Ahorcamientos en comisarías: abogados y peritos sospechan de la Bonaerense y señalan irregularidades en investigaciones
El 2022 no fue un buen año para los policías de las comisarías del distrito de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. El 16 de marzo, en el destacamento N°4, un detenido murió por causas que no se precisaron. Cuatro días más tarde, otra persona falleció de igual forma en la estación policial N°7 de esa localidad. Mientras que el 21 de septiembre, los oficiales encontraron a un hombre de 56 años ahorcado en la celda de la comisaría N°8.
Los policías de la localidad de Ezeiza no están muy lejos de esa situación. También en 2022, dos detenidos se ahorcaron en diferentes comisarías de su jurisdicción, al mismo tiempo que otro falleció en una tercera dependencia por causas que no fueron informadas. La policía de Quilmes también sufrió la singular “ola” de supuestos suicidios que dejó un saldo de 13 ahorcados en las comisarías bonaerenses durante 2022, la cifra más alta de los últimos diez años. Dos decesos con esta última modalidad, además de una tercera por “causas desconocidas”, ocurrieron aquel año en la ciudad cervecera.
Sólo entre 2022 y 2023, hubo 20 ahorcamientos en comisarías de la provincia de Buenos Aires, según refleja el Registro de Muertes en Comisarías de la Comisión Provincial por la Memoria y la Tortura (CPM), como informó elDiarioAR este domingo a través de su Unidad de Investigación (UDI), con el apoyo de CAPIR. Los mismos fueron informados como suicidios por los efectivos bonaerenses que encontraron los cuerpos en esas dependencias. Además, entre esos años, hubo otros ocho supuestos fallecimientos cuyas causas no fueron comunicadas al organismo de derechos humanos por parte de las autoridades judiciales y policiales.
Desde 2012, hubo al menos 88 muertes por ahorcamiento en comisarías bonaerenses y otras 73 por causas que no fueron informadas a la CPM. En el transcurso de este año, al menos cuatro detenidos fueron encontrados colgados en sus celdas.
De las 28 muertes ocurridas en los últimos dos años, al menos 17 fueron en comisarías clausuradas judicialmente o cauteladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es decir, destacamentos que no estaban en condiciones legales de alojar personas. En abril, según el último registro de la CPM, había 659 detenidos en 99 estaciones policiales clausuradas en la provincia.
Ahorcados
Muchas de estas muertes, sin embargo, presentan irregularidades que ponen en duda la versión policial del suicidio.
Para Rodrigo Pomares, abogado y director del programa de monitoreo territorial de violencia policial de la CPM, la cantidad de suicidios en lugares con vigilancia y control policial permanente como las comisarías es “preocupante”. “Hay personal policial abocado a esa única tarea y muchas veces no la cumplen”, señaló Pomares. “Incluso, cuando hay un único detenido en toda la dependencia, tampoco se lo supervisa”, agregó el abogado. Además, muchas de esas detenciones que terminaron en supuestos suicidios ─puntualizó Pomares─, ocurrieron en “circunstancias irregulares”.
Este último escenario que describe el integrante de la CPM ocurrió en los casos de Daiana Abregú (2022), Mauricio Castillo (2023) y Marcos Portela (2024), alojados en comisarías inhabilitadas o clausuradas. Al momento de su “ahorcamiento”, eran los únicos detenidos en las dependencias. La línea de investigación de los fiscales a cargo de sus casos coincidió siempre con la versión policial: los tres se quitaron la vida.
“Vemos que las hipótesis de los fiscales se centran muchas veces en confirmar la hipótesis del suicidio y no en la de indagar todas las posibilidades desde el inicio del caso, como pueden ser el homicidio o la falta de cuidado del personal policial”, aseguró Pomares. Cinco oficiales fueron imputados brevemente de homicidio en el caso de Daiana Abregú ─la joven de 26 años que fue encontrada “ahorcada” con su campera en la comisaría de Laprida en 2022─ pero sólo una fue llevada a juicio por “incumplimiento de su deber” durante el cuidado de Daiana. El resto de los policías volvieron a trabajar en la fuerza bonaerense .
“Hay una débil o nula aplicación de protocolos básicos para muertes bajo custodia estatal, como el de Minnesota”, afirmó el abogado de la CPM. El protocolo de Minnesota es un procedimiento internacional para fallecimientos bajo custodia estatal al que Argentina suscribe y que establece cómo deben ser las investigaciones en muertes potencialmente ilícitas en manos de las fuerzas de seguridad. Entre sus principales características ordena ciertos estándares para la preservación del cuerpo y el análisis posterior de las autopsias forenses. En esa línea, el propio Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia impulsó en 2001 la Resolución 1.390, que exige a todas las fiscalías de la provincia “brindar especial importancia a hechos delictivos vinculados con torturados y apremios ilegales”. Además, establece el apartamiento inmediato del caso a la misma fuerza que está siendo investigada.
