Pablo Chena, director de Economía Social: “De la pobreza no se sale con planes sociales”

Trabajan en tareas de reciclaje, en comedores comunitarios, venden productos en la calle o realizan tareas de construcción, limpieza o agricultura. Los últimos datos del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) muestran que al menos 2,8 millones de personas —las que se inscribieron en ese registro hasta agosto de 2021— sobreviven gracias a un trabajo inventado por ellos mismos, de bajos ingresos y al margen de la protección que ofrece un empleo formal. 

No es un fenómeno marginal. En siete provincias son más las personas inscriptas en este registro que en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que refleja el mercado laboral privado registrado. Y, al revés de lo que ocurre en el universo formal, la gran mayoría son mujeres (57,4%, contra 32,9% en SIPA) y jóvenes de hasta 24 años (26,9% contra 6,7%).

“El Estado conoce muy poco de la economía popular; llega solo con política social y de manera deficiente”, dice Pablo Chena, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social. Chena, que es doctor en Economía e integrante del Movimiento Evita, llegó al ministerio de la mano de Emilio Pérsico, actual secretario de Economía Social. Como él, cuestiona el vínculo que prima entre el Estado y el gran universo del trabajo informal, en el que suele estar desdibujado el costado productivo. Por eso insiste en la idea de que del drama de la pobreza se sale reconociendo y organizando esa economía sumergida que ya existe e integra a seis millones de personas, el universo total estimado. 

—¿Por qué crees que esta tendencia, que muestra más trabajo informal que formal en ciertas provincias, se va a profundizar? —le preguntó el DiarioAR, en una conversación en su oficina del centro porteño: apenas un equipo de mate sobre la mesa y la tormenta contra los paños de la ventana. 

—Vemos que los jóvenes y las mujeres, por la falta de dinámica que está teniendo la creación de empleo formal privado, están encontrando su actividad laboral en esta economía popular. Si lo proyectamos vemos que nos va a quedar una proporción cada vez mayor de la población que va a estar en la economía popular —que es una economía Informal, con baja protección laboral, bajos ingresos, vulnerabilidad— y un núcleo de empleo formal que va a ser proporcionalmente menor a medida que pasa el tiempo. Todo lo que está llegando nuevo está llegando a una situación laboral de menores ingresos y mayor vulnerabilidad.

Para evitar que el hecho de que crezca la economía popular sea un sinónimo de incremento de la desigualdad es desarrollar la economía popular. Buscar que sea pujante.

—¿Cuál es la estrategia, desde el Estado, para intentar morigerar eso?

—Tenemos dos grandes políticas. Una es crear puentes hacia el empleo formal para esos más de seis millones de trabajadores que están en la economía popular. Esos puentes pueden ser de incentivos fiscales para que las empresas lo tomen. Ahí aparece la política de mantener la ayuda social para trabajadores de ciertos sectores, que luego se convierte en subsidio al salario. Otro puente, que podemos llamar indirecto, es crear un período de capacitación en el trabajo dentro de las empresas, muy articulado con las pymes, y que a partir de ahí esas personas puedan iniciar la relación laboral. Ya tenemos convenio con cinco cámaras sectoriales y se bajó a empresas que están ofreciendo las primeras vacantes. La idea es ampliarlo. La otra gran estrategia para evitar que el hecho de que crezca la economía popular sea un sinónimo de incremento de la desigualdad es desarrollar la economía popular. Es decir, buscar que la economía popular sea una economía pujante, que puede escalar su producción, que puede aumentar su productividad y mejorar los ingresos de aquellos que trabajan. 

—Esto es interesante, porque muchas veces se piensa en que el éxito de la política está en sacar a una persona de la informalidad e integrarla a otro sector más productivo, pero vos estás hablando de capitalizar ese trabajo que ya tiene tiene. 

