Por qué Mario Draghi pasará de gobernar el euro a intentar gobernar Italia

Ante el fracaso de los partidos políticos representados en el Parlamento para formar un gobierno estable, el presidente italiano Sergio Mattarella hizo un movimiento hacia adelante calificado de audaz o, al menos, de sorpresivo. Eligio a un técnico de fama internacional en su campo, antes que a un político de carrera, para pedirle que formara gobierno. El renombre de Mario Draghi se debe a su gestión en el Banco Central de la Unión Europea (UE), del que fue presidente casi por una década, desde 2011 hasta 2019, cuando fue sucedido en el cargo por Christine Lagarde, quien abandonó la dirección del FMI para ello. En esos años, su política dúctil de la moneda única de la Eurozona supo conservar su valor a la vez que convertirla en un motor antes que un freno de la producción, el comercio y las exportaciones europeas. Draghi aceptó el encargo, con reservas.

El jefe de Estado es en Italia una figura con funciones políticas importantes, mayores que en otras democracias parlamentarias europeas como Alemania o Gran Bretaña. Ante el derrumbe de gobiernos por la pérdida de confianza nacida de un reacomodamiento de las mayorías y minorías en el Parlamento, es el encargado de elegir a quién pedirle que encabece un nuevo Ejecutivo.

Mattarella tenía la opción de llamar a nuevas elecciones, que desechó por lo que significaría una campaña electoral y una votación en meses en que el Covid-19 recrudece y la vacunación está demorada en la UE. Además, le parece poco probable que de nuevos comicios nazcan mayorías mejores en vez de replicar la atomización actual en el reparto de las bancas, en un sistema ultra representativo para las minorías como el italiano.

Elegir a un integrante de la misma clase política de los partidos de las mayorías relativas que había llevado a la crisis presente prometía a su entender que el nuevo gobierno quedara expuesto a las mismas precariedades que había sufrido Giuseppe Conte. Este político independiente, de centro-izquierda, había presidido una administración centro-derechista ‘amarillo-verde’ (2018-2019) y otra de centro-izquierda ‘amarillo-roja’ (2019-2021). Las dos perdieron la confianza por la retirada de aliados pequeños pero clave en la conformación de las coaliciones. En el último gobierno, fue Italia Viva (IV), el partido del ex premier centro izquierdista Matteo Renzi el que al quitar su sostén lo dejó en minoría y obligó a Conte a renunciar a su cargo.

Según Mattarella, en la fragmentación inestable de los partidos en el Parlamento, una figura nacional de fama internacional puede reunir y mantener el favor de nacionalistas como los de la Lega Nord (LN) o de los partidos de la herencia del megamagnate Silvio Berlusconi como Forza Italia (FI), de apolíticos como los del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) -que podrían aprobar a una figura ajena al establishment romano-, y de la izquierda del Partido Democrático (PD) -que respetaría a un respetado académico-. Además de este razonamiento general, hay otro más específico por detrás de la decisión de Mattarella. Italia va a recibir en las próximas semanas fondos de estímulo económicos asignados por las autoridades europeas como auxilios necesarios para la recesión nacida con la pandemia, y que sea un economista quien guíe el uso nacional de estos recursos regionales le parece al jefe de Estado una conclusión muy razonablemente bien fundada.

La foja de servicios de Draghi señala que sus méritos se afincan en saber cómo salir de un período de crisis gravísima. Otros economistas pueden destacarse por la planificación para el futuro en la bonanza; en sus años en el Banco Central Europeo sólo conoció Draghi malas noticias: la depresión de 2008, el default interno de naciones europeas como Italia, la crisis de la deuda en Grecia, la amenaza de la ruptura de la Eurozona. Impulsó un programa de compra de bonos de deuda, que demostró los poderes de un Banco Central en una recesión. Todo esto lo inviste de un aura favorable a la confianza. Mucho menos, su proclividad económica a medidas de ajuste para limitar los déficits de presupuesto.

Italia tiene una experiencia anterior de gobierno técnico como salida de una impasse institucional y económica. En la crisis financiera de 2011, cuando Italia no podía tomar deuda porque sus costos habían aumentado demasiado, Berlusconi renunció. Fue elegido para sucederlo, por el entonces presidente Giorgio Napolitano, un ex comisionado europeo, Mario Monti, que también era un economista respetado. Su mandato fue ingrato, para él, y para el electorado. Impuso medidas impopulares de austeridad y elevó la edad jubilatoria. Duró más de un año al frente del gobierno, que contribuyó a acrecentar y cementar el sentimiento popular contra la política, los políticos y las élites culturales.

En pactar con los populistas es donde Draghi encontrará más dificultades para formar un gobierno y, si lo forma, para durar después en el poder. El electorado está descontento, desilusionado, y es aún hostil tanto a los partidos tradicionales y a su personal, como también a los intentos que desde el Estado y en nombre de la transparencia buscaron purificar la vida política. Draghi conoce este malestar, que es provocado por la casta política con la cual el técnico tiene que pactar para gobernar en el Parlamento. Hoy los diputados y senadores italianos son de los que más ganan en el mundo. Las oficinas de diputados y senadores son amplias: se distribuyen entre 46 palacios históricos romanos, hoy propiedad del Congreso. Los gastos de representación de la presidencia italiana son el doble que los del Palacio de Buckingham inglés, el cuádruple que los del Eliseo francés, el séxtuple que los de la presidencia alemana. Mientras tanto, la economía italiana estaba ya resentida: todos los puertos italianos juntos mueven la mitad de containers que el puerto holandés de Rotterdam. Hay en Italia hoy trece kilómetros de vías férreas más que en 1920. Los procesos judiciales son más largos que nunca: cuatro años para elevar a juicio cualquier causa penal. Eso sí, si en cuatro años no se eleva, hay que declarar su nulidad. Y hay jueces y fiscales presos por corrupción, pero ningún político.

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