La otra cara de los Juegos Olímpicos de París: desalojos de personas sin hogar y trabajadores sin papeles en las obras

En la localidad de Île Saint Denis, en la banlieue norte de París, unas 400 personas vivían en una antigua cementera, reconvertida en edificio de oficinas y después abandonada. La mayoría eran refugiadas, solicitantes de asilo o migrantes en situación administrativa irregular. Hace un año, en abril de 2023, fueron expulsadas por la policía. El edificio se encuentra en los límites de la Villa Olímpica, que debe recibir a los atletas este verano europeo.

Fue la primera de múltiples operaciones de policía destinadas a desalojar diferentes puntos de la capital y sus alrededores en los que conviven personas sin domicilio. El 12 de diciembre le tocó el turno a las que vivían en un campamento improvisado en el Boulevard MacDonald del este de París. El 20 de marzo, a un centenar de migrantes, evacuados de otro campamento bajo un túnel, cerca del Sena. “Tienen 15, 16 años... Hay un centenar de menores no acompañados”, denunciaba la asociación Utopía 56 en una publicación en la red social X (antiguo Twitter). “No hay ninguna solución de alojamiento duradero prevista”.

En las últimas operaciones hasta la fecha, el 17 de abril se vació en Vitry-sur-Seine, localidad al sur de la capital, un alojamiento ocupado que daba refugio a 450 personas, gestionado por la asociación United Migrants desde 2021. El 23, la policía expulsó a las personas que vivían en una treintena de tiendas de campaña instaladas junto al Instituto del Mundo Árabe, en el céntrico Vº distrito de la capital.

Según las autoridades, estos desalojos forman parte de un programa de reubicación más amplio, impulsado por el Estado francés desde 2023, y que se prolongará hasta finales de este año. Aunque este periodo coincide con la preparación de los Juegos Olímpicos, el Ejecutivo francés negó rotundamente cualquier relación de causa-efecto. “Dada la saturación de alojamientos [de urgencia] en la región de Île-de-France, no todos pueden encontrar una solución. Y por eso, sin relación alguna con los Juegos, el Gobierno puso en marcha una política de descongestión”, declaraba hace unos meses Guillaume Kasbarian, el Ministro de Vivienda, en el Parlamento.

Pero desde hace meses varias asociaciones denuncian una voluntad de “limpieza social” en la región francesa, progresivamente vaciada de las personas que viven en la calle, en preparación para la llegada de turistas y deportistas para los Juegos Olímpicos, que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto. “Sobre el terreno, estamos viendo algunos efectos muy preocupantes de los preparativos de los Juegos en la región parisina: desalojos forzosos de personas que viven en viviendas informales e inseguras, alejamiento del espacio público de personas que viven en la calle o a las que se intenta invisibilizar”, denuncia un colectivo denominado Le Revers de la médaille (Reverso de la medalla) que agrupa a más de 80 ONG. Estas organizaciones se unieron para presionar a las autoridades para que las Olimpiadas dejen “un legado social positivo”.

Las autoridades se defienden señalando que, cada noche, el Estado gestiona unas 120.000 personas en centros de acogida de urgencia, solo en la región parisina. Y subrayan que el plan tiene por objeto descongestionar los servicios de la capital y que el traslado es voluntario. En la mayoría de los casos, los desalojos vinieron acompañados de una oferta de traslado y alojamiento provisional en uno de los centros habilitados en otra región francesa. Sin embargo, las ONG explican que, hasta hace unos meses, a las personas que no tenían vínculos con la región parisina se les ofrecía el realojamiento en otra ciudad, pero en aquellos casos en los que la persona tenía un trabajo en París, había iniciado sus trámites en capital o necesitaba un seguimiento médico, se proporcionaban soluciones locales. Ahora, denuncian, la única opción es el realojamiento en otra región o permanecer en la calle.

Además, la tendencia parece intensificarse: entre abril de 2023 y mediados de marzo de 2024, el Observatorio sobre expulsiones de asentamientos informales –impulsado por varias organizaciones sociales– contabilizó 33 desalojos de este tipo en la capital, frente a 19 en el mismo periodo del año anterior. En el conjunto de la región parisina, los desalojos de campamentos, casillas y locales ocupados se duplicó en cuatro años. Y todo ello en un contexto de aumento del número de personas sin hogar en la capital francesa: 3.500 personas fueron censadas en París durante la última 'Noche de la Solidaridad' –una iniciativa de asociaciones y autoridades para cifrar y conocer mejor a las personas que viven en la calle–, que se desarrolló el 25 de enero de 2024. Es decir, 500 más que hace un año.

“Los centros temporales en las regiones solo son aptos para extranjeros recién llegados al país y sin vínculos formados”, dice la Federación de Actores de la Solidaridad (FAS), que explica que muchas de esas familias que viven en campamentos o locales ocupados tienen trabajo, hijos en la escuela y vínculos con las asociaciones de la región parisina, por lo que se niegan a marcharse. Máxime si se tiene en cuenta que una vez que salen del centro temporal que se les ofrece, no se les dan otras soluciones.

