Crimen de Elías Garay: el gobierno nacional consiente la doctrina Bullrich en la Patagonia

Estaba todo preparado para que hubiera otro muerto. La ofensiva de la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y el intendente de El Bolsón Bruno Pogliano contra la comunidad mapuche, la negativa del gobierno nacional a intervenir en la provincia -pero enviar finalmente a la Gendarmería-, los tambores de guerra y racismo del Foro Consenso Bariloche, la campaña de las empresas de comunicación que insisten en reducir el término mapuche a sinónimo de terrorismo. Ahora que Elías Garay está muerto y su nombre se suma a una lista larga en la que aparecen como antecedentes más recientes los cuerpos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, los alaridos bélicos se transformaron en silencio, son pocos los que hablan del caso y casi todos miran para otro lado. Ni la gobernadora, ni el gobierno nacional ni los voceros de la campaña del desierto que se creen herederos de Julio A. Roca dedican al caso la décima parte del tiempo que invirtieron en generar un cuadro que solo podía terminar mal.  

Garay tenía 29 años y lo mataron el domingo pasado en el paraje Cuesta del Ternero, a 25 kilómetros de El Bolsón y casi 1700 de la Capital Federal. La autopsia determinó que murió como consecuencia de un shock hipovolémico a raíz de un disparo de arma de fuego que le perforó el tórax. Los atacantes usaban armas calibre 22 y le dispararon a quemarropa. El único testigo del crimen es Gonzalo Cabrera, otro joven mapuche de 26 años, que estaba con él y también fue baleado: recibió un tiro en tórax y otro en el abdomen que le rompieron el estómago y el intestino grueso. Operado primero en El Bolsón y después de urgencia en Bariloche, Cabrera es el testimonio clave. Los fiscales a cargo de la investigación son Francisco Arrien, Martín Losada y Betiana Cendón, pero los familiares y miembros de la comunidad mapuche los consideran desde hace tiempo simples apéndices del gobierno provincial. A Cendón, los familiares de Cabrera le pidieron una custodia constante para él: temen que alguien pueda atentar contra su vida. Este jueves, el ministerio Publico Fiscal de Río Negro informó que hubo dos detenidos por el caso.

Hay una serie de datos que los periodistas que trabajan en la provincia como Ada Augello -que entrevistó a Garay pocos días antes de su muerte- advierten con claridad. La ocupación del Lof Quemquemtrew llevaba casi dos meses y desde entonces nadie podía entrar ni salir del predio , salvo los pobladores del lugar y previo fichaje por parte de las fuerzas de seguridad. Desde el 25 de septiembre, las fuerzas especiales de la Policía rionegrina impedían el paso sobre el único camino por el que se podía acceder al paraje. 

Sin embargo, el domingo pasado, hubo una serie de movimientos repentinos. Por la tarde, según el relato de una integrante de la Lof Quemquemtrew en Radio Nacional El Bolsón, uno de los drones que suelen hostigar a la comunidad comenzó a sobrevolar el acampe. Unas horas después, una orden judicial convirtió al territorio en algo demasiado parecido a la zona liberada. La Gendarmería se retiró del lugar y solo quedaron en la zona las fuerzas de la policía de Río Negro. Desde el ministerio de Seguridad de Nación, a cargo de Aníbal Fernández, sostienen que a las 22.11 del domingo llegó un oficio judicial que los obligaba a liberar la ruta 40. El tránsito estaba interrumpido por los uniformados, que se retiraron del área en la que al día siguiente se consumaría el homicidio. Después de los cruces públicos con Carreras, Fernández se corrió de la interlocución y el contacto con la gobernadora quedó en manos del Presidente. 

Como si la escena hubiera sido preparada, la situación tensa que se prolongó durante casi dos meses en el predio ocupado tuvo un desenlace abrupto después de las elecciones legislativas. La zona que estuvo militarizada durante casi dos meses de repente quedó despejada por completo. El Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER), la fuerza especial que la gobernación destina para actuar en los conflictos territoriales, también se retiró del lugar y todo parece haber sido orquestado para que nadie viera lo que iba a pasar. 

