Opinión

A un año del 11-J en Cuba

El domingo 11 de julio de 2021 a lo largo y ancho del territorio nacional de Cuba se produjeron manifestaciones masivas en más de 50 ciudades bajo el grito “Patria y Vida” contra la administración del presidente y primer secretario del Partido Comunista Miguel Díaz Canel. Algunas de ellas derivaron en violentos disturbios, un hecho sin precedentes en la isla más extensa de las Antillas con poco más de 10 millones de habitantes. Desde Revolución Nacional de 1959, y en las tres décadas que siguieron, Cuba había sido el país de la revolución posible, el que enfrentó al imperialismo y ofreció amplios beneficios populares gracias a su alianza con la Unión Soviética y actuó en la política internacional, y particularmente en el hemisferio occidental, durante la Guerra Fría, como enemigo favorito de EEUU.  “Cuba era un tremendo tema en sí… una plegaria atendida de esas por las que se derraman más lágrimas que por las no atendidas”, define Gabriela Esquivada, ensayista y periodista argentina, en su fundamental investigación Ya tú sabes sobre las tensiones que sostienen a la isla y determinan las líneas de sus porvenires posibles.  

Esos  logros habían otorgado  a la gestión actual un sustancial capital político y margen de maniobra, basado en su consigna “Somos Continuidad”, que evocaba el increíble liderazgo que ejerció el Comandante  Fidel Castro durante casi 47 años, a los que se sumaron la estoica paciencia de los ciudadanos y ciudadanas ante las dificultades excepcionales que sobre ellos gravitan  en parte provocadas por el embargo estadounidense, en parte por  insuficiencias y errores de las políticas gubernamentales, en parte muy sustancial por las consecuencias de la pandemia y las cuarentenas del covid-19 en una isla caribeña que ha hecho del turismo su mayor industria proveedora de un regular flujo de divisas.

Las manifestaciones  del 11 de julio del 2021 protagonizadas por una población sometida penurias mayores que las habituales desde el inicio de la pandemia habían patentizado la crisis del  relativamente nuevo liderazgo cubano apenas a tres meses de haber celebrado el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba y a dos años de haberse aprobado una nueva Constitución.

Entre los manifestantes del 11J participaron algunos líderes de los conocidos colectivos de artista cubanos Movimiento San Isidro y 27N,  pero fue ausente la de los activistas más promovidos desde territorio estadounidense, y ninguno pareció haber sostenido una  posición de capitalizar esas  manifestaciones que fueron promovidas por las redes sociales, particularmente por operadores e influencers que no viven en Cuba, muchos de ellos residentes en Miami, donde el anticastrismo sigue siendo una industria local importante, financiada tanto por la capilaridad de fondos federales como privados. 

¿Cuántas culpas tiene el bloqueo? 

El deterioro de la situación social en barrios empobrecidos; las enormes  dificultades para conseguir alimentos; el nuevo desgate en la situación sanitaria después de varios meses de una política muy exitosa contra la pandemia de covid-19; la tendencia a desconocer, limitar y hasta criminalizar el disenso; la ineficiente estrategia comunicativa, que tiende a ocultar errores e insuficiencias propias mediante el argumento de que “la culpa la tiene el bloqueo” fueron poderosas razones que hicieron posible el 11J a la vez que mostraron la pérdida de persuasión del argumento de que “todo se debe al bloqueo” aunque esta sea una verdad comprobable. Pero al carecer de un enfoque autocrítico por parte del gobierno conduce al mismo gobierno a  una pérdida aún mayor de credibilidad.

 No cabe duda de que la política de medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, con más de 60 años de vigor, representa una suerte de “guerra económica” contra una “plaza sitiada”

Un año después del 11J, la ciudadanía cubana ha demostrado que la protesta pública pacífica es legítima y puede ser protegida por la ley y el Gobierno.

La administración de Joe Biden, a pesar de haber declarado  lo contrario en su campaña electoral,  mantuvo las 247 sanciones impuestas a Cuba por el gobierno republicano de Donald Trump, incluso en plena pandemia, hasta hace apenas un mes con la contrapartida de que el gobierno de Cuba “libere inmediatamente a los presos políticos” y respete los derechos fundamentales del pueblo,  

 

Un año después

A un año de las manifestaciones, pasadas todas las reacciones iniciales, la situación política y social de la Isla no ha mejorado sustancialmente y no solo por los factores externos sino también por  los internos frente a los cuales no existe autocrítica oficial. Se deben atender  urgencia los reclamos por una mejor calidad de vida que solo ha empeorado con apagones más frecuentes y precios de productos básicos como medicamentos y alimentos cada vez más altos.

Dentro de la sociedad cubana como en el entorno internacional se ha reaccionado  adversamente a la represión desmedida contra manifestantes pacíficos. EEUU sancionó a 28 funcionarios cubanos por su papel en la “represión de las protestas” del 11 de julio, incluidos altos cargos del Partido Comunista, al imponer restricciones de visado por “la Proclamación Presidencial 5377” que suspende la posibilidad de que funcionarios del gobierno cubano entren en el país como no inmigrantes informó este sábado Antony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense.

Hay testimonios  respecto a los  juicios sumarios y de sanciones impuestas en estos juicios que oscilan entre diez meses y un año.

Las organizaciones Justicia 11J  y Cubalex han documentado 1.484 detenciones. “De ellas, se han podido verificar 1.297 (87 %), a través de testimonios de los manifestantes o sus familiares, o con documentos emitidos por los tribunales o la fiscalía”, reza su informe “Un año sin justicia: Patrones de violencia estatal contra manifestantes del 11J”. También indica que “701 personas permanecen en detención, hasta el último reporte recibido”.

De muchos de los condenados no hay  pruebas de que hayan cometido actos violentos. De continuar este camino, el gobierno  alienará aún más a aquellos sectores todavía identificados con la Revolución, pero que se oponen a la represión.

No sorprende en nada que se lea en Prisión o exilio, el informe publicado este lunes por Human Rights Watch que  “han aumentado drásticamente el número de personas en abandonar el país.”

La experiencia de la sociedad cubana de haber debatido y aprobado una nueva Constitución ha conferido a la ciudadanía la plena conciencia de una mayor  exigencia en el cumplimiento de la ley a la que las autoridades policiales están obligadas.

 Las autoridades deben superar un  obstáculo político-ideológico importante originado en  concepciones que definen el socialismo en términos autoritarios, desconociendo o criminalizando el disenso de los que recomiendan cambios en el modelo social para hacerlo más eficiente económicamente y más democrático y respetuoso del Estado de derecho que se estableció por la Constitución de 2019. 

Frente a la práctica de arremeter  contra el que disiente -al que  se califica de “contrarrevolucionario”, “anexionista” o “confundido”-, la ciudadanía ha demostrado que la protesta pública pacífica es legítima y debe ser protegida por la ley, ante cuyo precepto el Gobierno parece tener una actitud negativa, cuando reacciona proclamando que “la calle pertenece a los revolucionarios”. Una respuesta que atenta contra el Estado socialista de derecho.

AGB