—Sí, aspiramos a que un trabajador que hoy está en una rama tradicional de la economía popular, como el reciclado en una cooperativa, pueda tener un ingreso similar y condiciones laborales similares a la que tiene hoy un trabajador de la economía formal que está en industria metalúrgica, por ejemplo. Que se vuelva a crear cierta movilidad social ascendente. Que alguien pueda decir “mirá, yo hago mi trabajo en la recicladora y pude”. “Empecé mal, precariamente, pero finalmente me pude jubilar, pude hacer estudiar a mis hijos”. Para eso el Estado tiene que acompañar. Los emprendimientos de la economía popular suelen tener muy baja productividad al comienzo, bajos ingresos y muy pocas barreras a la entrada. 

—Salís a recolectar materiales reciclables a la calle y ya estás adentro.

—Claro, y por eso está tan habitada por aquel que no encuentra soluciones en el mercado formal. Ahora, nosotros tenemos la tarea de formalizar porque la formalización te va a dar acceso a la inclusión financiera, eso te va a dar acceso al crédito, el crédito te va a dar acceso a la maquinaria y la maquinaria va a permitir que aumente la productividad. Formalizarlos es, básicamente, reconocer esa forma productiva desde el Estado y darle una relación con el fisco y una protección jurídica. Nosotros pensamos en una escalera ascendente de formalización: si es un trabajador individual, monotributo social; si es un grupo pequeño, un proyecto productivo que te permita asociatividad; y si es de mayor escala (más de 20 personas), una cooperativas de inclusión, que es un formato cooperativo simplificado. 

—¿La ley de Emergencia Social, que se sancionó en 2016, empezó a marcar el sendero en lo que respecta a la economía popular?

— Fue como un hito fundante, si se quiere, de la concepción de la economía popular. Ahí se expresa lo que la economía popular necesita desde las organizaciones, que son su expresión política, aunque la economía popular excede a las organizaciones: es el mundo de los barrios populares. La ley expresaba tres puntos fundamentales. El primero era la demanda de un registro estatal de este tipo de actividades, que es ahora el Renatep y vio la luz en julio de 2020. Los actores de la economía popular querían estar registrados como trabajadores, no encuestados. El segundo hecho importante era que se pedía que se creara el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, compuesto por actores del sector y representantes del Estado, que ordene y planifique el desarrollo de la economía popular. Porque esto es algo que excede a los actores e incluso excede al Estado. Esta es una economía subterránea. El Estado conoce muy poco de esta economía, por eso tiene mucha política social y poca política económica. Fue abordado tradicionalmente por la política social porque demanda menos conocimiento de las condiciones productivas, solo requiere la condición de vulnerable o no. Pero saber qué hace, cómo lo hace, cómo hago para que escale su producción implica un conocimiento mucho más acabado el paño.

—Los datos del registro muestran que menos del 25% de los inscriptos recibe AUH o Potenciar Trabajo, lo que evidencia que aún cuando el Estado apunta a llegar con política social, tampoco llega bien. 

—Exactamente. Llega con la política social y llega de manera muy deficiente. El porcentaje de cobertura total está entre un 25% y un 30% de los trabajadores registrados del Renatep, y se puede inferir que el alcance es menor en el universo total de la economía popular, porque los que se inscriben en el registro son los que saben de su existencia y están más cerca del Estado. El registro tiene tres millones de personas, pero el universo es de alrededor de seis millones. 

La economía popular necesita articularse con la economía pyme, con la economía formal para establecer estrategias de desarrollo conjunto.

—Este dato atenta también contra la idea de que los trabajadores de la economía popular son “planeros”. 

—Y además es difícil pensar que se puede vivir de un plan social. El Potenciar Trabajo son $14.000. Evidentemente, algo más hay que hacer. Lo que sí buscan los programas es poner un piso de ingreso por debajo del cual no podés caer, independientemente de si tenés la changa o no.

—¿Se avanzó en el Consejo con esta idea de ordenar y planificar al sector? 

