Cómo llegó Venezuela hasta acá: del alzamiento de Guaidó a la nueva toma de posesión de Maduro

Nicolás Maduro resiste a las presiones internas y externas y se mantiene en el poder pese a las dudas sobre su legitimidad. El mandatario venezolano, que asumió la presidencia en 2013, juró este viernes el cargo y se asegura un tercer mandato hasta 2031 —tras una victoria electoral cuestionada dentro y fuera de Venezuela—.

Sin embargo, la crisis política e institucional venezolana se agravó en 2015, cuando el partido en el Gobierno perdió el control de la Asamblea. Desde entonces, Venezuela lleva una década inmersa en una crisis política en la que ha habido una autoproclamación, un intento de levantamiento militar, manipulación de la ayuda humanitaria, duplicidad institucional, sanciones, exilio y unos resultados electorales en duda.

2013: victoria y auditoría de actas

Maduro se convirtió en presidente de Venezuela tras ganar unas ajustadas elecciones presidenciales en 2013 contra Henrique Capriles convocadas tras la muerte de Hugo Chávez. Con una participación masiva de alrededor del 80%, Maduro ganó por una diferencia de 224.268 votos (1,49 puntos).

Sin embargo, Capriles dijo que no reconocía los resultados y que incluso él era el ganador, solicitando una auditoría de las actas. Los venezolanos emiten el voto de manera electrónica, pero las máquinas proporcionan un ticket que posteriormente el votante introduce en una urna. El recuento oficial se hace a través de los datos transmitidos al Consejo Nacional Electoral (CNE) por las máquinas, pero paralelamente se abre un porcentaje de esas urnas por todo el país para realizar una doble comprobación. La oposición pidió abrir el 100% de las urnas frente al 53% programado. El CNE aceptó y la revisión mostró una coincidencia del 99,98% con los datos oficiales. También se realizó una auditoría de huellas para descartar votos duplicados.

“El sistema electoral automatizado funcionó de acuerdo a lo que se esperaba a la hora de transmitir y contar los votos”, concluyó el informe de misión electoral del Centro Carter pese a las denuncias de Capriles. Un año antes, en 2012 aseguró que “de las 92 elecciones monitoreadas, el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”. El informe sí detectó desigualdades durante la campaña entre el Gobierno y la oposición. 

2015: empieza la batalla

En las elecciones legislativas de 2015, Maduro pierde el control de la Asamblea Nacional. Dos años más tarde, el Tribunal Supremo deja sin competencias a la Cámara y el Gobierno crea la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el objetivo de redactar una Constitución.

Considerando que el objetivo del presidente era tener una cámara legislativa controlada por el Gobierno tras haber perdido el control de la oficial, la oposición no participó en las elecciones de la ANC y la Constituyente asumió las competencias legislativas. Ambos órganos, uno controlado por el Gobierno y otro por la oposición estuvieron operativas lanzándose acusaciones cruzadas sobre su legitimidad. 

En diciembre de 2020, el Gobierno recupera el control de la Asamblea Nacional en unas elecciones marcadas por el boicot de la oposición y una elevada abstención (con una participación 40 puntos más baja que en 2015). Tan solo unos días después, el Ejecutivo disuelve la Asamblea Nacional Constituyente sin haber cumplido su objetivo inicial de reformar la constitución.

2019: Operación Guaidó

La Asamblea Nacional Constituyente aprobó en enero de 2018 un decreto convocando elecciones anticipadas presidenciales –el mandato de Maduro acababa en 2019–. La oposición boicoteó los comicios y Maduro arrasó con casi el 68% de los votos (aunque recibió más de un millón de votos menos que en 2013). 

A diferencia de las presidenciales anteriores, cuando hubo un 80% de participación, esta vez solo votó el 46% de los electores, la cifra más baja en décadas. La UE y EEUU denunciaron el proceso electoral. “No ha cumplido los mínimos estándares internacionales para un proceso creíble”, afirmó la alta representante.

La Asamblea Nacional, todavía controlada por la oposición, no reconoce las elecciones de 2018 y en enero de 2019 considera que el mandato de Maduro ha terminado. En una operación conjunta con Washington, el que era presidente de la Asamblea, el opositor Juan Guaidó, se autoproclama presidente del país. Una cascada de países, entre ellos la mayoría de la UE, sigue la estela de EEUU para intentar derrocar a Maduro.

