Gatillo fácil: los gobiernos de Larreta y Kicillof asumen la defensa legal de policías acusados de graves delitos

Lucas Cabello volvía de la panadería a su vivienda en la calle Martín García, barrio de La Boca, el 9 de noviembre de 2015. Se miraron mal con Ricardo Ayala, agente de la entonces Policía Metropolitana (hoy De la Ciudad). Cuando Cabello entró al pasillo del PH en el que vivía para dar por superado el asunto, Ayala le disparó a la cabeza. La víctima quedó cuadripléjica y el victimario fue condenado en 2019 a 16 años de prisión, aunque sigue libre a la espera de la confirmación de la sentencia.               

Varias cámaras de casas particulares y negocios registraron lo ocurrido a las 11.10 del 1 de octubre de 2019 en la calle Acevedo al 900, barrio de Villa Crespo. Claudio Romano, un remisero que una hora antes había dejado pasajeros en un sanatorio, bajó de su auto con las manos ensangrentadas, caminó hasta un patrullero y atacó con un cuchillo corto al conductor. Como respuesta, recibió disparos en sus piernas que lo dejaron tendido en el asfalto. Sin posibilidad de reincorporarse, el remisero hizo ademanes y arrojó el cuchillo a corta distancia. Con Romano inmóvil y desarmado en el piso, los tres policías que lo rodeaban lo mataron con disparos a la zona abdominal y al pecho. Todavía en funciones, los efectivos aguardan el juicio oral, que tendría lugar este año.

Jonathan Leonel Lloveras, un policía del Grupo de Apoyo Departamental Conurbano Norte de la Policía Bonaerense, mató a Leo Galeano con tres disparos; uno de ellos, con ingreso por la espalda. Fue el 13 de junio del año pasado. Lloveras dijo que Galeano, de 15 años, había intentado asaltarlo junto a un presunto cómplice. En esa calle de Villa Diamante, Lanús, no se encontraron más armas que la Bersa de Lloveras. El policía aguarda el juicio oral en libertad.

Primeros minutos del 18 de noviembre de 2021. Efectivos de la Bonaerense acudieron al llamado de un hotel de San Clemente, porque Alejandro Martínez protagonizaba disturbios. Tres horas más tarde, el hombre, un exempleado de una firma de limpieza, murió por asfixia en una celda de la comisaría Tercera de la ciudad de la costa de Buenos Aires. Desapareció la mochila en la que Martínez tendría 350.000 pesos. La autopsia reveló signos de tortura en todo el cuerpo de la víctima. La causa tiene once policías imputados.

Cabello, Romano, Galeano y Martínez son eslabones de una cadena interminable de casos caratulados como gatillo fácil que abarca cuatro décadas de democracia y se extiende de punta a punta del país, pero además comparten otra condición. Pese a que se trata de cuatro ejemplos palmarios en los que la violencia institucional quedó expuesta desde el comienzo, sus ejecutores o encubridores cuentan con abogados pagados por los Estados de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a documentos y testimonios brindados a elDiarioAR.

Roberto Raúl Alcalde, jefe de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia de CABA, informó a este medio que su oficina se ocupa de la defensa legal de Ayala (caso Cabello), Beatriz Manzanelli, Ramón Pérez, Daniela López (el remisero Romano) y Esteban Ramírez, el efectivo que mediante una patada en el pecho causó la muerte de Jorge Gómez, un hombre obeso que portaba un cuchillo y caminaba tambaleante, por el consumo de drogas, por una calle de Boedo el 20 de agosto de 2019.

Abogados de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) representan a la familia del adolescente Galeano y tienen como contraparte a letrados de la Policía Bonaerense que defienden a Lloveras, informó María del Carmen Verdú, quien dirige la organización.

En tanto, de los once imputados por el supuesto homicidio de Martínez en San Clemente, la Policía ejerce la defensa de tres agentes mujeres, informó una fuente del Gobierno proveedor provincial.

