Son casi las diez de la noche del domingo del primer fin de semana tranquilo en meses, que parecen décadas, cuando empieza a circular un twit de Cristina Fernández de Kirchner: “he instruido a mi abogado para que recuse a los jugadores de fútbol”. Los jugadores de fútbol son Diego Luciani y Rodrigo Giménez Uriburu, el fiscal y uno de los tres jueces que intervienen en la causa en la que la vicepresidenta está más cerca de una condena que, dijo, ya está escrita. De acuerdo con información que se conoció el fin de semana, ambos jugarían en un mismo equipo de fútbol, junto con otros judiciales y personajes de la política.

El daño de esta foto es difícil de calcular. La legitimidad del Poder Judicial, que ya repta en el fondo de las encuestas de opinión pública, sufre un nuevo golpe. Si la vicepresidenta fuera condenada, ya no importarán las pruebas ni las leyes: para una buena parte de la población, habrá sido condenada por dos amigotes que se pusieron de acuerdo en un entretiempo. Y todo esto pasa independientemente de quién tiene razón.