La Argentina y el FMI: anuncio de un acuerdo crónico

¿Por qué volvemos, una y otra vez, al FMI? Porque la demanda de dólares supera a la oferta y no logramos encontrar otras fuentes de financiamiento. Vamos con algunos números e ideas para entender por qué esta anomalía internacional se viene transformando en una recurrencia local.
En lo que resta del año, los vencimientos de deuda pública en dólares suman US$19.000 millones: US$4.300 millones de títulos con el mercado, US$1.900 millones de intereses con el FMI, US$1.700 millones de BOPREAL, US$2.000 millones del swap con el Banco Popular de China, US$2.300 millones de los Estados provinciales y US$6.700 millones con organismos multilaterales extra-FMI, en donde sobresalen el BID y la CAF. Asumiendo que estos últimos se refinancian, en línea con lo que pasó en los últimos años, quedan pagos por US$12.300 millones.

Este viernes, las Reservas del Banco Central —activos brutos en moneda extranjera— cerraron apenas por debajo de los US$28.100 millones. Así, pareciera que, si se mantuvieran estables, alcanzarían para cubrir las obligaciones de los próximos meses.
Sin embargo, de éstas, US$12.300 millones corresponden a los encajes por depósitos privados, a la vez que US$6.700 millones son yuanes que no pueden dolarizarse, conforme a las restricciones que tiene el intercambio de monedas con la autoridad monetaria china. Por lo tanto, si a US$28.100 millones le restamos estos pasivos, nos quedan US$9.100 millones: poco más de US$3.000 millones por debajo de las obligaciones de este año. Algo hay que hacer.
La oferta de dólares podría provenir de i) una oferta de divisas por exportaciones de bienes y servicios que supera a la demanda por importaciones, ii) la llegada de inversiones productivas, iii) el crédito privado en dólares a las empresas o el Sector Público o iv) el crédito en dólares de organismos multilaterales, en donde resalta el FMI.
Ahora bien, en relación con el primer punto, el saldo de la cuenta corriente cambiaria (bienes, servicios y rentas) está en terreno negativo desde junio del año pasado, acumulando nueve meses en rojo —si incluimos febrero, todavía sin datos, pero donde la tendencia no se habría revertido—: algo que no pasaba desde la primera mitad de 2018.
Esta fuente había sido la principal en el arranque del 2024, cuando devaluación y cuotas para los pagos de importación de bienes mediante, había aportado US$9.000 millones entre enero y junio, superando ampliamente al récord de US$8.000 millones del primer semestre de 2008. No obstante, en la segunda parte, a partir de la apreciación cambiaria, cierto rebote de la demanda interna y la flexibilización de los pagos de importación, este superávit se convirtió en un déficit de US$7.250 millones, el mayor desde 2017 (US$-11.000 millones).
Si bien una parte de este responde al dólar blend, que permite la libre disponibilidad de 2 de cada 10 dólares surgidos por exportaciones de bienes, no por eso es menos “real”. En otro orden, dado que el tipo de cambio financiero está por debajo del dólar turista, más de la mitad de los gastos con tarjetas en el exterior se realizan con “dólares propios”. De todos modos, al corregir por este número, las conclusiones no cambian significativamente: el déficit de cuenta corriente habría sumado alrededor de US$4.500 millones en el segundo semestre de 2024, siendo, una vez más, el mayor desequilibrio desde 2017.
En materia de inversiones, el año pasado fue el más bajo desde 2003: entraron US$90 millones netos, lejos de los US$820 millones promedio de 2020 y 2023, que ya estaban lejos del pico de US$3.750 millones de 2012. En cualquier caso, estos números reflejan que la oferta por inversiones directas no fue un aporte sustancial para la cuenta capital, al menos desde 2003. Por lo tanto, ésta tampoco pareciera ser una salida viable.
Desde la segunda mitad del año pasado, el financiamiento en dólares de las empresas viene siendo el pilar de la compra de Reservas del Banco Central: con una cuenta corriente cambiaria en rojo y sin grandes desembolsos por inversiones, el préstamo de los depósitos que impulsó el blanqueo más que explicó las compras de dólares de la autoridad monetaria —ya que, por las regulaciones vigentes hace más de diez años, las firmas deben liquidar en el mercado oficial las divisas obtenidas por sus créditos bancarios—.
Sin embargo, en los últimos meses, este stock empezó a agotarse y la liquidez del sistema en dólares —depósitos menos encajes y préstamos— pasó de US$3.100 millones al cierre de agosto del año pasado a US$13.700 millones en octubre y US$3.900 millones en la actualidad. De este modo, aun cuando todavía queda algo de resto para sostener las compras del Banco Central en el corto plazo, no alcanzaría para cancelar los pagos de deuda pública. Por lo tanto, hay que seguir buscando opciones.
El financiamiento de los privados no residente al Sector Público Nacional, la forma más usada en 2016-2017, parecía ser la estrategia elegida por el Gobierno. A mediados de enero, cuando el riesgo país rozaba los 500 puntos básicos (p.b.), y el spread con la media de emergentes se ubicaba en torno de los 270 p.b., esta alternativa empezaba a tomar forma. Luego de siete años afuera de los mercados de deuda, la Argentina parecía poder reinsertarse. Sin embargo, no se logró: nuestro índice subió 190 p.b. en los últimos dos meses, y dado que el promedio de emergentes se mantuvo virtualmente estable (+15 p.b.), el spread llegó a 440 p.b.. En este contexto, tampoco esta opción pareciera estar disponible.
En los últimos días, las condiciones financieras globales de emergentes se relajaron en el margen: estimaciones de una caída en torno de 0,5% de la producción de Estados Unidos en el primer trimestre y una inflación por debajo de lo esperado en febrero (+0,2% mensual) reavivaron las expectativas de baja de la tasa de interés del Fed. Menos rendimiento de los títulos del Tesoro norteamericano es más liquidez para los países en desarrollo. Aunque esta noticia es tan tenue como reciente, nuestro país no pudo subirse a esta “brisa” de cola, afectado por las inconsistencias arriba mencionadas.
Así, llegamos al prestamista de última instancia: el FMI. La Argentina le debe US$41.000 millones de capital al Fondo, que empezará a pagar en la segunda mitad de 2026 —los US$1.900 millones de este año son intereses—, y representa el 28% de su cartera, seguido por Ucrania (10%), Egipto (7%) y Ecuador (6%). Si el crédito se ampliara en US$15.000 millones, pasaríamos a deber US$56.000 millones, equivalente al 35% de su cartera. Aunque esta concentración implica algunos riesgos para el propio Fondo, que querrá pasar en algún momento de prestamista de última a cobrador de primera, pareciera ser la única salida disponible.
Argentina y el FMI, ¿crónica de un acuerdo anunciado?
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