Organizaciones ciudadanas protestan en Perú contra la presidenta Boluarte
Organizaciones ciudadanas de Perú, especialmente del sur, llegaron este miércoles a Lima para participar de una nueva jornada de protestas para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el llamado a nuevas elecciones. También reclaman la condena de los responsables de las muertes que se produjeron en las movilizaciones por la destitución del ex presidente Pedro Castillo.
En la capital del país, pese al clima de tensión, la circulación de peatones y transporte público se desarrolló con normalidad, al igual que sucedió en las regiones de Puno y Arequipa. No fue este el caso de Huancavelica, capital del departamento homónimo, donde los manifestantes incendiaron la puerta de la sede de la Prefectura local y se generaron enfrentamientos con los policías que intentaban contener los disturbios.
“Expresamos nuestro rechazo a acciones violentas como las ocurridas en Huancavelica, donde se registraron quema de objetos fuera de la Prefectura Regional; hacemos un llamado a la calma de la ciudadanía, la violencia solo deslegitima el derecho a la protesta”, señaló la Defensoría del Pueblo vía Twitter.
Como consecuencia de las marchas, siete rutas de Perú se encuentran bloqueadas en Lima, Loreto y La Libertad, Ayacucho y Huancavelica, según informó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN). El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también informó restricciones en los aeropuertos de Lima, Arequipa, Cusco y Juliaca: sólo podrán entrar aquellas personas que presenten ticket de embarque y documento de identidad.
En este marco de movilizaciones, desde el Palacio de Gobierno, Boluarte instó a la población a manifestarse pacíficamente “sin generar violencia, caos, crisis, ni querer liderar el anarquismo en el país”.
Múltiples organizaciones sociales ya interpusieron una demanda constitucional contra Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por la presunta vulneración del derecho a la protesta durante la tercera “toma de Lima” en la que murieron 49 ciudadanos a manos de las fuerzas de seguridad. Este proceso también está dirigido contra los ministros del Interior y Defensa, Vicente Romero y Jorge Luis Chávez, el comandante general de la Policía Nacional, Jorge Ángulo, y el presidente del Congreso, José Williams Zapata.
Los demandantes consideran que esos funcionarios son responsables de los incidentes en tanto criminalizaron las manifestaciones y avalaron la violación de derechos humanos.
Con información de agencias.
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