Qué va a pasar en Brasil con Bolsonaro acusado de lesa humanidad por el Senado

Con un voto agriamente polarizado entre siete senadores a favor y cuatro que no callaron su virulento repudio, la comisión del Congreso brasileño que investigaba la gestión de la pandemia aprobó, con modificaciones, el informe  final que había dado a conocer una semana antes.  Los siete senadores piden que el presidente sea procesado, y condenado, por crímenes contra la humanidad, delitos comunes -empezando por el de máxima gravedad, homicidio- e infracciones político-administrativas sancionadas con la destitución. No sólo a Jair Messias Bolsonaro quiere ver la mayoría de la CPI destituido, encarcelado e inhabilitado. También espera sanciones penales para otras 77 personas, y para dos empresas.

Con la victoria del relátorio del senador Renan Calheiros llegaban a su fin las públicas labores de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) iniciadas seis meses atrás. Según las conclusiones de la mayoría, la actuación del gobierno federal ante la crisis sanitaria, en interacción con algunos militares, empresarios, médicos y prestadores de salud, fue decisiva para el crecimiento de la letalidad del Covid-19, que hizo que Brasil fuera por más tiempo el país latinoamericano con mayor tasa de mortalidad.  

Como su nombre lo delata, la CPI es una comisión parlamentaria del Congreso, cuyos integrantes pertenecen al Senado, cuya única función es investigar. Pertenece al Poder Legislativo: ni acusa como una fiscalía del Ministerio Público ni tampoco procesa o sentencia como un juzgado del Poder Judicial. El miércoles, una comitiva de la mayoría de la CPI Pandemia llevó el relatório a la Procuración General de la República (PGR) y al Supremo Tribunal Federal (STF). Es el procurador general Augusto Aras quien debe sopesar la solidez técnica, procesal y judicial, de los hechos y circunstancias que el relatório relata, y, de reconocer su valor probatorio, examinar si constituyen delitos, si son conductas delictuales, y aun en ese caso, si la tipificación penal sugerida por la mayoría de la CPI es la más adecuada. En un paso ulterior, deberá examinar si la responsabilidad por la comisión, o comisión por omisión, de esos delitos, corresponde a las personas a quien la mayoría de la CPI la atribuye.

En conferencia de prensa colectiva, a las puertas del Supremo Tribunal en Brasilia, a la salida de la Procuración, el senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la CPI, comentó un desiderátum expresado por el relátor al procurador durante la media hora de reunión que mantuvieron, a puertas cerradas. “Espero -dijo Calheiros a Aras (”con firmeza“, según Rodrigues)- que la premonición de Bolsonaro, que auguró que en un mes mi relatório queda archivado para siempre, no se vuelva vaticinio”.  El presidente no ve vínculo directo entre algo que él haya hecho, dicho, o dejado de hacer o decir y las muertes masivas por Covid-19 en Brasil; descree de que el procurador vaya a descubrir ese eslabón perdido: su sola opción será archivar el relatório, esa “payasada”. También su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, miembro suplente de la CPI (que lo incluyó entre los 77 cuyo procesamiento solicita), prevé que el procurador archivará ese relatório, “una pieza de ficción”, “instrumento legítimo del que buscó valerse el relator Calheiros para una venganza”.

Para el bolsonarismo, el relátorio es una fake news políticamente motivada. A quienes consideran que se trata de una oportunidad desaprovechada y de un texto política y mediáticamente poderoso aunque jurídicamente débil, arduo de salvar y sostener en sede judicial, se califica de oficialistas.  (En algún caso, como en el del ex presidente republicano de EEUU, Donald Trump, que el martes brindó su efusivo, nítido endorsement al gobierno brasileño, hay que decir que la calificación es merecida y acertada).Para la oposición, el relatório es un paso hacia el fin de la impunidad, hacia la restauración de la monarquía de la medicina en el reino de la salud pública okupado por el “curanderismo”. En un juego político donde a cada jugada precedió el cálculo del rédito menor de las alternativas descartadas, una eventual derrota del relatório, que el propio relator planteó al procurador que debe dictaminar sobre el asunto, luce como una profecía autorrealizada. El temor es una expectativa.

