ARA San Juan: Macri sostuvo su “absoluta inocencia”, designó defensor y apeló la prohibición para salir del país

El expresidente Mauricio Macri sostuvo este jueves su “absoluta inocencia” en la causa que investiga espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan, en un escrito en el que designó a su defensa y apeló la prohibición de salida del país.

Macri afirmó estar “convencido” de su “absoluta inocencia” al presentarse por escrito por primera vez en la causa, tras ser citado a declaración indagatoria para el 20 de octubre próximo por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava.

El expresidente, quien aún permanece en el exterior, nombró como abogados a Pablo Lanusse y Jimena Pisoni para que lo representen en esta investigación.

“Luego del estrépito generado por vuestra decisión del pasado 1° de octubre de 2021, donde reconocía desconocer mi domicilio, este Juzgado recién pudo cumplir con su deber de comunicar lo allí resuelto a mi respecto el día 6 del mismo mes y año”, refirió Macri.

Y continuó: “Pese a encontrarme fuera del país, como era y es de público conocimiento, vengo en tiempo y forma a presentarme en autos, sin que ello signifique reconocer ni consentir en el Sr. Juez las garantías que me confieren los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

“Lo hago convencido de mi absoluta inocencia en los supuestos hechos que se me pretenden atribuir y como derivación de mi respeto y sujeción a las instituciones de la República”, agregó.

En cuanto a la prohibición de salida del país, el expresidente apeló esa decisión y pidió a Bava que aplique el efecto suspensivo, es decir, que no entre en vigencia hasta que se resuelta en instancias de apelación superiores.

La prohibición de salida “ carece de todo tipo de fundamentación, y por ende aniquila y vulnera los derechos, principios y garantías de defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, libre circulación y tránsito, principio de inocencia, proporcionalidad y razonabilidad”, cuestionó en el escrito que firmó junto a Lanusse.

El 1 de octubre último cuando Bava lo citó a indagatoria, “omitió todo fundamento que explique las razones y el proceso lógico que lo condujo a disponer mi prohibición de salida del país”, argumentó Macri.

“No estoy hablando de una fundamentación estereotipada ni de una aparente, me estoy agraviando de la ausencia absoluta de argumentación y de razones que permitan reconstruir el proceso cognitivo que llevó al Magistrado a restringir mi libertad y mis derechos con la intensidad que lo hace”, concluyó.

El expresidente afirmó que esa decisión tiene “ausencia absoluta de fundamentación” y recordó que tiene arraigo en el país.

“Vivo con mi familia y desarrollo públicamente mi actividad política”, sostuvo el expresidente, al considerar también que “la decisión de disponer mi prohibición de salida de país resulta entonces huérfana de toda fundamentación relacionada a mi persona y situación, lo cual conculca los derechos, principios y garantías que me amparan y que informan el debido proceso y la defensa en juicio”.

La causa

El juez de Dolores, Martín Bava, subrogante del juez Alejo Ramos Padilla, tomó la decisión de llamara a indagatoria a Mauricio Macri en el marco de la causa que se abrió en esa jurisdicción para investigar si desde el anterior gobierno se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas a través de maniobras desplegadas de las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2016 y diciembre de 2017. Tiene la obligación de asistir.

La causa por la que Macri será indagado se inició por una denuncia radicada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en septiembre del año pasado. La primera parte de la investigación la llevó adelante el fiscal Daniel Adler en Mar del Plata, hasta que el caso cambió de jurisdicción a Dolores.

De acuerdo con la denuncia de Caamaño, mientras el submarino aún permanecía desaparecido, durante la gestión de Macri, la AFI hizo seguimientos en las manifestaciones realizadas en Mar del Plata por parientes y amigos de los tripulantes.

El juez dictó además el procesamiento de los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de varios funcionarios y agentes que habían sido indagados. Se los sindicó como “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”.

Según Bava, la responsabilidad de los hechos investigados no puede endilgársele solo a los exjefes de la AFI. En su fallo, el juez escribió: “No solo las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además, le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación. Es otro argumento que permite demostrar que el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.

La denuncia con la que se inició la causa sostiene que la AFI, mientras buscaba material que había solicitado un juez, halló tres discos rígidos con los registros del espionaje ilegal a los familiares, a través de fotos, partes de inteligencia y la intrusión en redes sociales, principalmente en el primer semestre de 2018.

Según Caamaño, las “tareas” ventiladas “no se encontraban ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”.

“El material acompañado demuestra que la AFI hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento”, escribió la funcionaria en su denuncia.

Según la AFI de Caamaño, “los informes, fechados entre enero y junio de 2018, muestran seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata o durante otras actividades realizadas, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de esa ciudad o en el monumento al Gral. San Martín local, tanto de las columnas, como a referentes de los grupos de familiares”.

Con información de agencias.

IG