En la Corte Suprema, la pelea interna alcanza niveles inéditos ante la posible llegada de Lijo

La Corte Suprema ya era un hervidero, pero la pelea interna superó los cien grados centígrados este viernes, de acuerdo a los documentos a los que accedió elDiarioAR, que revelan un intercambio de acusaciones cruzadas entre los jueces más poderosos del país. El factor detrás del recalentamiento de la relación entre los ministros del máximo tribunal es la candidatura del juez Ariel Lijo, propuesto por el gobierno de Javier Milei para que asuma en el máximo tribunal. 

Lijo no es sólo candidato de Milei. Es el candidato del juez supremo Ricardo Lorenzetti. Es también magistrado especializado en derecho penal y juez federal de los tribunales de Comodoro Py 2002. Mientras en el Senado esperan la llegada del pliego de Lijo y de un segundo candidato a la Corte, tres de los jueces del máximo tribunal –su presidente, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz– acordaron desdoblar la secretaría penal de la Corte y crear un doble comando. 

Los ministros dispusieron la creación de la Secretaría Penal Especial para juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de Justicia y habeas  corpus. También tramitarán en este nueva área las contiendas de competencia suscitadas en causas penales que hasta ahora tramitan ante la Secretaría de Relaciones de Consumo.

El Ejecutivo también propuso al académico Manuel García-Mansilla, pero con otras especialidades: Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario. Es candidato a suceder al juez Maqueda, quien el Gobierno entiende que debe jubilarse este año al cumplir los 75.

Pero es Lijo el juez penal que podría ingresar a la Corte y tener incidencia en las decisiones de esta materia. Además, el actual secretario penal del tribunal proviene de la vocalía de Lorenzetti, por lo que algunos en la Corte entienden también la decisión como otro recorte a su ya no extendido poder en el tribunal.

Ante la decisión de sus colegas, Lorenzetti puso el grito en el cielo y si bien los jueces de la mayoría explicaron en un documento que la decisión fue tomada para acelerar los juicio penales, Lorenzetti sostuvo en un voto en disidencia de 12 fojas que se trató de una decisión “apresurada”, cuyo “único objetivo es ocupar espacios de poder ante la posible incorporación de nuevos ministros”. Léase: de Lijo, el juez penal que Lorenzetti y el Gobierno buscan que llegue a la Corte en los próximos meses. 

La medida no se basa “en necesidades concretas ni en urgencias”, dijo el juez de Rafaela. “Siendo público y notorio que se han nominado dos jueces para el ingreso en esta Corte Suprema, es de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos”, dijo.

Lorenzetti también aseguró en su voto que “las demoras en los fallos y su acumulación se debe a la falta de gestión en los acuerdos de ministros” y no a que los expedientes tramiten en una única secretaría penal, que es el área por donde pasan todos los juicios penales de la Corte.

El juez de Rafaela sostuvo que “la invocación de principios de buena administración o gestión no logran iluminar la oscuridad de los intereses que inspiran una serie de decisiones de los últimos tiempos en materia de superintendencia de esta Corte Suprema”. “Es lo que ocurre cuando la excelencia es desplazada por la ambición”, escribió en su voto.

“Lamentablemente considero necesario ponerlo de manifiesto porque la obligación de un magistrado es con la sociedad y, además, con los próximos colegas que integren este

tribunal“, aseguró.

“No es grato, y siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte”, afirmó Lorenzetti, quien definió la medida de sus colegas como “un vaciamiento de la actividad del secretario (penal) actual, sin fundamento alguno”. “La real intención es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican, lo que es totalmente inapropiado y no genera precisamente confianza”, agregó.

La respuesta

El resto del tribunal decidió responderle, algo que los jueces de la mayoría intentan evitar, cuando lo consideran conveniente. No fue el caso. Ante las acusaciones poco veladas de Lorenzetti, un escrito circuló en las últimas horas por el tribunal. Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz sostuvieron que no hay antecedentes de que la Corte haya esperado a la llegada de potenciales nuevos integrantes para tomar decisiones de reorganización y le recordaron a Lorenzetti que en 2015, cuando el entonces presidente Mauricio Macri ya había nominado a Rosenkrantz y Rosatti para integrar el tribunal, los jueces Lorenzetti, Maqueda y Elena Highton realizaron una importante reorganización de la estructura interna de la Corte.

Lorenzetti también sostuvo en su voto que los “atrasos no se pueden imputar a los secretarios, ni tampoco se solucionan con la designación de nuevos funcionarios”. “La redacción de sentencias es una función de los jueces, y si no se llevan al acuerdo y no se buscan los consensos necesarios se producen estas crisis. Es cierto que muchas veces no hay mayorías, pero ello justifica la integración inmediata de la Corte, y no la designación de nuevos funcionarios”, subrayó el juez de Rafaela.

El trío mayoría le respondió: “Buena parte de la responsabilidad por los atrasos en la circulación de las causas se debió a que el propio ministro Lorenzetti impuso durante casi dos años cupos mensuales por Secretaría, lo cual debió ser prohibido por la Corte”. “Por otro lado, Lorenzetti no se encuentra exento de demoras en la votación de causas. Por ejemplo, hace 23 meses tiene para votar la causa ‘Garay’, en la que se discute la constitucionalidad del uso del cinturón de seguridad”, expusieron los ministros.

Además, afirmaron que la Secretaría Penal tiene 7.000 causas pendientes de decisión. “El incremento exponencial de expedientes penales también ha provocado una importante demora en la tramitación de las causas de la Secretaría”. Por esa razón, explicaron, “era razonable y necesario hacer una distribución de las causas por temas entre dos Secretarios diferentes”.

Lorenzetti se quejó de que no se designe al nuevo secretario especial penal por concurso. Sus colegas le respondieron que el actual secretario penal tampoco fue designado por concurso.

El juez de Rafaela también mencionó casos de “nepotismo” y desde la trinchera de los jueces de la mayoría respondieron: “El mayor acto de nepotismo realizado en el ámbito del tribunal fue perpetrado por el propio juez Lorenzetti mientras era presidente, cuando suscribió la resolución que efectivizó a su esposa en el cargo de prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela en 2018”.

ED/MG