Los casos mencionados son apenas botones de muestra de una práctica generalizada e histórica, de acuerdo a testimonios de funcionarios, abogados penalistas y organizaciones de derechos humanos. Correpi se encontró a letrados de la Policía Federal del otro lado, apenas comenzó a actuar, cuando representó a la familia de Walter Bulacio, en 1991, un hecho emblemático de la impunidad del gatillo fácil. Más adelante, en los expedientes del incendio de Cromañón, en 2004, y el asesinato de Mariano Ferreyra, en 2010, los policías involucrados en los encubrimientos y otros delitos también tuvieron asistencia legal de la Policía, indicó Verdú.

Instituciones

Ciudad y Provincia de Buenos Aires tienen dependencias dedicadas a la defensa legal de policías ante acusaciones de delitos cometidos bajo la vaga definición de “ejercicio de su función”. En el distrito que gobierna Axel Kicillof actúa la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad y la División de Asuntos Judiciales, que ofrece asistencia jurídica a los policías en todos los fueros. El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta perfeccionó la estructura en enero de 2019 y creó la Dirección Autónoma de Asuntos Jurídicos, que incluye el Departamento de Asesoría Legal, con el mismo fin de su par bonaerense.  

El mismo esquema funcionó históricamente en cuanto a las fuerzas federales, según coinciden todas las fuentes, aunque Sabina Frederic, primera ministra de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, pisó el freno en ciertos casos. Por ejemplo, en marzo de 2020, primeros días de la pandemia, tres gendarmes “bailaron” a jóvenes que eludieron las restricciones a la circulación en la villa 1-11-14 de CABA. Frederic dispuso la separación de los efectivos y ordenó, vía la Dirección Nacional de Violencia Institucional, que la oficina jurídica de Gendarmería se apartara del caso. No obstante, esa política no se tradujo en una resolución ni llegó a plasmarse en una ley, como apuntaba Frederic, de modo que, por norma, los abogados de las fuerzas siguen actuando siempre que un gendarme, un policía federal, un prefecto o un policía aeroportuario es acusado de un delito. Es una práctica a revisar, dijeron en la cartera que hoy dirige Aníbal Fernández, sin más detalles.

El esquema determina que una burocracia estatal basada en la obediencia al superior jerárquico trabaje en la defensa o la impunidad de eventuales delitos cometidos por sus propios miembros

Se da así una situación absurda. Las familias de las víctimas de gatillo fácil, por lo general, de condición humilde, terminan abonando, mediante el pago de impuestos, parte de la defensa legal de quienes presuntamente asesinaron o dejaron lesionados de por vida a sus seres queridos. Además de la crueldad que supone, el esquema determina que una burocracia estatal basada en la obediencia al superior jerárquico trabaje en la defensa o la impunidad de eventuales delitos cometidos por sus propios miembros. La oficina jurídica, inserta en esa estructura piramidal, tiene a mano buscar testigos, procurar silencios y tender coartadas en beneficio de un imputado al que el Estado, lejos de proteger, podría tener que acusar.

Excepción

El asesinato del joven futbolista Lucas González en Barracas, en noviembre pasado, hecho que tiene tres procesados por homicidio agravado y once por encubrimiento, demostró hasta qué punto el gatillo fácil implica una cadena de complicidades que golpea las puertas de la jefatura del cuerpo. La investigación, de alcance inédito para casos de violencia institucional, deja a las claras cómo la fuerza, en lugar de intentar esclarecer el hecho, puso a comisarios, subcomisarios y agentes de calle a procurar la impunidad de quien efectuó el disparo, mediante la implantación de pruebas falsas, abusos y amedrentamiento de testigos.

Las excepciones a la regla fijada en el lábil criterio “en ejercicio de su función” son escasas. El homicidio de González alcanzó tal repercusión (por el involucramiento del mundo del fútbol, entre otras razones) que logró perforar el paraguas que parece proteger al Gobierno de la Ciudad en los medios de comunicación. A diferencia de tantos otros casos similares, el Ejecutivo de Larreta se vio forzado a deslindar responsabilidades como forma de contener daños.

