Obra pública: con la rescisión del último contrato, el Gobierno cierra el capítulo de las PPP
El Gobierno rescindió hoy el último contrato de obra pública adjudicado mediante el sistema de Participación Público Privada (PPP) y cerró así el capítulo abierto por la gestión de Mauricio Macri, que prometía construir seis corredores viales con el financiamiento obtenido por las propias empresas.
Según confirmaron a elDiarioAR fuentes del Ministerio de Obra Pública, que conduce Gabriel Katopodis, el Gobierno concluyó la negociación con las empresas China Construction America y Green SA, adjudicatarias de la obra del Corredor Vial B -que une Buenos Aires con La Pampa-.
Estas firmas integraban el único consorcio que todavía mantenía su contrato abierto. Según una carta enviada por sus directivos al presidente Alberto Fernández, la empresa tenía la intención de seguir adelante con el proyecto, con financiamiento aportado por la República Popular China, pero con una tasa que el Ejecutivo consideró “imposibles”.
Finalmente, el Gobierno rescindió los seis contratos “de común acuerdo”. El gran punto de discusión eran los US$567 millones depositados en concepto de garantías al momento de la adjudicación, que las empresas buscaban recuperar. Helport, la constructora de Eduardo Eurnekian que integraba uno de los consorcios adjudicatarios, incluso había iniciado ese reclamo por la vía judicial.
Sobre el punto de las garantías, las empresas parecen haber logrado su objetivo. Según pudo saber este medio, en ningún caso fueron ejecutadas. De todos modos, en el Gobierno aseguran que la posibilidad de que el Estado sea resarcido por las obras no hechas todavía está abierta. “Es como un divorcio; en la primera etapa se resuelve el vínculo, en la segunda se hace la división de bienes”, señaló una de las fuentes.
Las empresas que integraban los cinco consorcios adjudicatarios de los seis proyectos de PPP eran:
- Paolini Hnos, Vial Agro y la empresa italiana INC SpA
- China Construction America (CCA) y Green SA
- José Cartellone Construcciones Civiles
- Helport (del grupo empresario de Eduardo Eurnekian), Panedile, Copasa (España) y Eleprint (del expresidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss)
- Rovella Carranza y JCR Mota-Engil Latin American (Portugal).
El cierre del capítulo de PPP comenzó el 27 de mayo pasado, fecha en que la cartera de Obras Públicas envió intimaciones a las compañías para que cumplieran con el incremento de las garantías acordado en la adenda firmada en julio 2019. Más allá de la letra explícita, esa intimación pretendía sentar a las empresas a negociar definitivamente la desactivación de los compromisos.
En el Gobierno lo describen como un plan “excesivamente ambicioso y costoso”. Según datos oficiales, las obras licitadas bajo este sistema involucran un monto total de US$10.000 millones, de los cuales el 60% constituye el costo “puro” de las obras y el 40% restante, U$S400 millones, es el costo financiero.
Los resultados obtenidos también son casi nulos. En términos globales la ejecución física del Plan de Obras Principales no supera el 2% y los proyectos más avanzados rondan el 4%. Según un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), dentro del Programa Rutas Seguras -que enmarca a los proyectos de PPP- “se ejecutaron solamente 6 de los 4000 kilómetros planificados, es decir, un 0,15% del total anunciado”.
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