En los casos de Daiana Abregú y Mauricio Castillo la misma Policía Bonaerense participó con distintas tareas en la investigación de sus casos. En el caso de la joven de Laprida, el primer fiscal del caso, Christian Urlezaga, usó a la policía científica bonaerense para la recolección de pruebas en la comisaría. Luego, el cuerpo de Daiana fue preservado en una morgue de esa misma fuerza antes de realizarle la primera autopsia. La propia Bonaerense confirmó la versión policial del suicidio, pero luego fue impugnada por no respetar los protocolos establecidos.
En el caso de Castillo, no hubo preservación del cuerpo en la ambulancia que lo trasladaba desde la dependencia de Lomas del Mirador ─donde fue hallado ahorcado a las pocas horas de su ingreso─ hasta la Asesoría Pericial de Lomas de Zamora. Según los oficiales de la División Morgue, la ambulancia, tras agarrar una cuneta, golpeó la cabeza de Castillo contra los fierros de la camilla, provocándole una herida cortante. El vehículo iba escoltado por un móvil de la comisaría bonaerense. Además, como demostró elDiarioAR este domingo, la testigo del supuesto golpe que sufrió el cuerpo es una efectiva de esa misma fuerza.
elDiarioAR consultó al ministerio de Seguridad, donde rechazaron enfáticamente que las estadísticas por ahorcamiento o causa desconocida fueran “importantes”. “Desde la Provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.
“Los fiscales no cumplen ni el Protocolo de Minnesota, ni la Resolución 1.390. O si lo hacen, es parcialmente”, señaló Augusto Infante, abogado y director del programa de litigio estratégico de la CPM. “Muchas dirigencias de esas mismas investigaciones las hace la policía de la provincia. No hay una rápida intervención por parte de los fiscales en el lugar del hecho, sino que muchas de sus acciones son delegadas a la misma fuerza sospechada, lo que dificulta el control de la escena del hecho”, dijo Infante.
Las dificultades de los fiscales para apartar a la fuerza bonaerense ocultan, muchas veces, fines “prácticos”. “Trabajan con ellos todos los días”, destacó el abogado. “Incluso los usan para la resolución de otros casos que tienen a cargo, dado que es una fuerza de prevención del delito. También les sirve para enviar notificaciones básicas o para averiguar la dirección de los domicilios de los testigos”, agregó Infante.
Protocolos
Para los abogados de la CPM, la preservación de la escena del hecho es “crucial” a la hora de esclarecer lo sucedido con un detenido en una comisaría, donde ─muchas veces─ el único testigo es la propia policía. “Hay errores iniciales que, en este tipo de muertes, condicionan prácticamente toda la investigación”, remarcó Infante. Para Pomares, los fiscales se transformaron en unos “delegadores” de la tarea de investigación en la policía u otras fuerzas. Ese escenario, coincidieron tanto Infante como Pomares, favorece siempre a la versión policial. Al respecto, elDiarioAR se comunicó con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia para conocer su posición pero en el organismo declinaron hacer declaraciones.
La respuesta estatal a esta problemática, señalan los abogados, es nula. En sus informes semestrales, el MPF no registra la tipología de muerte en las comisarías provinciales ni sus circunstancias. De hecho, sus números respecto a las muertes en dependencias bonaerenses no coinciden muchas veces con los del organismo de derechos humanos. “Sus registros de violencia institucional responden a un criterio diferente que no compartimos”, contó Infante. “Un caso de gatillo fácil, por ejemplo, lo inscriben sólo si se inició una denuncia formal y fue tomada por una fiscalía que lo haya registrado de esa manera”, puntualizó el director del programa de litigio estratégico de la CPM. Y agregó: “El 90% de los casos por violencia institucional que computa el MPF se archivan o desestiman”.