Consultada por elDiarioAR, una alta fuente del gobierno nacional avaló la misma hipótesis de la gobernadora y sugirió que el asesinato de Garay fue resultado de un conflicto entre la propia comunidad mapuche. Una teoría que tiene larguísimos antecedentes y recuerda a la versión que esparció el gobierno de Eduardo Duhalde después del doble crimen de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, hace casi 20 años. Como si, más allá de la polarización, la política en su conjunto hubiera retrocedido al estadío de culpar a la víctima. 

A diferencia de lo que sucedió con las muertes de Maldonado y Nahuel -se acaban de cumplir 4 años- durante el gobierno de Mauricio Macri, el homicidio de Garay parece no importarle a casi nadie. El caso no se nacionalizó y desde el Frente de Todos se advierte una situación paradójica. Los reclamos de justicia por el crimen de Lucas González, el joven fusilado por la policía de Horacio Rodríguez Larreta, contrastan con el silencio ante la muerte de Garay. Como si el gobierno nacional hubiera decidido consentir en la Patagonia la victoria de la doctrina Bullrich. 

Como un mecanismo de relojería, el asesinato del joven mapuche se consumó apenas siete días después de los comicios en los que el oficialismo provincial de Juntos Río Negro se impuso por 10 puntos de diferencia sobre la alianza PRO-UCR-CC y 11 sobre el Frente de Todos, que quedó en tercer lugar en el marco de la debacle general del kirchnerismo en la Patagonia. Aunque para gran parte de la población, el conflicto mapuche sucede lejos y no tiene relación con la vida cotidiana, la disputa nacional tiene replicas concretas en el territorio. Alguien leyó el resultado de las elecciones como un aval para salir del impasse y consumar el crimen de Garay.   

Las tierras que la comunidad mapuche busca recuperar son fiscales y fueron concesionadas durante la década del noventa a Rolando Rocco, un empresario al que en Río Negro le atribuyen conexiones con lo más alto del poder local. Los familiares de los jóvenes baleados suponen que los asesinos pueden haber sido policías de civil, como se solía ver al personal del COER, o enviados por Rocco.  

María Luisa, la madre de Cabrera, describió ante La Garganta Poderosa: “Nadie sabe cómo pasó, pero llegaron dos hombres a las tierras, dijeron que estaban cazando y que se habían perdido. Ahí, Gonzalo y Elías les contestaron que no podían cazar en esa zona, que debían retirarse. Enseguida, uno de ellos le disparó a Elías, y después gatilló su arma contra mi hijo. Yo no sé quién disparó, pero la responsabilidad de lo que sucedió es de los terratenientes y del Estado, que siempre los protege. La muerte de Elías se podría haber evitado si se hubieran sentado en una mesa a dialogar con nosotros. Se esconden detrás de la bandera argentina para seguir masacrando a nuestros pueblos, y para seguir vendiendo todos los recursos”. Algo similar había declarado hace un mes a elDiarioAR Soraya Maicoño, vocera de la comunidad mapuche. 

-Durante el gobierno de Macri murió Santiago Maldonado durante una protesta social y asesinaron a Rafael Nahuel. Con la llegada del Frente de Todos, ¿qué cambió para ustedes en el territorio?

-En realidad no cambió nada porque todo lo que se instaló en el gobierno de Macri se sostuvo en el gobierno nacional y popular. No hubo voluntad política de decir esto no corresponde, el Comando Unificado es un invento de Bullrich y no corresponde. Sin embargo, esas cuestiones de estigmatización y de acuerdos en contra del pueblo mapuche no fueron modificados con el gobierno de Fernández-Fernández. Cambió quizás que todavía no asesinaron a un mapuche más pero la tensión que hay en el Lof Quemquemtrew tiene que ver con eso. ¿Están esperando que pase lo mismo?

El crimen de Garay y las balas en el cuerpo de Cabrera sugieren que sí.