Villarruel acusó a las “organizaciones armadas” de haber promovido el golpe de Estado

Poco después de que comenzara la desconcetración de la masiva marcha que en Plaza de Mayo repudio el golpe de Estado, la vicepresidenta Victoria Villarruel acusó a las “organizaciones armadas” como Monteneros y ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), de haber interrumpido el “orden constitucional”.

En una publicación en su cuenta de X, escribió: “Hoy recordamos una fecha que marca una época trágica para todos los argentinos: la interrupción del orden constitucional fogoneada por organizaciones armadas como Montoneros y el ERP, quienes agredieron con saña al gobierno democrático elegido por los argentinos”.

Con esta publicación Villarruel, una de las principales referentes de la avanzada negaciónista del gobierno de Javier Milei, vuelve a quitar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la instalación de la dictadura militar mas sangrienta de la Argentina y acusa a las organizaciones guerrilleras de golpistas.

Villarruel desplegó así su propia versión de la historia que desconoce el accionar de los represores. “El 24 de marzo de 1976 comenzó un gobierno de facto que se extendió hasta 1983, todo esto hace casi 50 años. Absolutamente todo lo sucedido en ese período fue juzgado y castigado con una visión sesgada de la realidad de los hechos”, sostuvo.

Sus dichos parecen ir a contramano de los datos de la propia justicia. Según informo la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde 2006, tribunales federales de todo el país dictaron un total de 340 sentencias por crímenes de lesa humanidad en las cuales fueron condenadas 1.197 personas. Y agrega que actualmente se están llevando a cabo 14 juicios, mientras que 63 causas se encuentran elevadas a juicio para tratarse en un debate. Y todavía siguen en la fase de instrucción otras 258 causas.

En la visión negaciónista de la vicepresidenta, “los terroristas amnistiados en 1973 continuaron desafiando a la Nación Argentina, atacando unidades militares, asesinando civiles, poniendo bombas y pretendiendo partir nuestro país al focalizar el conflicto en Tucumán”.

En otro tramo, Villarruel menciona a “civiles indefensos sin ninguna asistencia del Estado” y habla de unas supuestas “17.380 víctimas” de las organizaciones guerrilleras, aunque no menciona de donde proviene ese dato ni señala que sus crimenes no pudieron ser juzgados porque prescribrieron y las víctimas no reclamaron en la justicia.