En estos casos, el ministerio de Seguridad bonaerense responde brindando representación legal a los oficiales involucrados en una muerte bajo custodia. El propio organismo financia la defensa de los policías a través de un patrocinio gratuito, como así también los peritos de parte encargados de analizar los exámenes forenses posteriores de las víctimas. elDiarioAR comprobó que el mismo médico, empleado del ministerio de Seguridad provincial, participó como perito de parte en al menos cuatro casos de ahorcamientos en comisarías que presentan irregularidades. El médico sostuvo en diferentes instancias periciales que Alejandro Martínez (2021), Daiana Abregú (2022), Nahuel Tasori (2023) y Sofía Fernández (2023) se quitaron la vida mientras estaban detenidos. En los cuatro casos, sostienen los abogados de cada víctima consultados por este medio, habría pruebas suficientes que demuestran lo contrario. “¿Por qué yo, siendo jubilado, tengo que salir a pagar un abogado y peritos de parte por la muerte de mi hijo y los policías que lo mataron tienen todo servido?”, se preguntó Ricardo Tasori, padre de Nahuel.
elDiarioAR presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del ministerio de Seguridad un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012, como así también las causas de esos decesos. Al cierre de esta investigación, no obtuvo respuesta.
El derecho de defensa de los policías implicados, afirmó el abogado Pomares, debe “estar garantizada por la defensa pública” y no en la financiación de letrados del mismo organismo que está siendo denunciado. “La misma órbita pública que luego puede ser condenada por violaciones a los derechos humanos es la que utiliza sus recursos para evitarlo a toda costa”, concluyó el integrante de la CPM.
En los casos relevados durante esta investigación, el organismo de derechos humanos intervino, en algunos casos, como particular damnificado de las víctimas, llevando adelante la querella de las familias. En otros, como en el caso de Marcos Portela ─detenido el 5 de febrero en una comisaría de Moreno y hallado ahorcado dos días después─, colaboró de forma lateral, solicitando algunas medidas de protocolo.
Incumplimientos
Más allá de que la investigación de la fiscalía coincida con la versión policial y concluya finalmente en que la muerte haya sido por un suicidio, para Pomares “hay otros delitos que deben ser investigados y juzgados”. “Desde la detención irregular hasta la falta de cuidado con el detenido, son acciones ilegales por parte de las fuerzas de seguridad que merecen ser esclarecidas”, afirmó el abogado.
La mayoría de las causas en las que se logra presentar pruebas concluyentes contra los policías son cuando intervienen organismos de derechos humanos como la CPM. “Pero no llegamos a estar en todos por una cuestión de magnitud”, dijo el abogado.
Desde 2012 hubo al menos 88 muertes por ahorcamiento en comisarías bonaerenses y otras 73 por causas que no fueron informadas a la CPM. Desde que comenzó 2024, al menos cuatro detenidos fueron encontrados colgados en sus celdas.
Vemos que las hipótesis de los fiscales se centran muchas veces en confirmar la hipótesis del suicidio y no en la de indagar todas las posibilidades desde el inicio del caso, como pueden ser el homicidio o la falta de cuidado del personal policial.
Patrones y sospechas
Lo primero que le llamó la atención fueron los pelos de la víctima entre los barrotes de la celda. Virginia Creimer, perito forense especializada en delitos contra los derechos humanos y ex directora de la Dirección de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, había sido convocada en 2022 por la CPM como perito de parte en la causa de Daiana Abregú. Cuando analizó las imágenes de la escena del hecho ─un procedimiento habitual en su tarea forense─ algo la conmovió. Los pelos de Daiana estaban prolijamente situados entre los barrotes de la celda en donde había atado la campera de jean que supuestamente usó para ahorcarse. Además, entre las paredes del calabozo, había un mensaje de “despedida” supuestamente escrito por ella misma.
“Hacía mucho que no veía un caso así. Un montaje casi perfecto”, afirmó Creimer a elDiarioAR. La especialista lleva 30 años investigando hechos de violencia institucional. “El lugar del hecho estaba armado de tal manera que cualquier persona distraída pensaría que fue un suicidio”, explicó la perito. “Daiana tenía una contextura mínima. ¿Cómo le haces tres nudos a tu campera de jean, la atas a la reja de la celda y te colgás sin que nadie vea nada?”, se preguntó Creimer.
Para la especialista, la fuerza bonaerense fue “sofisticando” las “escenas del crimen” con el tiempo. “La mutación que hubo desde el caso de Luciano Arruga es desestabilizante y grave”, señaló la perito. Se refiere al caso de Luciano Arruga, un joven de 16 años desaparecido durante cinco años, tras ser detenido y torturado en 2009 en una comisaría de Lomas del Mirador. La dependencia fue clausurada y trasladada a otra zona de la misma localidad. Allí, en 2023, fue encontrado ahorcado Mauricio Castillo. “Antes sacaban los cuerpos, ahora los dejan ahí un rato y después lo llevan rápido a las morgues para hacerles una autopsia favorable a la versión policial”, dijo la perito. “Hay casos que son calcados”, destacó. “Las muertes se producen rápidamente. A veces pasan sólo horas (desde el momento de la detención). Y la policía bonaerense actúa de forma irregular junto a fiscales que no investigan”, señaló Creimer.