Un vocero del Ejecutivo de CABA informó que ninguno de los tres imputados por el asesinato del joven de Barracas Central es defendido por un abogado del Ministerio de Seguridad, aunque dijo desconocer si alguno de los acusados de encubrimiento tiene la asistencia de la División de Asuntos Jurídicos. El comisario Rodolfo Ozán, jefe de la Comisaría Vecinal 4A, detenido tras haber quedado su voz registrada con la orden “vaya y busque lo que tenga que buscar para justificar esto”, sería el único que cuenta con la asistencia legal policial, de acuerdo a un abogado involucrado en la causa.

Diversas fuentes señalan que existen atajos cuando la intervención de la dirección de Jurídicos se torna inconveniente, ya sea por la publicidad/gravedad del caso o por la necesidad de un abogado mediático o influyente: las famosas mutuales o contratos pantalla de las fuerzas policiales suplen a veces la espalda financiera para afrontar honorarios caros.    

El combo de la mano dura

Los ministerios de Seguridad de Provincia y Ciudad comparten un abordaje de mano dura de la inseguridad, apuesta que incluye la reacción primaria de ponerse del lado de los victimarios. Cuando estaba a cargo de Seguridad, Diego Santilli consideró en un primero momento que el asesinato de Romano en Villa Crespo o el de Gómez en Boedo no fueron casos de violencia institucional. En 2015, María Eugenia Vidal colaboró con la difusión, que se demostró falsa, de que el policía Ayala había disparado contra Cabello por una cuestión de violencia de género.

Todo el Gobierno de la alianza Pro-UCR-Coalición Cívica, comenzando por el propio Mauricio Macri, abrazó la defensa de Luis Chocobar y encabezó la ofensiva contra dos víctimas de violencia institucional por razones políticas, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Cuando era secretario general de la Presidencia, en 2002, Aníbal Fernández es recordado por una primera reacción ante las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán que apuntó a un plan de “hostilidades” y de “lucha armada” de los piqueteros, aunque luego, cuando aparecieron las fotos de la matanza, cambió de postura.

Horas después del asesinato de Martínez en San Clemente, Sergio Berni puso en duda una primera autopsia que indicaba la hipótesis de las torturas seguidas de muerte. Un segundo peritaje, a cargo del Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora, ratificó y agravó las conclusiones. Semanas más tarde se produjo el asesinato del adolescente Luciano Olivera durante un control policial en Miramar. Esta vez, Berni tomó distancia, aunque ello no fue óbice para que el Ministerio de Seguridad provincial asumiera la defensa de los imputados hasta que los policías optaron por abogados particulares.

Dos caras

El Ejecutivo de Kicillof tiene dos caras ante la violencia institucional. Por un lado, la de Berni. Funcionarios de La Plata matizan que, en realidad, las puestas en escena del ministro quedan en lo mediático —como si ello fuera inofensivo—, y que sus segundas líneas tienen una perspectiva más respetuosa de la ley.

Como contrapeso del abordaje Berni, Kicillof tomó una medida efectiva en favor de las víctimas del gatillo fácil. Con el antecedente de las acusaciones estatales en crímenes de lesa humanidad, el gobernador de Buenos Aires habilitó, mediante un decreto del 26 de julio de 2021, que la Subsecretaría de Derechos Humanos se constituya en querellante en casos de violencia institucional. “La posibilidad de querellar en causas de abusos policiales por las que el Estado debe asumir responsabilidades nacionales e internacionales marca un hito en cuatro décadas de democracia”, señala Ignacio Álvarez, director de Violencia Institucional del Ejecutivo bonaerense.

Se da así la paradoja de que una parte del Gobierno de Kicillof litiga para condenar a policías que cometen violaciones de los derechos humanos, y otra parte del Gobierno de Kicillof pugna para lograr la absolución o, en el peor de los casos, la impunidad. 

SL