—Se avanzó muy poco; es una de las tareas pendientes. Si me preguntás a mí, nosotros tendríamos que ir a un Consejo de Economía Popular que incluya también otros actores. La economía popular necesita articularse con la economía pyme, con la economía formal para establecer estrategias de desarrollo conjunto. La Argentina tiene que volver a pensar un plan de desarrollo nacional donde diga está la economía popular, la economía pyme, está la industria, está el sector agropecuario... cómo hacemos para articular este mapa heterogéneo a nivel productivo, laboral.

—¿En qué quedó la idea del Salario Social Complementario?

—Está en la Ley de Emergencia Social, pero eso que era un salario social complementario para toda la economía terminó reprocesado en un programa social pequeño que está dentro del Ministerio Desarrollo y que ahora está fusionado dentro de Potenciar Trabajo. La idea era que actúe como si fuera el salario mínimo vital y móvil, pero de la economía popular; un piso mínimo de ingresos garantizado por el Estado que complemente los ingresos que esa persona recibe por sus tareas en el mercado. Eso es importante porque si no se confunde con las propuestas que apuntan a la universalidad. 

Si uno no formaliza y no logra ver la actividad productiva, es muy difícil aplicar políticas económicas para el sector.

—¿Cómo se instrumentaría ese Salario Social Complementario, de acuerdo con la idea original?

—Este salario básico de la economía popular —esa sería una definición más precisa— se puede instrumentar tomando en cuenta el Renatep donde cada trabajador de la economía popular se inscribe en una rama de una actividad. Hace falta el paso previo de la formalización, para que podamos dar fe de que trabaja en la economía popular a partir de sus movimientos en una cuenta bancaria y se le pueda dar entonces el salario complementario. Si uno no formaliza y no logra ver la actividad productiva, es muy difícil aplicar políticas económicas para el sector. 

—¿Qué apoyo tiene internamente esta iniciativa ? ¿Se está pensando seriamente en impulsarla o es una posibilidad como existen otras?

—Es una discusión que hay que dar en varios aspectos. El espíritu del salario social complementario es lo que ahora vuelven a poner en agenda las organizaciones. Obviamente esa agenda requiere una discusión presupuestaria y una discusión fundamentalmente operativa, pero va a tener una potencia enorme ordenadora del sector.

Creo que si nosotros no abordamos integralmente el problema vamos a terminar llamándole salario a un subsidio.

—¿Pero te parece que se puede instrumentar durante esta gestión?

—Sí, yo creo que sí, que hay cada vez más conciencia. Pero también creo que si nosotros no abordamos integralmente el problema vamos a terminar llamándole salario a un subsidio. Tenemos que entender que hay que formalizar, que hay que dar crédito, que hay que avanzar en la integración financiera del sector y que hay que tener una política de ingreso, que sería el salario básico. Si nosotros no abordamos la problemática en su conjunto, les damos un salario básico, pero no les permitimos cambiar la máquina, esas personas siguen en la informalidad, no se pueden integrar en cadenas productivas más complejas, etcétera. Creo que este Gobierno tiene la voluntad política para hacerlo, pero hay que tener en cuenta que apenas asumió tuvo que enfrentar una pandemia y está empezando a sacar la cabeza de la situación económica que se generó. Pero este es uno de los puntos en la agenda con los que llegamos y siguen estando vigentes y siendo objetivos de este Gobierno.  

—Diego Genoud contó en elDiarioAR que Juan Grabois le llevó una propuesta en esta línea a Martín Guzmán y que incluso la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner,  está involucrada. Es decir, que se está debatiendo en las más altas esferas como una posibilidad real.

