Exfuncionarios macristas rechazan la existencia de una supuesta red de protección a kirchneristas en la AFIP
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, y el extitular de la AFIP durante la presidencia de Mauricio Macri, Alberto Abad, negaron hoy la existencia de una red de protección a kirchneristas que denuncio el Gobierno de Javier Milei.
“Jamás armé una lista de protección de los K, sino que los denuncié”, aseguró Talerico, mientras que Abad señaló: “Es un insulto a quienes investigamos yendo a fondo”.
En declaraciones al diario Clarín, Talerico sostuvo que “Santiago Caputo está desvelado por ensuciarme y como han montado todo 'un aparato' para perseguir y operar a críticos del Gobierno salieron con esta burda mentira que esta vez, es fácilmente demostrable. Jamás armé una lista de protección a los K, sino que los denuncié”.
“El estilo de cooptación de organismos, medios y jueces, para replicar las costumbres kirchneristas, está en marcha y no dejaré de alzar mi voz, asumiendo los costos, para intentar corregir este desvarío institucional que nos hará daño como República”, agregó.
De una ignorancia alarmante, Santiago Caputo. Te asesoraron mal los kirchneristas con los que pactas la impunidad para CFK.
— Maria Eugenia Talerico (@eugetale) January 7, 2025
Fui Vicepresidente de la UIF, jamás tuve nada que ver con la AFIP.
Gracias @CarlosMaslaton por intentar ilustrarlos.
Pueden pedir disculpas, todo bien. https://t.co/yDi5HMQSYj
En Twitter, Talerico había posteado: “De una ignorancia alarmante, Santiago Caputo. Te asesoraron mal los kirchneristas con los que pactas la impunidad para CFK”, en alusión al jefe de la DGI, Andrés Vázquez, denunciado por la Coalición Cívica de Elisa Carrió por supuesto enriquecimiento ilícito y por haber ascendido a su pareja dentro del organismo. “Fui Vicepresidente de la UIF de Mauricio Macri, jamás tuve nada que ver con la AFIP”, añadió
Caputo lanzó un mensaje irónico contra la exfuncionaria a través de una cuenta que se le atribuye en X. “Hola @eugetale Nos quieren contar para que tenían armada esa lista de ”protección“ en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel de Recoleta”.
Abad, a su vez, rechazó la denuncia sobre la presunta existencia de una red de protección a empresarios kirchneristas dentro del organismo y consideró que esa acusación resulta “un insulto” para quienes investigaron al kirchnerismo en circunstancias muy adversas.
“Es falso, absolutamente falso”, afirmó a La Nación Abad, que planteó que regresó a la AFIP en diciembre de 2015 para revigorizar el organismo y corregir abusos que le endilgó a la gestión de su antecesor en el cargo, Ricardo Echegaray. “Las bases de información de la AFIP estaban totalmente infiltradas, con abusos de todo tipo. Se vendía y se filtraba información, que después se usaba para operaciones”, sostuvo.
“En ese contexto –abundó el exfuncionario- ordenamos proteger la información sensible sobre un abanico amplísimo de contribuyentes para que quedara registrado si algún funcionario o agente de la AFIP accedía a los datos de alguna de esas personas o empresas, y automáticamente se verificara si su acceso a esos datos estaba justificado o no”.
“Tengo colaboradores que recibieron hasta seis denuncias penales por investigar a la familia Kirchner, a Cristóbal López o Lázaro Báez, entre otros, ¿y ahora resulta que en realidad los estábamos protegiendo a todos ellos?”, preguntó. Abad fue terminante contra las afirmaciones del Gobierno. “Son un insulto a quienes trabajamos cuando había que trabajar e investigamos lo que había que investigar, yendo a fondo, pero sin quebrantar la ley, aunque ahora nos quieran adjudicar que ‘protegimos’ a tal o cual”.
El Gobierno de Javier Milei denunció este lunes que detectó una supuesta red de protección a empresarios kirchneristas dentro de la ex-AFIP, iniciada en 2016, que atribuyó a los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Según la versión que difundió el Gobierno, la cúpula de la AFIP liderada por Abad y Leandro Cuccioli –designados por Macri–, y de Mercedes Marcó del Pont y Carlos Castagneto –que los sucedieron durante la presidencia de Fernández–, fijó un sistema a partir de 2016 –en el gobierno de Macri– para “trabar” auditorías “sin razón formal” sobre contribuyentes, ya fueran personas o empresas, que fueran de “interés público”.
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