La Iglesia y la mayor productora mundial de recitales planean demoler parte del Luna Park, pero hay resistencia

En 2013, la viuda de Tito Lectoure, Ernestina Devecchi, falleció sin hijos y para sorpresa de sus sobrinos le dejó en herencia el mítico estadio Luna Park, monumento histórico nacional desde 2007, a la Iglesia católica. Stadium Luna Park SA está bajo control del Arzobispado de Buenos Aires, a cargo de Jorge García Cuerva, y la Congregación Salesiana. Esta sociedad es la que el pasado 23 de octubre firmó una carta de intención para concesionar por 20 años, con la opción de prorrogarlo por 20 más, el estadio y ampliar su capacidad de los 8.400 espectadores actual a 14.030 –según consta en el contrato- con Live Nation Entertainment, la mayor productora mundial de espectáculos en vivo, y DF Entertainment, cuyo 51% pertenece a este gigante estadounidense y cuya minoría accionaria permanece en manos de su fundador, Diego Finkelstein.

Así se acercaría al aforo de su competidor el Movistar Arena, propiedad del diario La Nación y la productora australiana ASM Global, que compitió sin suerte por quedarse con el Luna Park. Pero el proyecto de reforma de edificio de 1932, de estilo art decó monumental, se enfrenta no sólo a la oposición de vecinos reunidos en la Fundación Ciudad y la asociación civil Basta de Demoler sino de uno de los dos gobiernos que deben autorizar la reforma, el porteño de Jorge Macri, con el argumento de que es un área de patrimonio histórico (APH). En el de Javier Milei por ahora guardan silencio porque la iniciativa no le fue presentada de manera formal.

En la página 4 del acuerdo, la Iglesia deja en manos de Live Nation y DF la responsabilidad de conseguir la aprobación de las obras por parte de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, y del Gobierno porteño. “Hasta tanto no se hayan obtenido las autorizaciones necesarias, el gerenciador no podrá proceder a demoler parte alguna del estadio”, aclara a continuación el convenio.

La palabra “demoler” asusta a quienes se oponen al proyecto. Pero en la página 13 se indica que “sabiendo que el estadio es un monumento histórico nacional, el gerenciador actuará en todos los casos con respeto a las obligaciones que dicho carácter impone”. También se aclara que el acuerdo está supeditado también a la aprobación del Vaticano, allí donde reina un porteño conocido, el papa Francisco.

La carta de intención presenta varios anexos, entre ellos el “diseño conceptual del estadio” a cargo del estudio de arquitectura de Enrique Lombardi. Allí se expresa que “si bien el edificio perimetral será conservado por haber sido declarado patrimonio histórico nacional, el proyecto prevé la construcción integral de una nueva obra interna que cumpla con todos los requisitos de un estadio moderno respetando la historia del lugar”. “Para esto se ha contemplado el aprovechamiento del espacio del espacio subterráneo y aéreo disponible a fin de optimizar la utilización de las instalaciones”, continúa el folleto.

Allí se adjuntan planos del futuro estadio, con dos pisos más para contener más público y tres subsuelos, uno para bajar el piso, y otros dos crear un estacionamiento. Se habla de forma expresa de “movimiento de gradas y campo” para lograr la mayor capacidad.

“El proyecto contempla como complemento para el público que arriba en automóvil la construcción de cocheras en dos niveles”, prosigue el anexo.

“En resumen, el proyecto contempla generar un edificio estructuralmente independiente a la edificación perimetral existente. En cuanto a la cubierta, será sobreelevada 4 metros respecto del nivel actual para poder albergar el desarrollo en altura de las gradas superiores. Se realizarán obras diversas para puesta en valor de las fachadas existentes, refuncionalizando accesos tanto para equipos de montajes como así también las cantidades y dimensiones de puertas de ingreso y egreso del público acordes a las capacidades proyectadas según normas”, continúa el proyecto, en un apartado que provoca resistencia porque se habla de forma precisa de cambiar las entradas del mítico estadio donde fue velado Carlos Gardel, se celebró el mayor acto nazi en Latinoamérica, se conocieron Juan Domingo y Eva Perón, se disputaron célebres peleas de box, se organizaron recitales de artistas locales e internacionales, el último acto político de Néstor Kirchner y la presentación del último libro de Javier Milei.

