De la “pluralidad de voces” a recomendar la voz estatal como única
Prefiero pensar que la campaña contra la “infodemia” que el Gobierno lanzó tímidamente es un error de un funcionario trasnochado y no el preludio de una política comunicacional que debería inquietar a cualquier defensor de los derechos humanos y el sistema democrático, sea oficialista u opositor.
Un gobierno del Frente de Todos, el mismo partido que impulsó en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual bajo el lema de alentar “la pluralidad y diversidad de voces”, dice ahora en un spot oficial que informarse con multiplicidad de fuentes y por diversos canales (medios y redes) es equiparable a “automedicarse” y que el remedio contra la desinformación que se multiplicó durante la pandemia es, lisa y llanamente, informarse con los medios públicos.
Este planteo es peligroso y erróneo, tanto desde el punto de vista político institucional como jurídico. A menos que suponga que el partido mayoritario de la Argentina quiere transparentar una vocación de ser una voz única.
De hecho, contradice expresamente recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre cómo aplanar la curva de la infodemia y de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elaboró una Guía para garantizar la libertad de expresión frente a la desinformación deliberada con foco en contextos electorales. Ambos organismos internacionales destacan la necesidad de que los ciudadanos tengan acceso a información pública y multiplicidad de medios de calidad. Pero ninguno habla ni destaca a las fuentes oficiales como si fueran el oráculo.
Qué es la infodemia y por qué preocupa
Junto con el nuevo coronavirus también llegó al mundo otra pandemia: la de la desinformación. Tanto es así, que la OMS acuñó el término “infodemia” en febrero de 2020 y lo definió como la sobreabundancia de información y la rápida propagación de rumores y contenidos falsos. Esta avalancha de contenidos -que no siempre son verdaderos-, además de dificultar que los ciudadanos se informen correctamente, en muchos casos puso en riesgo la salud y la vida de la gente.
En este contexto, la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, liderada por Francisco Meritello y dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Nación, lanzó el 16 de abril un spot animado en el cual se afirma que “el virus de la infodemia es muy contagioso”. “No se automedique. Consulte a los medios públicos”, termina. El video fue difundido tres días después en Twitter por el analista político Raúl Timerman y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo retuiteó.
Pero así como con el tiempo fuimos entendiendo cómo cuidarnos del virus SARS-CoV-2 que produce la COVID-19, gracias a la evidencia científica, también sabemos que para combatir a la “infodemia” necesitamos ciudadanos con una postura crítica, que puedan descartar ellos mismos desinformaciones cuando las vean, lean o escuchan -provengan de fuentes públicas o de privadas- y no las compartan.
Para esto es claro que necesitamos buenos medios públicos, como marca el mensaje republicado por Fernández, que transmitan información confiable y que sean profesionales y autónomos del gobierno de turno. Pero, lamentablemente, esto no siempre sucede con los medios públicos en la Argentina.
Ejemplos sobre la no independencia de los medios públicos a lo largo de los gobiernos sobran. Uno claro durante esta gestión se dio el 10 de diciembre de 2020, al cumplirse un año del mandato de Fernández. La agencia estatal Télam realizó un video de casi seis minutos donde resumió los principales logros del primer año del Presidente en su cargo y, luego de que Fernández lo compartiera en su cuenta personal de Twitter, la agencia Télam publicó un tuit agradeciéndole al Presidente.
Pero, aún cuando fueran ecuánimes, con los medios públicos no basta para combatir la “infodemia”: el sistema democrático también necesita buenos medios privados. No sólo porque los ciudadanos deben contar con todas las fuentes y los recursos informativos posibles, sino también porque en esta lucha contra la desinformación es fundamental la pluralidad de voces. Las fuentes oficiales deben sopesarse con fuentes alternativas, en ciertos casos aún más especializadas.
Claro que es cierto que a veces los medios privados desinforman. Ese es un problema del cual, en todo caso, los medios públicos no están exentos. Pero, además, la solución no es sacar a los medios privados de la ecuación, sino exigirles un mayor nivel de profesionalismo, así como también subirles la vara a los medios públicos. Porque en la lucha contra la desinformación es importante que todos busquemos lo mismo: frenar realmente a la “infodemia”.
LZ
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