Cataluña anuncia un tope a los precios de los alquileres frente a la crisis habitacional

Cataluña será la primera comunidad autónoma española que regule el precio de los alquileres a partir de la Ley de Vivienda, aprobada en mayo de 2023. La medida se aplicará a partir de febrero. Lo anunció la consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, tras una reunión este jueves con la ministra de Vivienda de España, Isabel Rodríguez.

El ministerio da finalmente el visto bueno a la solicitud de la Generalitat para limitar el precio de las viviendas de alquiler en los 140 municipios que consideran tensionados –es decir con una oferta insuficiente de vivienda–, entre los que se cuentan las cuatro capitales de provincia y la mayor parte del área metropolitana de Barcelona. 

Uno de los principales escollos para empezar con la regulación en Catalunya, la única comunidad que lo ha solicitado formalmente, era que el ministerio no disponía todavía de un Índice de Precios con el que fijar los alquileres máximos. Según Capella, Generalitat y Gobierno trabajarán conjuntamente para adaptar este índice y que esté a punto en febrero.

El Ministerio de Vivienda, por su parte, confirmó los avances en una nota de prensa en la que especifica que el Índice estará publicado “a lo largo de febrero”. La otra discrepancia entre ambas Administraciones, y que tenía que ver con el cumplimiento de la memoria justificativa de la ley, también se resolvió, según fuentes del encuentro.

De esta forma, Catalunya recuperará un tope a los alquileres que tuvo en vigor durante un año y medio, aprobado en ese caso por el Parlament, y que el Tribunal Constitucional tumbó en marzo de 2022. 

Con unos precios del alquiler que superan los 1.100 euros de media en Barcelona y convencidos de los beneficios de la regulación, la Generalitat fue la primera administración autonómica que ya en verano trasladó al ministerio de Vivienda una solicitud para regular las rentas en 140 municipios. En esas poblaciones habitan el 80% de los catalanes.

Lo que establece la Ley de Vivienda es que en aquellas ciudades consideradas tensionadas los nuevos contratos de alquiler no pueden tener un precio superior al que estuvo vigente hasta entonces, a excepción de una actualización anual que no puede ser superior al 3% (o llegar al 10% si el propietario acredita obras de rehabilitación). En el caso de los grandes propietarios, además, el precio no podrá superar el que fije el citado Índice de Precios de Referencia, con lo que incluso se podría llegar a bajar una mensualidad si está por encima. 

Desde el Sindicato de Inquilinas han celebrado la medida, pero lamentan que “llega tarde”. Tal como ha recordado la portavoz Carmen Arcarazo, “el PSOE se comprometió a esto en 2019 y, desde entonces, los precios han subido un 18%”. En este sentido, ha alertado que “no es sólo importante garantizar que los alquileres no van a subir, sino que empiecen a bajar para que las familias puedan ganar oxígeno”.