Fabián Quintero ─antropólogo, investigador y director del programa forense que se dicta en la Universidad de La Plata (UNLP)─ también fue convocado por la CPM en la causa de Daiana Abregú. Quintero se encargó del análisis de los modos de construcción de la información en la investigación por la muerte de la joven de Laprida. En especial, el antropólogo forense analizó la prueba mecánica que la Unidad de Criminalística de Alta Complejidad (UCAC) de la Policía Federal impulsó por pedido de la defensa de los policías imputados. En esa instancia, la UCAC confirmó que la campera resistía más de lo que la joven de Laprida pesaba, avalando la hipótesis del suicidio. Para Quintero, sin embargo, esa prueba “estuvo mal hecha”. “No se aplicaron los estándares internacionales para la metodología de su medición, como las normas ISO establecidas para las prendas”, explicó el especialista. En los informes de la UCAP, dijo Quintero, no se brindó una descripción detallada del método de ahorcamiento. “Solo se describe que el cuerpo fue encontrado sentado con una campera de jeans alrededor de su cuello, con tres nudos sujetos a la parte superior de la reja de la celda”, señaló el perito forense
El método de ahorcamiento, afirmó el antropólogo, debe coincidir con la causa de muerte, que en este caso se dirime entre la “asfixia mecánica por sofocación” (en el caso del asesinato) y la “asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca” (en el caso del suicidio). “Ellos hicieron una pantomima. Tomaron la prenda, enroscaron la parte de adelante y la parte de atrás de la manga, y solo hicieron tracción sobre la parte de arriba”, detalló Quintero.
“La resistencia de una prenda es heterogénea. No en todos los lugares resiste de la misma manera”, profundizó el investigador. “Hay partes que son más sensibles que otras. Y esos lugares son los de la costura, la parte del sobaco. Porque allí no están soportados por la estructura de la trama de la tela, sino que son dos telas unidas”, agregó el investigador. Las pericias sobre la campera, concluyó Quintero, se hicieron sobre la parte más resistente de la misma, sin tener en cuenta la unión más débil de las costuras. “Nadie puede decir con exactitud qué extremos de la prenda usó la víctima para ahorcarse. Por eso era necesario que se midiera la resistencia de la misma desde diferentes tramos de la tela”, enfatizó el investigador.
Daiana tenía una contextura mínima. ¿Cómo le haces tres nudos a tu campera de jean, la atas a la reja de la celda y te colgás sin que nadie vea nada?
El antropólogo sostuvo, además, que las investigaciones se complejizan a medida que se suman “nuevas pericias” del cuerpo. “Primero porque no las están manejando los fiscales, sino las fuerzas de seguridad. Y lo otro que sucede es que los fiscales no tienen una visión integral de las mismas, sino que van descartando resultados periciales a medida que llegan otros nuevos”, finalizó el perito del caso Abregú.
En la misma línea, la perito en criminalística del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Silvia Bufalini, aseguró que la preservación de la escena del hecho es “tan importante como la autopsia”. “Si vos tenes un relevamiento del lugar del hecho deficitario o irregular, la autopsia no va a ser concluyente”, afirmó. Bufalini participó en casos icónico de violencia institucional como el de los manifestantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por la policía bonaerense en 2002 y el de Rafael Nahuel, un joven de la comunidad mapuche de Bariloche, muerto tras recibir un disparo por parte de un integrante de Gendarmería Nacional en 2017. “Si un fiscal no toma todos los indicios en el lugar del hecho, después confirmar si fue un suicidio o homicidio es algo temerario porque sólo va a ver la mitad de lo que realmente ocurrió”, sostuvo la perito.
Respecto a las muertes por ahorcamiento, Bufalini ve improbable un montaje de las escenas por parte de la policía. “El 70% de las muertes por asfixia mecánica son efectivamente suicidios”, precisó la especialista. “Es muy difícil montar una escena sin que luego se compruebe lo contrario en las pericias”, señaló. “Si se trabajó bien la escena del hecho y la investigación se hizo respetando los protocolos correctamente, se debería poder demostrar si un ahorcamiento fue en realidad un homicidio”, remarcó Bufalini.
Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
ED
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