Trump ordena perseguir a quienes no faciliten las deportaciones y 22 estados lo desafían en los tribunales

La nueva Administración de Donald Trump ordenó a los fiscales federales perseguir, investigar y procesar a todos aquellos funcionarios estatales y locales que no colaboren en los planes para llevar a cabo la deportación masiva más grande de la historia de Estados Unidos, según informaron los periódicos The Washington Post y The New York Times, y la cadena de televisión FOX.

“La ley federal prohíbe que los actores locales y estatales puedan restringir, obstruir o impedir de cualquier otro modo el cumplimiento de las órdenes legales relacionadas con la migración”, escribió el fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, en un comunicado interno emitido el martes por la noche y recogido por esos medios estadounidenses. En el texto, afirmó que una cláusula constitucional y otras cláusulas legales exigen a esos actores que “cumplan con las iniciativas de aplicación de la rama ejecutiva”. Durante estos últimos cuatro años, Bove fue uno de los abogados de Trump en los casos penales del ahora presidente. 

La directriz del fiscal general adjunto llega después de que 22 estados de EEUU se hayan rebelado contra una de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump el lunes y que los oficiales de algunas ciudades, como Chicago, se hayan negado a cooperar en las redadas anunciadas por el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas). 

Las órdenes ejecutivas y las redadas anunciadas por el director del ICE, Thomas Homan, son las primeras acciones para hacer realidad la promesa de Trump de deportar a los once millones de personas indocumentadas que se calcula que hay en EEUU. El martes también autorizó a los agentes de inmigración a que puedan llevar a cabo dichas redadas en escuelas e iglesias, y en sus alrededores. Estos eran espacios a los que, durante la Administración de Joe Biden, el ICE no podía acceder. 

Las primeras demandas

Los fiscales de 22 estados –la mayoría de los cuales son demócratas– presentaron el martes una demanda conjunta contra la orden ejecutiva emitida por Trump para poner fin al derecho a la ciudadanía por el simple hecho de haber nacido en suelo americano (ius solis). Estaba previsto que ese fuera uno de los primeros decretos en ser recurridos en los tribunales, pues la ciudadanía está recogida en la Constitución estadounidense, concretamente en la enmienda 14. 

Si el presidente quiere cambiar esa enmienda tendría que modificar la carta magna y, para ello, necesitaría una supermayoría en el Congreso, que ahora no tiene. La otra opción es que el caso llegue hasta el Tribunal Supremo y este órgano interprete qué dice la enmienda, ya que Trump y sus aliados cuestionan la interpretación de la siguiente frase: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos”.

Nueva Jersey, California, Massachusetts, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont y Wisconsin se unieron para presentar una demanda ante el tribunal federal de New Hampshire. Arizona, Illinois, Oregón y Washington también presentaron otra demanda ante un tribunal federal impugnando la orden de Trump. El Distrito de Columbia y San Francisco, y grupos de derechos de los inmigrantes también están recurriendo esa orden. 

No se conoce con exactitud cuántos hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EEUU (a los que se les denomina ‘anchor babies’) hay actualmente. En un informe del Pew Research Center, se calculaba que en 2016 habían nacido unos 250.000 niños de padres indocumentados en territorio estadounidense. 

La orden de Trump establece que los hijos de personas que no son residentes legales o ciudadanos de EEUU no están sujetos a la jurisdicción del país. Además, no tienen derecho a obtener la ciudadanía de forma automática las personas cuyas madres no residan legalmente en EEUU y cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes legales permanentes; y aquellas cuyas madres se encuentren en el país de forma legal, pero de manera temporal, y cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes legales permanentes.

La nueva medida prohíbe a las agencias federales reconocer la ciudadanía de las personas que no cumplan con los requisitos anteriores. La orden entrará en vigor el miércoles 19 de febrero y, según establece, esas personas no deberían obtener el pasaporte ni el número de la Seguridad Social, ni tener acceso a ayudas públicas.

Trump elimina los programas de diversidad, equidad e inclusión

El nuevo Gobierno de Trump también dio la orden el martes por la noche de que todos los funcionarios que trabajan en programas de diversidad, equidad e inclusión sean enviados a sus casas con una baja temporal, durante la cual recibirán sus salarios, pero con la perspectiva de que sean despedidos más adelante. La medida es consecuencia de una de las órdenes ejecutivas que el presidente firmó el lunes en el marco de la guerra cultural contra las políticas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión).

El decreto, bautizado “Finalizar los programas gubernamentales radicales y derrochadores sobre diversidad, equidad e inclusión (DEI)”, establece que se debe poner fin, “en la mayor medida permitida por la ley”, a las oficinas y puestos relacionados con DEI, DEIA y la “justicia ambiental” (incluidos, entre otros, los puestos de “Director de Diversidad”); así como a los planes, iniciativas o programas sobre “equidad”, subvenciones o contratos relacionados con la “equidad” y todos los recursos para empleados, contratistas o beneficiarios de subvenciones.

Con ello, Trump quiere borrar todas las políticas impulsadas por la Administración Biden para incorporar prácticas de diversidad e inclusión en el funcionariado norteamericano, en el que trabajan unos 2,4 millones de personas.

El presidente arremetió este miércoles contra la obispa episcopaliana Mariann Edgar Budde quien, durante el servicio interreligioso de su investidura había pedido desde el púlpito misericordia con los niños, los inmigrantes y la comunidad LGTBI. “La llamada obispa que habló en el Servicio Nacional de Oración el martes por la mañana era una radical de izquierda que odiaba a Trump”, dijo Trump en su plataforma Truth Social. “Tenía un tono desagradable y no era convincente ni inteligente”, agregó.

Budde había pedido el martes tener “misericordia” con “los gays, lesbianas y niños trans”, “y también con los que recogen nuestras cosechas y limpian nuestras oficinas; los que lavan nuestros platos en un restaurante o los que hacen los turnos de noche en los hospitales”. La religiosa afirmó: “Puede que no sean ciudadanos o puede que no tengan la documentación apropiada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales”.