Una de las libertarias que visitó a Astiz y otros represores responsabilizó a Menem: “No nos mandamos solos”

Respiran tranquilos los diputados libertarios que visitaron a un grupo de genocidas, entre ellos Alfredo Astiz. Este martes comenzó a discutirse en una comisión de la Cámara baja el polémico viaje del 11 de julio que hicieron los legisladores de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza, pero no hubo definiciones sobre si se conformará un cuerpo especial para investigar el episodio, si habrá sanciones para los involucrados o si se votará una resolución en repudio. 

La reunión de este martes en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que conduce Silvia Lospennato (PRO), le sirvió al oficialismo para comenzar a gestionar, en un ambiente controlado, la crisis abierta por la escandalosa foto que se tomaron seis de sus miembros con una decena de represores. Hubo fuertes cruces y chicanas entre los bloques sobre las distintas iniciativas para avanzar sobre la actitud de Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Lucía Bonacci. 

Sí sobrevoló en las intervenciones un aparente consenso de que Diputados no avalaría un proyecto de ley para morigerar las penas de los condenados por delitos de lesa humanidad, que habría sido el principal motivo del encuentro entre los diputados y el grupo de Astiz. Dicha iniciativa, igualmente, nunca fue oficializada en mesa de entradas por parte de LLA.

Una de las iniciativas presentadas en la comisión este martes fue la de la propia diputada Arrieta, quien ya había dicho públicamente que no conocía a Astiz –“nací en 1993”, argumentó– y que viajó “engañada” a Ezeiza, lo mismo que Bonacci. La legisladora por Mendoza insistió hoy con su estrategia de desmarcarse de la polémica, pese a que en la imagen que se tomaron en el salón de usos múltiples del pabellón carcelario aparece por demás sonriente. Nombró como responsable a su par libertario Benedit, pero fue más allá: acusó a Martín Menem de avalar la visita.

“Tanto el diputado Beltrán Benedit como también el presidente de la Cámara, Martín Menem, deberían dar explicaciones al respecto. No nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político”, aseguró Arrieta, sentada junto a Bonacci. Ninguno de los demás legisladores involucrados en la polémica se presentaron en la comisión este martes. “Se brindaron las herramientas para que esto sea una comitiva de diputados de la Nación para conocer las instalaciones del penal. Se me invitó, cumplí con mi deber, quiero pedir perdón a aquellos que se han sentido molestos con este accionar. La verdad es que no sabía”, dijo la legisladora. Incluso señaló que tiene que haber autorizaciones especiales para vehículos de gran tamaño.

Arrieta luego prefirió callar cuando desde el kirchnerismo le plantearon algunas preguntas puntuales sobre la visita, sobre todo por haber denunciado ante la Justicia una serie de chats donde se organizó el viaje, se menciona cierto aval de la ministra Patricia Bullrich y el rol del polémico cura Javier Olivera Ravasi. “¿Quién la invita a formar parte de los grupos de WhatsApp donde se gestó el grupo que visitó Ezeiza? ¿Quién le presentó a Ravasi? ¿Cómo fue el itinerario del vehículo? ¿Confirma que gracias a Bullrich ingresaron sin inconvenientes? ¿De qué se habló con los militares? ¿Recibió presiones de su bloque o en redes sociales para que no siga con el tema?”, la presionó Rodolfo Tailhade. La mendocina se llamó al silencio.

Ante la caja de Pandora que podría abrir Arrieta, desde el oficialismo hubo un intento de despegar al resto del bloque y al Gobierno. “Ratificamos la democracia y los derechos constitucionales. Los que cometieron delitos de lesa humanidad tienen que estar presos”, aseguró el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni. El cordobés rechazó el pedido para crear una comisión investigadora y cuestionó a la oposición de Unión por la Patria y la Izquierda que en varias intervenciones relataron los delitos de los que están acusados los genocidas a los que visitaron los legisladores: “Escuché una serie de hecho sobre personajes que le han hecho mal a la argentina que no tiene nada que ver sobre los diputados de LLA. No tenemos nada que ver con el pasado ni reivindicamos sus delitos”, planteó.

Los legisladores se encontraron cara a cara con los represores de la última dictadura Astiz (ex oficial de la Marina y quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet durante la dictadura), Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Antonio Pernías (miembro del grupo de tareas 3.3.2 en la por entonces ESMA), Gerardo Arráez (integrante del circuito represivo en Club Atlético, Banco y Olimpo), Honorio Carlos Martínez Ruíz (ex agente de la SIDE), Marcelo Cinto Courtaux (fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo), Juan Manuel Cordero (represor uruguayo), Mario “el Cura” Marcote (de la Patota de Feced en el Servicio de Informaciones, en Dorrego y San Lorenzo, en Santa Fe), Miguel Angel Britos (expolicía), Julio César Argüello (excabo en la Brigada de Investigaciones de La Plata) y Adolfo Donda (exoficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la exdiputada Victoria Donda).

Aliados de LLA en votaciones clave en el recinto, desde el PRO y la UCR también buscaron aclarar su posicionamiento sobre la visita a los genocidas. “Nosotros siempre, más que en los relatos, creemos en los hechos. En nuestros cuatro años no hubo un solo indulto ni se interrumpió un solo juicio. Que los condenados cumplan su condena”, dijo Lospennato. “Estos señores no tienen ningún derecho. Si hubiera un proyecto de reducir las condenas tenemos la posibilidad de decir que no lo vamos a aprobar y que en esta cámara no va a avanzar”, afirmó la bullrichista Silvana Giudici, pero rechazó que la salida sea desaforar a los seis diputados involucrados. 

“Repudio cualquier manifestación que explique o se entienda como apoyo o dispensa de responsabilidad de genocidas sobre los hechos cometidos que los tienen condenados de por vida”, aseveró la radical Karina Banfi, quien protagonizó un fuerte cruce con Mónica Schlotthauer, del FIT, porque cuestionó la ley de Punto Final de Raúl Alfonsín y también la intención que hubo durante el macrismo de computar 2x1 las penas. 

“No fue una visita a genocidas detenidos, es un plan para liberarlos. Hay que detener esta atrocidad”, insistió Vanesa Siley, de UP. “Quieren presentar a los genocidas como pobrecitos y octogenarios, pero están conspirando para sacarlos”, cuestionó el diputado del FIT Christian Castillo, y pidió citar a la ministra Bullrich para que dé explicaciones sobre cómo funcionó el Servicio Penitenciario Federal durante el episodio.

La agenda próxima de la comisión prevé una reunión a nivel de asesores el próximo viernes para organizar una serie de audiencias con organismos de derechos humanos, con los que Lospennato se entrevistó en las últimas horas. No hay miras para que se cite pronto a funcionarios o a los demás libertarios involucrados en el escándalo. En la comisión, el kirchnerismo cuenta con 13 de los 31 votos. Está lejos de lograr una mayoría para imponer un dictamen que luego se baje al recinto y que proponga armar una comisión especial para investigar el episodio y, eventualmente, sancionar a los diputados oficialistas.

MC/MG