Massa busca en Washington dólares para contrarrestar la sequía, pero el FMI se muestra reacio a soltar fondos frescos

Cada día de marzo el Banco Central pierde en promedio US$ 100 millones. El drenaje puede empeorar en abril, cuando se haga patente que la cosecha gruesa (la de soja y maíz) se reduce a alrededor de la mitad por la sequía, agravada por la crisis climática. Con esa previsión, el dólar blue escaló ayer a $ 397; el MEP, a 383 y el contado con liquidación, a 390, pese a la prometida liquidación de bonos en dólares de organismos públicos. Por eso, el ministro de Economía, Sergio Massa, está desesperado en busca de dólares. Ayer visitó en Washington al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y hoy se encontrará primero con la subdirectora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, y después se sumará a la audiencia del presidente Alberto Fernández con su par norteamericano, Joe Biden.

Este viernes está prevista la reunión del directorio del FMI -donde están representados todos los países miembros- para aprobar la revisión del cuarto trimestre de 2022 del acuerdo con la Argentina y la relajación de la meta de acumulación de reservas del Central para 2023. Pero esta flexibilización es todo lo que el Fondo está dispuesto a hacer por el país ante la mayor seca en 60 años. No importa que el organismo haya sido creado hace casi 80 años para atender las crisis de balanza de pagos, de déficit de divisas, de las naciones. El organismo donde Estados Unidos pesa más que nadie no está dispuesto a enviarle fondos frescos para compensar la falta de ingresos de dólares por exportaciones de soja y maíz.

O sea, el organismo acepta que la Argentina junte menos reservas porque si debiese cumplir con la meta original del programa, debería acogotar más las importaciones, esenciales para la producción. Ejecutivos de algunas filiales de multinacionales llegaron a pedir a los embajadores de sus países que atiendan a este pedido de Massa porque si no, corrían riesgo sus operaciones. Pero aunque los objetivos se rebajen, el país igual enfrentará una sequía de granos y divisas que de todos modos afectará las compras externas y amenaza con hundir la economía.

Pero ni la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, ni el staff técnico ni el directorio están dispuestos a darle más dinero a la Argentina, después del préstamo récord que el organismo le entregó al gobierno de Mauricio Macri en 2018. El Fondo no desembolsaría nada sin pedir a cambio una larga lista de ajustes fiscales que planea reclamar en 2024 al próximo gobierno. Incluso solicitaría un acuerdo de transición entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para asegurar la continuidad del programa, que dura tres años y comenzó en 2022. Un pacto así resulta sumamente improbable, sólo imaginable por las mentes de los burócratas de Washington.

Massa busca argumentar que en 2022 la Argentina cumplió las metas del acuerdo a pesar del impacto de la guerra de Ucrania en cuanto al encarecimiento de la energía y los fertilizantes y la suba mundial de la tasa de interés, lo que se cuantificó en más de US$ 5.000 millones. Pero ahora la sequía puede traducirse en pérdidas por 21.000 millones. Sobre llovido, más que mojado. Además, en un contexto de turbulencias bancarias internacionales, como las caídas del Silicon Valley Bank y el Credit Suisse. Por eso, el ministro pretende que Estados Unidos otorgue alguna ayuda adicional ya sea vía el FMI, con fondos nuevos o con la tantas veces reclamada eliminación de sobrecargos en las tasas del crédito del organismo o con algún préstamo del Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad, que se creó en 2022 para ayudar a países de ingresos medios y bajos a adaptarse y mitigar el calentamiento global. Biden también puede influir en que el Banco Mundial o el BID concedan más créditos a la Argentina.

“Sin nuevos dólares, es imposible sostener la economía, mejor ni lo pensemos”, admiten altas fuentes del equipo económico. “Si nadie pone plata , quedará la opción de ofrecer un dólar soja 3 para que liquiden rápido los productores y así ganar unos días más. Después, Dios dirá”, agregan. “Cualquier ayuda es bienvenida”, responden cuando se les pregunta la alternativa de pedir fondos a China, que cada vez más opera como opción al FMI para países en desarrollo en problemas, como la Argentina, Venezuela, Egipto, Surinam, Bielorrusia o incluso Ucrania. Massa no descarta viajar en abril a Beijing, más allá que dentro de dos semanas deba volver a Washington por la reunión de primavera boreal del FMI. En el gigante asiático buscaría inversiones y préstamos. Ya está en marcha el desembolso de US$ 5.000 millones del swap (canje) de monedas de libre disponibilidad del banco central chino al argentino: llegaron 3.000 millones y entre esta semana y el mes próximo vendrá lo restante.

Además del dólar especial para los sojeros, se analiza otro para las exportaciones de economías regionales y se espera que el Senado sancione pronto el monotributo tech, que ayer aprobó la Cámara de Diputados y que facilitará el ingreso de divisas de los pequeños exportadores de la economía del conocimiento. Aunque al FMI no le gustan los controles de compras externas como el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), el Gobierno planea extender este régimen que actualmente rige para los bienes hacia los servicios, como los de logística, seguros y demás vías por las que se escapan dólares sin operaciones claras. La idea es evitar que las importaciones se disparen como ocurrió en la segunda mitad de 2022, hasta que Massa impuso el SIRA en octubre.

Después de que el directorio apruebe la revisión del cuarto trimestre y la nueva meta de reservas 2023, sobrevendrá la discusión para cambiar el objetivo de reducción del déficit fiscal. Sucede que la sequía disminuirá la recaudación tributaria y obligará a nuevos ajustes de subsidios energéticos, ayuda social y obra pública. Aunque el 17 de marzo pasado, Massa le pidió financiamiento por primera vez al Central desde que asumió como ministro en agosto último, el Gobierno aspira a no pedirle más asistencia gracias al canje de deuda interna que pateó vencimientos inmediatos a 2024 y 2025 y por la liquidación de bonos en dólares de los organismos públicos. El Ejecutivo espera que, más allá de las críticas opositoras a esta maniobra, no se presenten reclamos judiciales y quede despejado el financiamiento del déficit fiscal de 2023.

El FMI, mientras tanto, también hará oír sus quejas cuando apruebe la revisión: porque no se ajustaron los precios mayoristas de luz y gas en febrero, por la moratoria jubilatoria, por la recompra de deuda que se anunció en enero pasado, por el SIRA y quizá también por la liquidación de títulos en dólares de los entes estatales. No se descarta.

AR