Un legado social

Por esta razón, las organizaciones agrupadas en Le Revers de la Médaille piden a las autoridades una mayor implicación. Por un lado, temen que las expulsiones se intensifiquen aún más en las semanas previas a la llegada de los espectadores. Por otro, subrayan los problemas derivados de la organización del evento: en unos Juegos Olímpicos marcados por el riesgo de atentado se espera una multiplicación de controles de identificación por parte de la policía y la necesidad de certificados de acceso especiales para muchas zonas.

Las ONG explican que, aunque están organizando reuniones para informar sobre qué zonas deben ser evitadas, muchos migrantes difícilmente podrán encontrar alternativa a puntos neurálgicos como la Gare du Nord para desplazarse. De la misma forma, piden a las autoridades que se impliquen para garantizar que las distribuciones alimentarias puedan continuar. “Si París quiere presentar un aspecto magnífico este verano, no debe ser a costa de los más vulnerables”, afirman.

También proponen la creación de un Fondo de Solidaridad 'olímpico', apoyado por patrocinadores y sus fundaciones, al que puedan recurrir las asociaciones para apoyar la continuidad, la adaptación y la puesta en marcha de servicios sociales. “Pedimos a las partes implicadas en la organización de los Juegos que miren más allá de la organización del acontecimiento deportivo y velen por que los poderes públicos respeten los derechos humanos. La promesa de un legado social positivo y de unos Juegos inclusivos no debe ser solo un eslogan de comunicación”, advierte Paul Alauzy, coordinador de Vigilancia de Médicos del Mundo y portavoz del colectivo Le Revers de la Médaille.

Trabajadores desprotegidos y residencias requisadas

Las operaciones de expulsión de personas sin hogar no son la única polémica social que acompañó la preparación para las Olimpiadas en los últimos meses. En las últimas semanas, diferentes medios de comunicación se hicieron eco de que el Estado requisó varios alojamientos de estudiantes públicos, que a partir de julio deben ser usados por voluntarios y personas ligadas a la organización de los Juegos. Se estima que unos 2.000 estudiantes que pretendían conservar sus plazas en las residencias del Estado durante el verano –mientras realizan prácticas o trabajos temporales– deberán abandonarlas.

En este sentido, algunas asociaciones denuncian la “hipocresía” de que la candidatura de París para albergar los Juegos contemplase un compromiso para convertir el evento “en los primeros juegos inclusivos y socialmente responsables de la historia”. Uno de los elementos centrales para conseguirlo fue la Charte sociale (carta social), un documento de buenas prácticas –dentro de los parámetros de la legislación en vigor– que garantizase la seguridad laboral de todos los trabajadores en las obras de las infraestructuras olímpicas. Una forma de distanciarse de las denuncias que acompañaron las construcción de los estadios del Mundial de fútbol celebrado en Qatar.

Para presidir el comité de seguimiento de esta Charte social se eligió al exdirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT) Bernard Thibault y la empresaria Dominique Carlac'h, miembro de la patronal francesa (Medef). El pasado 25 de abril presentaron un primer balance de su trabajo, junto a representantes del comité organizador (Cojo) y de la empresa responsable de las estructuras olímpicas (Solideo).

En la presentación los participantes subrayaron que en las obras gestionadas por Solideo, es decir, las directamente ligadas a los Juegos, el número de accidentes laborales (180, 31 de ellos graves) es cuatro veces inferior a la media de las obras en Francia, y que no hubo que lamentar ningún fallecimiento por accidente laboral –estos datos no tiene en cuenta las obras ligadas a la ampliación de la red de transporte, o a infraestructuras gestionadas por el Estado y el Ayuntamiento de París, en las que fallecieron tres trabajadores–. Unos resultados que los organizadores explican con la creación de dos equipos de inspectores de trabajo exclusivamente dedicados a supervisar las obras de los Juegos Olímpicos.

No obstante, una vez más las personas en situación de mayor precariedad, en particular los trabajadores migrantes, quedaron excluidos de esa protección. Diversas investigaciones periodísticas de medios franceses como France Info y Libération documentaron el empleo de migrantes en situación irregular. En junio del año pasado, diez de ellos se decidieron a denunciar ante los tribunales laborales franceses una situación de “explotación” por parte de empresas subcontratadas y de varias grandes constructoras que participaron en las obras. Recientemente, el New York Times publicaba nuevos testimonios en este sentido que reflejan que las personas sin papeles desempeñaron “un papel más importante y arriesgado en la preparación de los Juegos Olímpicos” de lo que reconoce el Gobierno de Emmanuel Macron.

“Las prácticas que se encuentran en las obras olímpicas son las mismas que en cualquier otra parte del sector de la construcción”, admitía hace un año Bernard Thibault a Libération. “Pero tenemos un sistema de vigilancia un poco más desarrollado, con un comité presente en las obras, con personal permanente. Eso nos permite detectar algunos casos”.

AH/CRM