como adquirente a MercadoPago, sin que mediara licitación pública ni compulsa de precios alguna. Gracias a esa decisión, avalada verbalmente por la estatal porteña Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la billetera electrónica de Marcos Galperín se alzó con un negocio que no se agota en los 240 millones de pasajes anuales que vende el subte. Lo que enfureció a sus competidoras es la ventaja que obtendrá Galperín por haber quedado de ambos lados del mostrador, como plataforma cobradora y pagadora a la vez.
En la Legislatura porteña también exigen explicaciones. El diputado Alejandro Grillo, de Unión por la Patria, presentó un pedido de informes al Ejecutivo donde pide saber “qué sanciones o medidas contempla el contrato en caso de que se detecten prácticas anticompetitivas por parte de Mercado Pago”. También pregunta “qué criterios de seguridad y transparencia” se aplicarán para el manejo de datos, otra cuestión sensible. El verdadero negocio son esos datos.
Esta semana hubo dos reuniones donde el Gobierno intentó calmar las aguas. Una en el Central, a la que fueron convocadas todas las billeteras, para empezar a diseñar un esquema interoperable para los QR compradores en el transporte nacional. La otra, que convocó MercadoPago, donde se habló del subte. “Lo nacional está recontra verde, pero en el gobierno porteño siguen empecinados con que el piloto en el subte arranque el 1º de diciembre”, dijo una fuente que participa de las tratativas.
La peluca está de moda hace tiempo en el PRO y entre los magnates radicados en Uruguay por razones tributarias. Ya rompió varios bloques en el Congreso. ¿Terminará de imponerse en Tribunales?
AB/DTC
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