Maduro no cede y permanece en el poder. Guaidó, los EEUU de Trump y la Colombia del conservador Iván Duque lanzan entonces una nueva operación para derribar a Maduro. A través de una gran caravana de camiones con ayuda humanitaria desde Colombia intentan medir y romper el apoyo de las fuerzas armadas al Gobierno. Aquel 23 de febrero ardieron algunos de los camiones –EEUU culpó públicamente al Gobierno de quemar la ayuda humanitaria, pero después se demostró que fue un accidente provocado por los opositores que intentaban romper la barrera policial–. Por último, en abril la oposición lanza su última maniobra, también con el apoyo de EEUU, con un conato de levantamiento militar que acabó en fracaso.

Mientras tanto, el Gobierno de Trump impuso una batería de sanciones que asfixió la economía venezolana: sufrió una contracción del 19,7%, 27,7% y 30% en 2018, 2019 y 2020 respectivamente.

2023: Acuerdo de Barbados

La operación Guaidó se hundió fracaso tras fracaso. Con el cambio de Administración, Joe Biden apostó por la negociación y presionó, por un lado, para que el Gobierno de Maduro aceptase celebrar unas elecciones justas y que la oposición, por otro, volviese a la vía institucional. Ambas partes firmaron el Acuerdo de Barbados para la celebración de unas elecciones justas en 2024 y, a cambio, EEUU levantó las sanciones que, según el think tank del Congreso de EEUU, “han exacerbado la crisis económica y humanitaria” en el país.

Cuando Biden alivió las sanciones en 2022, la economía venezolana creció un 6%. Los economistas Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot calificaron esta ronda de sanciones como un “castigo colectivo ilegal contra la población civil”. “Las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto de adultos como de y niños) y desplazaron a millones de venezolanos que huyeron del país debido al empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación”, escribieron.

Tras la inhabilitación de María Corina Machado, principal líder opositora, EEUU consideró que Maduro estaba incumpliendo el Acuerdo de Barbados y volvió a imponer sanciones, aunque dejando una puerta abierta para que algunas empresas puedan seguir haciendo negocio en Venezuela.

2024: victoria cuestionada

En julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral anuncia la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones con una participación del 58%. Según datos oficiales, el presidente habría obtenido un 51,9% de los votos (algo más de seis millones) frente al 43,18% de su rival Edmundo González. Sin embargo, el CNE, alegando un ataque cibernético, no desglosa los resultados por mesa y tampoco muestra las actas.

El Centro Carter, invitado una vez más como observador electoral tal y como estaba previsto en el Acuerdo de Barbados, concluyó que: “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. “El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”, añadió.

Maduro criticó duramente al Centro Carter, acusándolo de redactar el informe antes de las elecciones, pero tan solo una semana antes de los comicios, el ministro de Defensa, Vladímir Padrino, recibía a los observadores y señalaba que su visita era muy gratificante. “Le damos la bienvenida al Centro Carter, que tiene un prestigio ganado en todo el mundo y no solamente en tareas de elecciones, sino incluso de democracia y soluciones de conflictos”, señaló el ministro. “Por la seriedad que representa el Centro Carter en esta materia es por la cual el CNE los ha invitado para que nos acompañen en estos próximos comicios del 28 de julio”, añadió.

La oposición dice haber conseguido un alto porcentaje de las actas originales que emiten las máquinas de votación y que, según las mismas, Maduro ha perdido las elecciones. La jefa de la misión del Centro Carter, Jennie Lincoln, dice haber revisado los números de la oposición sostiene que Edmundo González ganó “con más del 60%”. También descartó la posibilidad de un ataque: “Empresas monitorean y saben cuándo hay denegaciones de servicio y no hubo una esa noche. La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital, y no por computadora. No han perdido data”.

Por su parte, la misión de observación de la ONU, también establecida en el Acuerdo de Barbados, criticó la falta de transparencia en el recuento: “El anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas”.

Mientras tanto, la misión de investigación de la ONU en Venezuela “ha determinado que el aparato represivo sigue totalmente operativo”. “Entre agosto y diciembre de 2024, las autoridades detuvieron al menos a 56 activistas de la oposición política, 10 periodistas y un defensor de los derechos humanos. Quienes ordenan detenciones arbitrarias e imposición de tortura u otros malos tratos, así como quienes las llevan a cabo, tienen responsabilidad penal individual”, declaró la semana pasada uno de sus miembros.