Se está discutiendo en todos lados; en las altas y bajas, y se está buscando la forma financiera, jurídica. Pero insisto en esto: si no entendemos que la solución es integral, no vamos a terminar de resolver el eje, que es desarrollar la economía popular. De la pobreza no se sale con planes sociales, se sale con ordenamiento laboral e ingresos crecientes. No hay soluciones simplistas como decir “es una pobreza de ingresos entonces hago que todos tengan una cuenta bancaria y deposito”. Eso no: hay que arremangarse y trabajar. Implica ordenar sectorialmente, mostrar que el camino de salida es un camino económico, no social. Lo social es para cubrir la asistencia, para dar los primeros pasos, no para salir. Si no, no la llamemos economía popular; digámosle “grupos vulnerables” y les damos ingresos para disminuir su vulnerabilidad.  Ahora si yo tengo que ordenar el trabajo, ver y evaluar la viabilidad del proyecto, cuando son inviables ver qué costo le tengo que bajar, definir con quién lo tengo que articular para que potencien su actividad productiva, cómo lo tengo que formalizar y demás entro en un mundo muchísimo más complejo, que  más esfuerzo e incluso capacidades que no están en el Estado, que se perdieron. En Argentina se perdió el Estado planificador. 

Lo social es para cubrir la asistencia, para dar los primeros pasos. Si no, no la llamemos economía popular; digámosle “grupos vulnerables” y les damos ingresos para disminuir su vulnerabilidad.

¿Por eso el Estado necesita de las organizaciones sociales para llegar al territorio, no tiene músculo propio para articular en todos los niveles que debería?

Sí, está diezmado el Estado. Las organizaciones sociales nacen al calor de un Estado que no llegaba al barrio. ¿Qué es la organización social? Una autoorganización de los barrios que va creciendo, que encuentra la estructura social primero, después política y se expresa. Y yo creo que ahí hay dos puntos. Uno es que el Estado no llega porque le falta la estructura, pero también porque tenemos que pensar una nueva concepción de la política pública. No podemos pensar la política pública desde el Estado hacia los actores; tenemos que incluir a los actores en la política pública; la complejidad de la sociedad te obliga. Si los actores te dicen “mirá, la solución para mí es ésta”, nos sentamos en una mesa y charlamos. No podemos pensar en la política del funcionario, eso no va más. Tiene que ser una articulación con lo que podríamos llamar lo real, lo productivo. 

Los saberes están cada vez menos en las oficinas y más en los actores. Si vos me decís a mí, como funcionario, cómo tengo que hacer para que funcione una cooperativa de reciclado, no tengo la menor idea.

¿Integrar a las organizaciones a la coalición del Frente de Todos es un poco eso?

Esa es la concepción. La política tradicional lo lee como “están de los dos lados mostrador”, pero en realidad no: lo que está haciendo es traer no solo la demanda (no solo “tengo hambre”, “no tengo trabajo”) sino “mirá, yo me inventé este trabajo, sobrevivo con esto, y si me ayudas a formalizarlo puede llegar a ser una salida, porque sé que socialmente es útil lo que hago”. Los saberes están cada vez menos en las oficinas y más en los actores. Si vos me decís a mí, como funcionario, cómo tengo que hacer para que funcione una cooperativa de reciclado, no tengo la menor idea porque nunca tuve una cooperativa de reciclado ni me dediqué al reciclado; tengo que llamar a alguien que sepa. Entiendo la idea que queremos de la política pública, pero tengo que ir con los actores porque si no voy a hacer mal la resolución.

Se habló mucho en el último tiempo de que la paz social está en peligro y que en tanto la pandemia empiece a declinar va a ser más difícil contener el descontento y evitar que se exprese en las calles. ¿Cómo lo ves?

Creo que estamos en una situación social compleja, es obvio, pero que si vamos mostrando el horizonte de salida eso también es un ordenador social. Lo importante es poder canalizar la fuerza social hacia el mundo del trabajo. Lo que tiene un límite siempre es la contención, los planes sociales. Si yo solo retengo en un dique, en un momento se rompe y aparece el conflicto. Nosotros tenemos que canalizar en el mundo del trabajo y en eso parece que hay acuerdo, más/menos, en todo el Gobierno e incluso en la oposición, que por un principio de realidad entiende lo complejo que es el camino que estamos transitando.

DT