El viernes 20 la Corte Suprema de Justicia anunció el reinicio de las actividades presenciales a partir del 1 de septiembre.Durante este tiempo los tribunales trabajaron, pero lo hicieron a velocidades diferentes. El fuero penal fue el que más se movió porque dirime cuestiones que tienen que ver con la libertad de las personas y con los delitos del poder. En el contencioso administrativo, que es donde normalmente recurren las empresas y los políticos para litigar contra el gobierno, la actividad también fue importante. Sin embargo, en otras áreas la lentitud crónica del poder judicial se combinó con el parate y los derechos de los ciudadanos se encogieron. Me refiero a los despedidos que no cobraron sus indemnizaciones, a los jubilados que vieron sus juicios paralizados, a las cuestiones de familia que siguen esperando, a los pequeños comerciantes que no pudieron cobrar sus deudas, a las víctimas de la inseguridad y de la violencia institucional que esperan justicia.
El Estado, por ejemplo, no dijo aún qué pasó con Facundo Astudillo Castro. Ya transcurrió más de un año de la aparición de su cuerpo sin vida. Facundo tenía 22 años y fue visto por última vez el 30 de abril cuando la policía lo detuvo en la ciudad de Mayor Buratovich en la provincia de Buenos Aires por circular durante la cuarentena dictaminada por el Gobierno a causa del COVID-19. También falta la explicación estatal de qué pasó con Magalí Morales, la mujer que fue detenida en San Luis en abril de 2020 por no llevar el DNI en plena cuarentena y que apareció ahorcada en su celda. Lo mismo sucede con los asesinatos de Luis Espinoza en Tucumán y el de Blas Correas en Córdoba a manos de la policía.
Bajo esas condiciones y en medio de una campaña electoral, la justicia se apresta a reabrir sus puertas. Pero hasta ahora ¿qué ofreció a los ciudadanos el poder del Estado al que el Presidente Alberto Fernández dedicó una parte importante de sus intervenciones institucionales frente al Congreso? Por ahora nada nuevo. La cámara de Diputados no discutió la reforma judicial después de la intervención del Senado, el cargo de Procurador General sigue ocupado interinamente por Eduardo Casal, el Consejo de la Magistratura no logró dinamizar las designaciones de nuevos jueces, tampoco enjuició a los que cargan con viejas denuncias en sus mochilas y no diseñó mecanismos de rendición de cuentas que permitan un poco de luz pública en los brumosos pasillos de los tribunales.
Mientras tanto, en los tribunales la oferta es básicamente la de las últimas décadas. La dirigencia política lleva sus problemas a la justicia y los magistrados los reciben sin prejuicios. Podemos leer los últimos movimientos de los tribunales en esa clave. El “Frente de Todos” alimenta con mucho entusiasmo el affaire de las armas y municiones que llegaron a Bolivia desde nuestro país en medio de un golpe de Estado. También denunciaron el cumpleaños de Elisa Carrió en diciembre del 2020. Desde la otra vereda, “Juntos por el Cambio” primero apostó a judicializar el plan de vacunación; sobre todo en relación a todo lo que rodeó el frustrado contrato con Pfizer. Actualmente se concentró en la fiesta que se desarrolló en la quinta presidencial de Olivos en julio de 2020 para celebrar el cumpleaños de Fabiola Yañez.
Dejo a un costado el debate sobre si los protagonistas de los hechos cometieron un delito. Me interesa otro aspecto. Lo defino como “la maquinaria política y judicial en tiempo de elecciones”.
Es casi un clásico de las campañas: realizar denuncias para ganar visibilidad y usar la justicia como una herramienta para hacer política. Probablemente el significado jurídico de los hechos que se denuncian no sea una prioridad para nadie. Un indicador de ello lo proporcionan ambas veredas.Por el lado del “Frente de Todos” hay un interés muy especial por conseguir pruebas de la justicia de Bolivia e instalar que el macrismo participó del golpe de Estado. “Juntos por el Cambio” coloca en la agenda pública el cumpleaños en Olivos de una manera llamativa, porque la causa está en manos del juez Sebastián Casanello y del fiscal Ramiro González. Ambos son parte del elenco de Comodoro Py, aunque los hechos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires y de acuerdo con el procedimiento judicial la investigación debería estar radicada en los tribunales de San Isidro.
Según los politólogos German Feierherd, Guadalupe Muñoz y González Ocantos, en su paper aún no publicado “Witch Hunts? Electoral Cycles and the Judicialization of Corruption in Argentina” (¿Las brujas cazan?, ciclos electorales y la judicialización de la corrupción en la Argentina?), judicializar la política con denuncias de corrupción en tiempos de campaña puede lograr el efecto de empañar la reputación del opositor, pero también puede ser contraproducente para quien las realizan, especialmente si las denuncias son tan frecuentes. Los autores destacan que las mismas tienden a perder credibilidad y los votantes las ven como ‘oportunistas’.
Probablemente lo que estamos viendo es algo más que la judicialización de la política y la politización de la justicia. Quizá el tiempo fraguó una maquinaria político judicial que aparece con mucha intensidad en los momentos electorales. Y si ello hipotéticamente es así, cuando los ciudadanos votamos, elegimos algo más que representantes. A lo mejor sin saberlo del todo, se plebiscita una forma de ejercer el poder.
CDE
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