La “fiebre del oro”, el mercurio y la violencia invaden el Parque Nacional Madidi de Bolivia

Con una extensión de 1,8 millones de hectáreas en el Departamento de La Paz, en el noroeste de Bolivia, y fronterizo con Perú, el Parque Nacional de Madidi es considerado por especialistas como uno de los paraísos naturales que el orbe todavía preserva, según lo atestigua la diversidad de flora y fauna descubierta en los últimos años

Las cooperativas mineras son un sector influyente en el actual gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) que preside Luis Arce Catacora. Ya antes lo habían sido en las tres presidencias de Evo Morales Ayma (2006-2019). Hoy están ocupando áreas superpuestas a los territorios de las naciones originarias que el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce en su Constitución Política del Estado (CPE) de 2009. Desde entonces, han surgido contradicciones entre la norma constitucional que protege esas zonas y la presión extractivista de recursos naturales, que busca legitimar institucionalmente su actividad, como lo reclama a las autoridades. Existen disposiciones legales del Estado hoy vigentes que toleran los asentamientos mineros, y estos arriesgan la vida de la población de las naciones originarias asentadas en el Madidi.

La fiebre del oro

El fondo del problema es la 'fiebre del oro' que vive esa región debido a los altos precios del metal precioso, que lo convirtieron  en el principal producto de exportación del país. En 2021, las exportaciones de oro bolivianas sumaron  2.557 millones de dólares, por encima de la venta de los hidrocarburos.

Por primera vez en la historia, las exportaciones bolivianas de oro superaron a las ventas de hidrocarburos. En 2021 ascendieron a un total de 2.557 millones de dólares, impulsadas por el alto precio internacional del metal precioso.

Desde el pasado año hasta la fecha, comunarios y guardaparques denunciaron actividades mineras asentadas a orillas del río Tuichi en zonas como Charopampa, Santa Rosa, Glorioso, San José, Santa Clara, Pintata Mohima, Suyo Suyo Pavo Real, Suyo Suyo Ubito y Asariama Recina, entre otras.

Los Quispes, Montalván y Virreira son algunos apellidos que pasan de boca en boca entre los comunarios. Son los nombres que identifican a las familias que se adjudicaron concesiones o áreas para la explotación del oro en el Madidi.

La minería originó el traslado de verdaderas masas humanas a la Amazonia, mano de obra de familias y cooperativas orientadas a la la exploración y explotación del  oro. El dragado en los ríos Beni y Tuichi, sistemático pero desordenado, y el uso en estas operaciones del mercurio, metal líquido altamente tóxico y contaminante,  provoca que pueblos como el de San José de  Uchupiamonas, que viven del ecoturismo comunitario, vean destruidas sus propias opciones de vida.

 “Es preocupante ver que estos grupos de mineros están tomando el control de territorios indígenas y áreas protegidas y todo se va poniendo cada vez más violento”, denunció la dirigente Ruth Alipaz, del grupo étnico Uchupiamonas

“Se supone que este territorio está titulado para los Uchupiamonas, pero cualquiera llega con un título minero y dice ‘esta parte del río y esta concesión son mías’ y se instalan ahí y la ley los protege”, protestó la lideresa de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos (Contiocap), que en marzo llevó su queja a la Corte Interamericana de DDHH (CIDH).

La explosión de la minería aurífera no sólo incide en la progresiva pobreza de las comunidades. El empleo de dragas y maquinarias pesadas por empresas chinas y colombianas amenaza la vida de las etnias locales, entre las que también están los pueblos ancestrales Tacana y Leco.

El Gobierno boliviano negó haber entregado nuevos permisos para operar en áreas protegidas y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que rechazó 97 peticiones de empresas. Pero reconoció la existencia de derechos mineros anteriores a 2014.

En los hechos, y con o sin derecho, según indígenas y legisladoras que visitaron el Madidi, en el Parque Nacional las cooperativas mineras legales e ilegales siguen instalándose. No hay quien controle la actividad minera, y se suceden escenarios de cada vez más intensa confrontación.

El envenenamiento de vidas y aguas por el mercurio

El Estado Plurinacional de Bolivia ocupa el primer lugar como importador de mercurio de Sudamérica y el segundo en el mundo. Según el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre 2015 y febrero del 2022, se importaron 1.292 toneladas de mercurio, que costaron 45 millones de dólares.

El éxito importador tiene su contrapartida letal en el nivel alarmante de mercurio detectado en los indígenas a partir de su consumo del pescado contaminado con ese metal, usado en los ríos para explotar el oro.

El Centro de Documentación e Investigación de Bolivia (CEDIB) constató a fines del 2021 que en 350 muestras de cabellos de los indígenas de la zona se detectó  en promedio la presencia de 7 partes por millón (ppm) de mercurio, cuando lo tolerable, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es solo 1ppm. La investigación incluso detectó el extremo de una persona con 27ppm.

El director del CEDIB, Oscar Campanini, informó que el estudio se complementará en agosto con un análisis sobre el sector etario más afectado, las actividades económicas y el consumo de alimentos, “aunque todos los indicios dan cuenta de que el pescado es el canal de contaminación con mercurio”.

Campanini, quien participó en la audiencia de la CIDH, dijo que ve “muy poca o nula voluntad política” en el Estado para reducir o eliminar el mercurio, pese a que el país firmó el convenio de Minamata - adoptado en la Conferencia de Plenipotenciarios de 2013 en Kumamoto, Japón y en vigor desde agosto de 2017- con el  objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. Bolivia enfrenta plazos perentorios para presentar sus planes regulatorios y de acción.

En la audiencia de marzo en la CIDH, el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, advirtió que la exposición al mercurio genera discapacidades graves y “puede ser letal” y recordó que se han comunicado las preocupaciones sobre el aumento de las importaciones y aun el “tráfico ilícito de mercurio desde Bolivia a otros países” como Perú y Colombia.

Durante la sesión de la CIDH, el director de medio ambiente del Ministerio de Minería y Metalurgia , Fausto Vélez, admitió que el tema del mercurio es “preocupante”. Aunque “es difícil sustituirlo en la minería aluvional”, se comprometió a que se trabajará en la contención del comercio del producto.

La violencia se extiende ante la vulnerabilidad 

Cuando la senadora Cecilia Requena, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Medioambiente, visitó este mes la zona, su delegación sufrió agresiones. Supuestamente, de mineros, quienes con explosiones y luego con piedras que lanzaron desde tierra, impidieron que la autoridad senatorial desembarcara y bajara de una lancha .

Requena pretendía visitar la localidad de Chushuara donde se habían producido conflictos violentos y confusos que implicaban a mineros, campesinos e indígenas y que se saldaron con la detención de 18 personas y un herido de bala.

“Se ha visibilizado la vulnerabilidad extrema de las personas y la violencia que se está volviendo cada vez más común en la región del norte del departamento de La Paz y que en muchos casos está relacionada con la minería”. declaró la senadora. Para concluir que este episodio ilustra la existencia del riesgo de un mayor e incluso más extendido descontrol por la falta de una presencia del Estado en las zonas del Madidi.

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