“Esta medida duele”: víctimas de tragedias viales alertan sobre los riesgos de desregular el transporte de pasajeros

Esta semana el Gobierno reglamentó la desregulación del transporte automotor de pasajeros, permitiendo que cualquier persona con vehículo, seguro y VTV pueda prestar el servicio de transporte. Tanto gremios como organizaciones vinculadas a la seguridad vial encendieron sus alarmas.

“Mañana desregulamos las operaciones coronarias y cualquiera que tenga un bisturí en su casa, llenando un formulario por internet, va a poder realizar una intervención de corazón abierto”, comparó Diego Molina, de la ONG Conduciendo a Conciencia, con la medida anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El funcionario, a través de su cuenta de X, invitó a “quienes tengan vehículos grandes o pequeños a convertirse en proveedores de transporte”. Dijo que simplemente se debe informar “a través de un trámite remoto, vehículos, choferes y los recorridos que planifican hacer. Y listo, ¡A rodar!”

 “Sí, el ministro celebró la medida diciendo ‘a rodar’, pero lo que van a rodar son cuerpos”, ironizó Molina, familiar de una de las víctimas de la tragedia del colegio Ecos.

Diego Molina es el exesposo de Mariana Boye, la profesora que acompañaba a los alumnos del colegio Ecos en un viaje que tenía por finalidad realizar tareas solidarias en El Impenetrable, Chaco. El 8 de octubre de 2006, mientras volvían a Buenos Aires, a 200 kilómetros de Santa Fe capital, el micro chocó con un camión –cuyo conductor estaba en estado de ebriedad– que venía por el carril contrario. 

El chofer del micro, en lugar de disminuir la velocidad y detenerse en la banquina, realizó una maniobra imprudente: aceleró y dio un volantazo que provocó la colisión. Murieron los dos ocupantes del camión, nueve alumnos y la maestra, pareja de Diego. 

“Esta medida duele, vuelve a doler, porque hemos trabajado el dolor y lo colectivo para que estas cosas no vuelvan a pasar, y ahora retrocedimos muchísimo. Por eso es importante la capacitación y el profesionalismo, para evitar lo que ocurrió en aquel viaje. Es increíble, pero no se le da valor a la vida”, lamentó Molina quien, tras la tragedia del 2006 junto a otros familiares de las víctimas fundaron la ONG Conduciendo a Conciencia.

La desregulación del transporte implica que cualquier individuo con vehículo pueda ofrecer el servicio a pasajeros mientras se registre en forma online y gratuita y complete un formulario. De acuerdo a la normativa, luego de los cinco días hábiles se emitirá un certificado de alta. Además, se podrán establecer con total libertad los recorridos, itinerarios, horarios, precios, modalidades y duración. Sólo se exigirá requisitos básicos como el seguro y la revisión técnica vehicular. 

“Llenás un formulario y a los cinco días ya estás autorizado a trasladar vidas. Es una locura, ¿quién dice que yo estoy apto para semejante responsabilidad? Es triste y preocupante porque el Estado se desliga de toda responsabilidad sin importar si tiene antecedentes o si está capacitado”, advirtió.

Molina aseguró que desde la tragedia de Ecos, en 2006, ha habido avances en materia vial (creación de Agencia Nacional de Seguridad, Ley del Alcohol 0 en rutas nacionales y en algunas ciudades del país y “mayor concientización”). 

Si bien el número de víctimas fatales por año se ha mantenido (según la Dirección Nacional de Observatorio Vial en 2019, 2022 y 2023 hubo respectivamente 4.898, 4.712 y 4.403 víctimas fatales) con una natural disminución durante la pandemia (en 2020 y 2021 hubo 3.513 y 3.601 personas fallecidas), ahora se está experimentando un “retroceso” desde el plano cultural. 

“Nosotros estamos presentando en el Congreso con otras ONG un pedido para bajar la velocidad máxima de 60 a 50 en las avenidas y de 40 a 30 en las calles, porque eso nos cambia muchísimo la posibilidad de muerte ante un siniestro vial. Y de pronto te salen con esta situación. La verdad es que duele. Es un gran retroceso también desde lo cultural”, dijo y opinó que “la libertad tiene como valor inherente la responsabilidad, y esto último es lo que está faltando”. 

“No debería estar permitido ni para transportar animales”

El líder de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, solicitó recurrir al sentido común y señaló que “el chofer se diferencia de cualquier persona con otro oficio por su profesionalismo y experiencia en el volante”. “Para eso realizamos capacitaciones, en conjunto con los empresarios, que consisten en simulacros y cuestiones teóricas”, agregó.

El dirigente sindical consideró que la medida dispuesta por el gobierno nacional es “inconstitucional” porque viola distintas leyes laborales. “Es una mamarrachada”, dijo en diálogo con elDiarioAR. “La jornada laboral es de 8 horas y con esto podrías laburar todo el día; no se va a poder aplicar porque no se lo vamos a permitir y porque existen leyes laborales, y las leyes se tienen que cumplir”, argumentó. 

Fernández también cuestionó la posición de neutralidad de los empresarios del transporte que, hasta el momento, hacen silencio. “Es importante que definan una postura porque por ahora están a la expectativa de ver qué pasa”, dijo y sumó: “Las rutas ya están en mal estado, si le sumamos esta locura de que cualquiera puede dar servicio de transporte, se van a producir mayores tragedias”. “No debería estar permitido ni para transportar animales”, concluyó Fernández.

LN/DTC