El Ejército colombiano mató a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 para inflar las estadísticas, según un tribunal

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó a 6.402 las víctimas de “falsos positivos”, como se conocen en Colombia a los asesinatos de civiles a manos de militares que los presentaban como guerrilleros muertos en combate entre 2002 y 2008.

“La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, estableció este jueves la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal.

Los “falsos positivos”, el Caso 3 de la JEP y uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.

La Fiscalía investigó cerca de 5.000 casos de “falsos positivos” que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y por los que fueron condenados sólo algunos soldados o suboficiales.

La JEP reconoce que la cifra anunciada este viernes difiere de los datos de instituciones como la Fiscalía y señaló que “las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas”, periodo que coincide con la presidencia de Álvaro Uribe.

La JEP encontró que sólo entre esos años se registró el 78% del total de la victimización histórica, crímenes que se redujeron “drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009”.

Regiones priorizadas

La JEP anunció además que priorizó seis zonas del país en las que se cometieron la mayor cantidad de estos crímenes. En Antioquia (noroeste) ocurrió el 25% de los casos y en esa zona la IV Brigada del Ejército Nacional podría ser la responsable del 73% de las muertes.

En la región del Caribe la JEP identificó el 7,3% de los casos y tendrá prioridad la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del departamento del Cesar y el sur de La Guajira “que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 'La Popa'”.

En el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, la mayor cantidad de víctimas se dio en la región del Catatumbo y la Segunda División se encuentra dentro de las cuatro del Ejército Nacional responsables de cerca del 60% de los casos.

Según la JEP, en el Huila (sur), “la Quinta División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, se caracterizó por un incremento sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso”.

Los casos de Casanare (este), donde la Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto, la JEP determinó que entre 2002 y 2008 la tasa de víctimas fue la más alta en toda Colombia, con casi 12 por 100.000 habitantes.

Finalmente, en el departamento de Meta (centro) el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla Pantano de Vargas” presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2005.

Fenómeno macabro

La JEP abrió el Caso 3 después de recibir numerosos informes de fuentes como la Fiscalía General que había determinado que este macabro fenómeno aumentó de manera sustancial a partir del año 2002, tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008 e involucró, presuntamente, a integrantes de las Fuerzas Armadas con posiciones de mando y altos rangos que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos.

Las víctimas de “falsos positivos” fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se repitió en zonas urbanas, en personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, trabajadores irregulares, personas sin hogar e incluso con diversidad funcional.

Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso, han testificado el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército; el general retirado Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; así como 51 soldados; 38 suboficiales; 32 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes); 10 oficiales con rango de Mayor, y siete con rango de coronel.

Gracias a estas diligencias, la JEP ha podido recuperar los cuerpos de 71 personas que presuntamente habrían sido presentados de manera ilegítima como bajas en combate por parte de agentes del Estado en el departamento de Antioquia.

El 17 de febrero de 2020 la Jurisdicción entregó a sus familiares el cuerpo de Edison Lezcano Hurtado, un joven de 23 años, el primero en ser identificado de los restos exhumados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia). Lezcano Hurtado, a quien sus familiares buscaron durante 18 años, era un agricultor y padre de tres hijos cuando fue asesinado por miembros del Ejército.

Además, el pasado 10 de noviembre los restos de otras cuatro víctimas del conflicto armado, entre ellos dos menores de edad, fueron entregados por la JEP a sus familiares en una ceremonia solemne.