Un lawfare al que nadie quiere llamar con este nombre

Augusto Aras fue colocado por Bolsonaro al frente del Ministerio Público. A puertas cerradas , Calheiros le dijo en la cara al procurador  que él entiende qué debe inferir, que la ilación de las secuelas no se le escapa. Sabedor de que minutos después la franqueza de su coraje civil sería comunicada a los medios por el VP de la CPI. No sin delicadeza, el senador de Alagoas se incorporó a la rueda de prensa recién cuando el senador de la Guayana Portuguesa ya había transmitido a los medios foto y pie de foto del futuro: qué iba a ocurrir, y cómo había que interpretarlo. En 30 días el procurador general debe expedirse específicamente sobre aquellas personas que la mayoría de la CPI llama delincuentes, pero que tienen la protección jurisdiccional de un fuero (como presidente y funcionarios y legisladores). En los restantes casos, la decisión es en el ámbito de la Justicia ordinaria.  

Si Aras archiva el relatório, por fundados o minuciosos que sean sus argumentos, la opinión del procurador, autoridad competente, vencerá, pero no convencerá.  El suyo será considerado un dictamen políticamente motivado. La cruzada Lava Jato del juez federal Sérgio Moro estaba guiada por la fe de que combatía a la corrupción en el Brasil: cada proceso era el medio que aseguraba a la opinión pública que esta vez no habría culpables que evadieran el castigo. Hoy Lula y Dilma recuperaron su prístina inocencia, por sentencias de las más altas instancias colegiadas de la Justicia dejaron al descubierto la nulidad absoluta del lawfare del magistrado de Curitiba. Todo parece indicar que el efecto y las consecuencias de la CPI serán en la esfera política. El plan B de un sector de la mayoría de esta CPI sin mujeres es iniciar una acción directa ante el STF. Los senadores lo harían en nombre de las víctimas, o acaso de la mano de una asociación que las nuclea (AVICO). El consenso mayoritario de juristas duda acerca de la constitucionalidad del tal recurso. Por lo pronto, antes de presentar el informe, en el Senado habían dispuesto la construcción en Brasilia de un Memorial a las víctimas del exterminio de la pandemia.

Para que el Procurador dé curso al pedido de la mayoría de la CPI, y no lo archive, debería aceptarse al menos como verosímil la hipótesis previa de que, para determinadas circunstancias local y temporalmente delimitadas en el curso de la gestión de la pandemia,  se hubiera podido determinar que las muertes por Covid-19 fueron muchas más de las que habrían sido sin determinantes políticas específicas del gobierno federal. Una vez allí, para que los hechos narrados por el relátorio constituyan los delitos y crímenes en cuyos respectivos tipos penales la mayoría de la CPI los clasifica y distribuye, y no calamitosas decisiones o indecisiones administrativas de un gobierno federal desinteresado o desanimado o equivocado al brindar su respuesta a la crisis, tendría que resultar sustentable la conjetura del dolo de Bolsonaro, coautores, cómplices y encubridores,  dice a CNN la jurista conservadora Thaméa Danelon, ex profesora de Derecho Procesal Penal y ex integrante de la célula paulista del Lava Jato. Especialmente, en el delito de homicidio y en el crimen contra la humanidad de exterminio. Hay que creer que el presidente quería que murieran brasileños, o que a sus acciones la guiaba el designio de extinguir un grupo étnico, una raza, una religión, o que se representaba ese asesinato colectivo, y le era indiferente.

Otro tanto ocurre con la difusión de noticias falsas por las redes sociales, por la que son acusados como homicidas dos hijos de Bolsonaro. Aun antes de asignar las responsabilidades, no es fácil ofrecer una caracterización válida de las conductas. Hay que creer que los Bolsonaro Jr descreían de la verdad de las informaciones que comunicaban y de la conveniencia de las conductas que preconizaban: que sabían que eran falsas o dañinas, y que sin embargo las difundían adrede por las redes haciendo pasar por cierto lo falso y por beneficioso lo perjudicial o fatal. Tiene que constar que la credulidad ante esa catarata de mentiras fue tan irreflexiva como para ocasionar la muerte por Covid-19 de personas que de otro modo habrían sobrevivido. Esto es especialmente complejo, habría que admitir que causa o concausa de la muerte fueron las mentiras: hay mentiras que matan, no el coronavirus, la enfermedad, las comorbilidades.  Según el médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, ex-presidente de Anvisa,  Bolsonaro y su prole “sólo revelan ignorancia al usar fake news extranjeras sobre vacunas”.