La idea de ampliación de Luna Park fue publicada en diversos medios a principios de noviembre. Eso provocó que la Fundación Ciudad, que preside Andreína Luca de Caraballo, y Basta de Demoler, que encabeza Ana Bas, mandaran el 25 de ese mes cartas conjuntas a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y al Gobierno porteño para manifestar la “preocupación y alarma por las perspectivas de demolición de las instalaciones” de este edificio protegido por ambas partes.

“Implica el cierto riesgo de demoliciones o alteraciones que afecten su integridad, morfología y carácter, reemplazando el emblemático estadio por uno distinto y ajeno a la identidad que lo caracterizó desde su construcción”, dicen las cartas enviadas a las autoridades.

Este 8 de diciembre Luca de Caraballo y Bas publicaron una carta de lectores en La Nación que se tituló SOS Luna Park: “Implicaría alterar sustancialmente su identidad, integridad, volumen, morfología y carácter, al incorporar cambios en la fachada, en la estructura y en el interior, agregando nuevos niveles tanto subterráneos como en altura. De concretarse el proyecto del nuevo concesionario, se estarían violando las normas de protección patrimonial e histórica, tanto nacionales como del ámbito de la ciudad. Es deseable y posible modernizar y actualizar el Luna Park para que prospere y sea un estadio modelo a nivel mundial, manteniendo la morfología relacionada con su capacidad máxima de 8500 espectadores y sin violar las normas de protección patrimonial”.

El consejo de administración de la Fundación Ciudad se completa con Patricio Cabrera Felisoni, Juan de Luca, María Palacio Posse de Pacheco y Germán de Elizalde. La comisión directiva de Basta de Demoler, que en su momento se enfrentó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, está integrada también por María Carmen Arias Usandivaras, Mauro Sbarbati, Cristina Ferro, Patricio Cabrera, Carlos Blanco, Santiago Pusso, Roberto Bonifacio, Yamila Rambaldi, Christian Riccio y Rodrigo Ruiz Ciancia.

Por ahora, Live Nation y DF no presentaron pedidos formales para iniciar la obra ante los gobiernos de Milei y Macri. Sin embargo, ya ha habido consultas informales. Y reacciones. “La respuesta que se les dio es que hoy no se podría hacer lo que se plantea, entre otras cosas porque es patrimonio histórico”, responden en la Secretaría de Desarrollo Urbano, que encabeza Álvaro García Resta.

“La única alternativa sería que hubiera una ley (porteña) específica que lo permitiera, pero ese es un tema político y hoy no está contemplado en los planes de nadie ni tiene que ver con lo que se trató en la Legislatura sobre el catálogo permanente (de inmuebles protegidos)”, agregan en las huestes de Macri. No por nada los empresarios ya sondearon al presidente de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña, Edgardo Alifraco, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aliado de la Libertad Avanza.

En la Secretaría de Cultura de la Nación, que encabeza el empresario de espectáculos Leandro Cifelli, se limitan a responder que la Comisión de Monumentos Históricos “tomará intervención cuando se presente el proyecto de obra”. Nada más. Mónica Capano preside esa comisión, secundada por Alberto Petrina, Pedro Delheye, Rosa Aboy, Silvina Pedreira, Magalí Marazzo, Selva Battistiol, Andrés Mage, Juan Vacas y Gladys Pérez Ferrando, todos nombrados por el gobierno de Alberto Fernández en 2022.

Este cronista envió mensajes por Whatsapp para consultar sobre el contrato al director de comunicación institucional del arzobispado de Buenos Aires, el sacerdote Facundo Fernández Buils, y al empresario Finkelstein, pero no obtuvo respuesta. Live Nation y DF fueron los responsables de traer a la Argentina los diez conciertos de Coldplay, a los Rolling Stones, Taylor Swift, Harry Styles, Dua Lipa, Rosalía, Maroon 5 y al festival Lollapalooza. Fue la consultora norteamericana EY la contratada por la Iglesia para seleccionar al futuro concesionaria y la que eligió a estas dos productoras socias. Habrá que ver si el proyecto consigue concretarse.

AR/MG