El Presidente exige a la oposición que acepte su modelo económico extremo o si no, promete conflicto

Javier Milei quiere que la oposición acepte su modelo económico extremo o si no, promete más conflicto para llevarlo adelante. Montado sobre acertadas críticas a las prácticas corruptas de la política, reclamó al Congreso que no le derogue el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y le apruebe la frustrada ley ómnibus como condición previa para aliviar el ajuste fiscal. Eso incluye aceptar su reforma laboral y sus desregulaciones a diestra y siniestra.

El Presidente llamó un “Pacto de mayo” con gobernadores, ex presidentes y líderes partidarios para aceptar diez puntos, algunos polémicos y otros razonables. Primero, la inviolabilidad de la propiedad privada. Todo un dogma para los libertarios que cuestiona, por ejemplo, la reestatización de YPF que aprobaron peronistas y radicales en 2012. Segundo, un equilibrio fiscal “innegociable”. En las elecciones presidenciales de 2023, hasta Juan Grabois aceptaba que en la actualidad, ante la falta de financiamiento, no hay otra que llegar al déficit cero, pero si la Argentina sale adelante de esta crisis podría tener un rojo razonable como cualquier país normal. Tercero, meter motosierra para bajar el gasto público del 40% al 25% del PBI. Pero los países desarrollados gastan en general más que el 40%, aunque de manera más eficiente, mientras que los que erogan sólo un 25% en su mayoría son pobres.

Cuarto, una reforma tributaria “que reduzca la presión impositiva”. Es cierto que los que trabajan en la economía formal en la Argentina pagan demasiados tributos, deberían simplificarlos y aliviarlos, pero contrapesarlos con más recaudación de los que evaden y eluden. Si uno mira los países ricos, la Argentina debería recaudar lo mismo pero de manera más justa. Quinto, rediscutir la coparticipación federal de impuestos. Se trata de una deuda pendiente desde la reforma constitucional de 1994, pero hay que ver si Milei quiere orientarla en perjuicio de las provincias. Sexto, un compromiso de los gobernadores de “avanzar en la explotación de los recursos naturales”. Suena a una amenaza a los glaciares, los bosques y el medio ambiente ya en riesgo por los hidrocarburos, la minería y los agroquímicos, más que una propuesta de desarrollo sustentable.

Séptimo, una “reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”. Hasta la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha aceptado que debería discutirse. Octavo, una “reforma previsional que dé sustentabilidad al sistema”. También parece necesario, sobre todo en un país con la mitad de los trabajadores en la informalidad, sin aportes propios ni de sus patrones a la Seguridad Social. Milei aprovechó para criticar que 4 millones de personas mayores se hayan jubilado con moratorias. Quizás sea el primer paso para rebajarles el haber, aunque muchos de ellos lo hayan votado. No sería extraño: aunque el jefe de Estado dijo ante la Asamblea Legislativa que “si bien hubo licuación, ha habido más motosierra sobre todo para la política”, en realidad los jubilados fueron su principal víctima. Los siguieron los empleados públicos –incluidos los despedidos, sean ñoquis o no–, los obreros de la construcción, los beneficiarios de los planes sociales –más allá de licuar el poder de los líderes piqueteros o de suspender el subsidio indebido a 52.000 receptores del Potenciar Trabajo– y los ciudadanos de las provincias –porque la poda de giros a los gobernadores terminan afectando el salario docente o aumentando el colectivo–.

Nueve, una reforma política. Diez, “la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global”. Es urgente que el país aumente sus exportaciones, pero sobre todo las de mayor valor agregado, y también se requiere dejar de obstaculizar importaciones, pero sin destruir la industria ni el empleo sino apuntalándolos para que dejen de depender sólo del mercado interno. Hasta Donald Trump, ídolo de Milei, ha defendido las fábricas y los trabajadores de Estados Unidos frente al avance de China.

Milei se vanaglorió del déficit cero conseguido en enero, pero hasta los inversores más entusiastas con él dudan de si podrá mantenerlo el resto del año. También cobijan incógnitas sobre si calmará los precios. “Quedan algunos meses de alta inflación”, confió el presidente en su discurso. “La salida del cepo está cada vez más cerca”, prometió. ¿Lo hará con los dólares de la cosecha, entre marzo y junio? De la dolarización, ni una palabra.

Quizás donde más consenso social pueda alcanzar el presidente es con los proyectos de ley anunciados que van ahí sí contra la casta política y sindical, no contra la empresaria, que también existe y que no se circunscribe sólo a Bettina Bulgheroni, presente este viernes en los palcos del Congreso. Está bien eliminar las jubilaciones de privilegio de expresidentes y exvicepresidentes, es buena idea que las elecciones sindicales sean controladas por la justicia electoral y se limiten las reelecciones a una sola vez, es ético que los condenados en segunda instancia no puedan candidatearse o pierdan los beneficios de exfuncionarios y la sociedad apoyará que se reduzca la cantidad de asesores de diputados y senadores. En cambio, ¿favorecerá el poder de negociación de los trabajadores que los convenios por empresa se pongan por encima de los colectivos por sector? ¿Es justo que los trabajadores estatales que paren porque sus salarios se licúan sufran el descuento del día laboral y ganen todavía menos? ¿Está bien que el Estado deje de financiar a los partidos políticos y estos dependan sólo del poder de las empresas? ¿Hay que poner en la cárcel al presidente, al ministro de Economía, al jefe del Banco Central y a diputados y senadores por emitir moneda, cuando en ocasiones puede tratarse de una decisión económica correcta que adoptan países de todo el mundo, siempre y cuando se eviten los excesos? Por fuera de estos proyectos, dijo que prohibirá la utilización de aviones privados por parte de los políticos salvo por “cuestiones estrictamente oficiales” y criticó la “concepción laxa del uso de aviones sanitarios”, aunque no aclaró si lo sancionará. No estaría mal. Tampoco sería desacertado que si usan aviones privados para fines oficiales justifiquen quiénes los pagan, como cuando él viajó a Estados Unidos cuando era diputado y presidente electo junto al empresario y futuro embajador argentino en Washington, Gerardo Werthein.

AR/MG