Vigilantes: la privatización de la violencia legítima
“La Policía Montada de la provincia de Río Negro arremetió contra una manifestación frente a la Municipalidad de El Bolsón”. Sería, lamentablemente, un título más razonable que “La patota de Joe Lewis arremetió a caballo contra manifestantes frente a la Municipalidad de El Bolsón”. “Incidentes entre la Policía Bonaerense y personas en situación de calle” sería también un título más razonable que “La patota municipal de Montenegro expulsó por la fuerza a personas en situación de calle”. Es que se supone que la más elemental definición de Estado es el monopolio en el ejercicio de la violencia legal.
Sin embargo, en la Argentina, de a poquito, se va instalando la cultura del vigilante. Uso el término en el sentido norteamericano del término: una persona o grupo que intenta de manera no oficial prevenir un delito o atrapar y castigar a alguien que perciben como delincuente sea éste o no delincuente. Es parte de la ideología anarcocapitalista: la privatización de la violencia. Esto se extiende a los casos de “justicia por mano propia” que se repiten constantemente y engrosan la fila de muertos en la Argentina.
Hay casos de legítima defensa de las víctimas o terceros, como la heroica intervención de Luca, un trabajador de Rappi, para evitar que lastimen a un vendedor ambulante. También hay casos de exceso en la legítima defensa, como las decenas de casos en que culminado el hecho delictivo, los delincuentes son víctimas de una ejecución extrajudicial. Sin embargo, lo cierto es que la mayor parte de los muertos los ponen las víctimas del robo.
Lo que sucedió en El Bolsón es realmente paradójico, además de lamentable. Tres brigadistas que estaban colaborando en las tareas de combate contra el fuego fueron detenidos sin pruebas. Sus amigos y compañeros fueron a protestar por su liberación. Apareció la caballería de Lewis –¡basta de decirles gauchos, no son gauchos, son una patota paga comandada por el millonario empleado de Lewis, Víctor Hugo Araneda!– a rebencazo limpio contra mujeres y jóvenes indefensos, apoyados por la policía. Dicho sea de paso, con nosotros arrugaron el 28 de diciembre de 2022 cuando plantamos bandera en nuestro territorio. Sólo se meten con ancianos, pibes y mujeres.
En Mar del Plata una patota llamada Patrulla Municipal que no pertenece a las fuerzas de seguridad habilitadas, es decir, no tienen facultades para ejercer la violencia legítima, se dedica a zamarrear, insultar, hostigar, amenazar y golpear personas altamente vulnerables. Todo esto es publicado por el intendente como una muestra de ese gran coraje que siempre ostentan los cobardes de mentalidad chata y mezquina: fuerte con los débiles mientras se arrastran frente a los poderosos. La dirigencia política mutis. Los jueces mutis. Total son “forasteros”, “trapitos y fisuras”. Pero además, la lógica del “vale todo” de Montenegro también alcanza a las fuerzas de seguridad habilitadas, como lo vemos en el caso del asesinato de Matías Paredes en manos de la Policía.
En Buenos Aires un grupo de cuatro nenes bien –tan bien como los integrantes de las juventudes hitlerianas– recorren la zona norte bonaerense ostentando un Falcon Verde en clara alusión al accionar de los grupos de tarea del terrorismo de estado (usaban vehiculos de este tipo y color). Estos pequeños fascistas pueden crecer como el brazo armado de Javier Milei que anunció el gordo Dan, jefe de las Milicias Digitales del Estado.
Esto de las Milicias Digitales del Estado es asunto aparte y hasta sería menor si la violencia digital no contara con apoyo oficial del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. El paso del doxeo, el hostigamiento, las amenazas organizadas y financiadas desde las instituciones a la violencia física es así de cortito. Hay muchos casos donde se publican los movimientos y domicilios particulares de las víctimas, usualmente dirigentes políticos, artistas o intelectuales opositores al régimen de Milei; todo esto no augura nada bueno.
Todo esto es ilegal e inconstitucional. Todo esto es la privatización de las facultades inherentes al Estado. Todo esto lleva a la disolución de la Nación. Todo esto lleva al KKK y la SS; todo esto lleva a la AAA. Todo esto lleva a la muerte.
Los encargados de velar por los derechos de los ciudadanos son los señores jueces. No se sabe dónde están, no se sabe qué hacen, porque lo que sucede, sucede a plena luz del día y no se vio nunca a ninguno (con muy honrosas excepciones) actuar de oficio frente a esto. Frente a las denuncias, hacen la plancha salvo que haya una presión muy fuerte para que, simplemente, se cumpla la ley. Nosotros obtuvimos un par de condenas, pero nosotros somos una organización política fuerte, con equipos legales, llegada a la prensa y a organismos internacionales, y aún así más de la mitad de las amenazas de muerte que recibieron nuestros militantes duermen en los despachos judiciales. Qué le queda a la gente de a pie, a los militantes inorgánicos, a los opositores silvestres; les siguen pegando abajo en forma totalmente impune.
En la Argentina existieron grupos parapoliciales como la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) que, alimentada por sectores de las Fuerzas Armadas argentinas, iniciaron el proceso de persecución, desaparición, asesinato y tortura de los “zurdos de mierda” creando las condiciones de tensión social para el golpe de estado de marzo de 1976. Más acá en el tiempo tuvimos la Revolución Federal con sus escraches para que los “zurdos de mierda” corran hasta que estén “muertos, presos o exiliados”. En este clima, vinculado a Revolución Federal, financiado por la familia Caputo, alentado por Milman –el hoy desvanecido adalid prostibulario de Patricia Bullrich– aparecieron los Copitos que intentaron perpetrar un magnicidio que, de haber logrado su objetivo, hubiera llevado a una situación inevitable de violencia política.
Así estamos, llenos de vigilantes promovidos por el Estado y aceptados por una parte de la sociedad. Es uno de los éxitos del “topo del Estado” que viene a destruir el contrato social argentino –la Constitución– que nos permitió, mal o bien, cuarenta años de democracia. Todo esto, sumado a otros múltiples síntomas de la época nos hacen pensar si la democracia liberal que incorpora derechos sociales (el Estado Social de Derecho), sus frenos y contrapesos, su división de poderes, sus procedimientos legales, tienen alguna vigencia en el país o vivimos efectivamente en un régimen de facto.
Me inclino por lo segundo. Me inclino, por ahora, a la restauración de la Constitución y las Leyes tal como existen. Sin embargo, también debemos pensar pensar alternativas acordes a los tiempos para la realización de los derechos individuales, políticos, humanos, económicos, sociales y culturales. Tendremos que aplicar la imaginación política porque este sistema ya no se aguanta, está perimido, y la factibilidad brutal de los neofascistas argentinos lo demuestra. Han cambiado las condiciones económicas, las formas de producción, la división internacional del trabajo, los hábitos de consumo, los medios audiovisuales de control social, el poder de las empresas trasnacionales. Ha cambiado mucho… pero desde el siglo XVII no han cambiado, en lo esencial, las formas institucionales. Si no encontramos una alternativa humanista para reconstruir la vigencia del Contrato Social, vamos a terminar viviendo en una sociedad repugnante cargada de violencia vil e inhumana… o a los tiros. No quiero un país así para mis hijos o los tuyos.
JG/DTC
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