El procurador general decidirá sobre los delitos penales por los que el relatório pide procesar a Bolsonaro. Sobre los crímenes contra la humanidad, la jurisdicción es internacional. La decisión de avanzar o de archivar el pedido de estos siete senadores brasileños corresponderá al Tribunal Penal Internacional de La Haya (CPI). Dos crímenes imputan al presidente: “actos inhumanos que afectan gravemente la integridad física o la salud física o mental” (por difundir como positivos los resultados fraudulentos de una investigación privada no autorizada por la Conep sobre el uso de hidroxicloroquina como presunto tratamiento precoz viable para el Covid-19) y “actos de exterminio” de la población indígena configurados por “acciones u omisiones intencionales” “con vista a causar la destrucción”. Según comenta desde Ginebra el columnista de UOL News en temas judiciales Jamil Chade, harían falta años para que se iniciara un proceso en el Tribunal Internacional, “que tiene otros ritmos que los vertiginosos” de la CPI.

El presidente del Senado quiere ser presidente

El martes 27 de abril en que la CPI fue puesta en funciones murieron 3000 personas por Covid-19. El país registraba 395 mil muertes por la pandemia. Sólo el 14% de la población había recibido una dosis de alguna vacuna. Seis meses más tarde, hay 210 mil muertes más registradas. Pero mientras la Comisión sesionaba en el Senado y por tevé, aumentaba sostenidamente la tasa de inmunización -hoy al 74% de la población total de los 26 estados federales y Brasilia le fue inyectada al menos una dosis y al 55%, dos- y disminuían correlativamente los números de contagios, internaciones y fallecimientos. Con 212 millones de habitantes, Brasil registra un promedio diario de 300 muertes.

Con prescindencia de otros objetivos y funciones, la CPI de la Pandemia cumplió un cometido común a todas cuantas se formaron y actuaron en la historia de la vida política brasileña: desgastar al gobierno en el poder. Su visibilidad fue altísima, si se juzga por el rating de la televisación en vivo y directo de sesiones de un dramatismo y una violencia verbal que no conoció letargos aunque sí despliegues de machismos y malos tratos. El triunfo político del Senado lo fue también en virtud de la aptitud que puso en evidencia para alejar del foco de la investigación a gobernantes y administraciones estaduales y locales.

Elegido en 2018 como candidato de un partido pequeño, actualmente sin afiliación partidaria (y por tanto sin bancada oficialista), durante 2019 Bolsonaro había hecho de esta peculiaridad una fortaleza y una reforma constitucional espontánea que redundaba en un régimen parlamentario de hecho, donde el presidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia era una suerte de primer ministro. Pero al año siguiente desapareció la excepcionalidad, y pasó a correr la suerte de todos los Ejecutivos de Brasil, rehenes del Congreso.

No es seguro que esta ofensiva de la CPI acreciente el caudal de votos del Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones presidenciales de octubre de 2022. En primera vuelta, según la encuestadora Datafolha, con un 38% el ex capitán del Ejército le sacaría un punto de ventaja al ex obrero metalúrgico mientras que en un balotaje se impondría por un punto con un 44% el candidato petista que busca su tercera reelección frente al 43% de Bolsonaro que aspira a una primera.

Seguras y explícitas son las intenciones del centrão del Congreso de obtener todavía más beneficios de su idoneidad para fijar la agenda de Brasilia y para retener la atención pública, ratificada por la CPI. El presidente de Senado, Rodrigo Pacheco, anunció que en las elecciones de octubre de 2022 será el candidato de una ‘tercera vía’ entre los polos hostiles del ex presidente y del actual presidente. Ya está armando su coalición electoral. Busca sumar apoyos entre esos partidos pega-tudo -como los del relator, el presidente y el vicepresidente de la CPI- para los cuales una candidatura presidencial era la más rara de las costumbres. Hasta ahora, en Brasil las negociaciones de un presidente electo con el Congreso empezaban a pie firme el día en que conocía su victoria. Ahora, quienes quieran calzarse la banda verde-amarelha deberán empezar mucho antes. 

AGB