Walter Ricardo Bento, juez federal con competencia electoral de Mendoza, fue suspendido este miércoles de sus funciones por el Consejo de la Magistratura, el cual decidió promover su proceso de destitución por “mal desempeño” en el cargo. La decisión fue tomada por unanimidad durante un plenario de la Magistratura, presidida por Horacio Rosatti, en el que solo hubo una disidencia parcial en los 19 votos de los presentes.
El juez Bento es investigado en la justicia penal por ser supuesto líder de una asociación ilícita. Para llevar la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, que tendrá seis meses para expedirse. Para el proceso fueron designados los consejeros Eduardo Vischi, Roxana Reyes y Miguel Piedecasas.
La suspensión del magistrado fue votada por Rosatti, Vischi, Reyes, Piedecasas, Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Alejandra Provítola, Gerónimo Ustarroz, Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, Mariano Recalde, Hugo Galderissi, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez, Alvaro González y Vanesa Siley, en tanto que Alberto Lugones lo hizo con una disidencia parcial.
Bento, nombrado en el año 2005, también fue procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, debido a que se concluyó que su nivel de vida no coincidía con sus ingresos como magistrado. La medida fue confirmada por la Cámara Federal de Mendoza, que incluyó su prisión preventiva pero que el juez no cumplió por su cargo.
Al ser considerado líder de una asociación ilícita que cobraba dinero a imputados de narcotráfico y contrabando, el juez federal Eduardo Puigdéngolas sostuvo que Bento “en ejercicio de su función era el único que podía analizar, decidir, diagramar, coordinar y ejecutar el acuerdo ilícito y su correlativo beneficio judicial, valiéndose luego del aporte de los restantes miembros para su materialización”.
El consejero Piedecasas, al presentar el dictamen de la Comisión de Acusación, recordó que la Cámara Federal de Mendoza fue la que “puso en marcha” el caso contra Bento, quien tiene procesamientos por una decena de “graves delitos”. El documento fue finalmente aprobado esta tarde por el pleno.
Antes de la votación, el consejero por el oficialismo Tailhade pidió la palabra para remarcar que los miembros de su bloque “no pretendieron encubrir a nadie”, al criticar que “desde hace 20 o 30 días” fueron “víctimas de operaciones de prensa” en la provincia de Mendoza y a nivel nacional.
En tanto, el Consejo notificó a las cámaras correspondientes la suspensión y promoción del juicio de remoción del juez federal Bento, en notas firmadas por Rosatti. En las misivas dirigidas a los titulares de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, y la Cámara Nacional de Apelaciones de Mendoza, Manuel Alberto Pizarro, el juez supremo comunicó la determinación de “abrir el proceso de remoción” de Bento, “formular la acusación correspondiente” y “suspender en sus funciones” al magistrado federal.
Al tribunal con asiento en Mendoza, el presidente de la Corte Suprema de Justicia requirió que se notifique la suspensión a Bento y que “una vez efectuada la diligencia” y “dentro de la mayor brevedad posible”, se remita la respectiva constancia al Consejo.
Hace dos semanas, la comisión de Acusación del Consejo aprobó con el voto de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas, el inicio del proceso de destitución del juez mendocino, por el presunto mal desempeño en sus funciones.
En paralelo al proceso de la Magistratura, Bento enfrentará el próximo 26 de julio un juicio en su contra, donde se encuentra acusado de cobrar a presos por narcotráfico y contrabando a cambio de beneficios. En este complejo escenario, el mendocino ofreció su descargo en octubre del 2022 en dos etapas que sumaron más de 7 horas de exposición ante los consejeros, a quienes les dijo ser “inocente” y no haber cometido “ningún delito”.
Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a los consejeros, quienes aprobaron el proceso en la comisión con los votos de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas por “inconsistencias” en el dictamen.
“Nuestro bloque decidió no acompañar ese dictamen pero no se trató de una oposición al planteo acusatorio, mucho menos de un bloqueo y ni hablar de una defensa del magistrado, que claramente tiene que dar explicaciones”, señaló Tailhade. “El dictamen no estaba a la altura de la gravedad de los hechos”, amplió el también diputado y añadió que era “un dictamen acusatorio inconsistente, que no trató con seriedad la prueba que se produjo a lo largo de la investigación y que no refutó los argumentos de descargo que presentó Bento”.
Además del caso Bento, el plenario intentará acordar ternas para cubrir cargos en tribunales orales criminales y en juzgados de ejecuciones fiscales y tributarias.
LC con información de agencia Télam