Trump suspende la asistencia legal a los menores migrantes no acompañados: “¿Qué va a hacer una niña de dos años sin su abogada?”

Niños migrantes, algunos de a penas dos años de edad, se han quedado sin abogado ante los jueces de inmigración después de que la administración de Donald Trump haya suspendido la asistencia legal para los menores migrantes no acompañados. Entre los 26.000 menores no acompañados que se verán afectados por esta orden, se encuentran criaturas que han sido “víctimas de trata”, según han denunciado este miércoles organizaciones que brindan asistencia legal a este grupo. Todos ellos corren un mayor riesgo de ser deportados si se quedan sin abogado.

El martes por la noche el Departamento de Interior ordenó a los abogados financiados por el gobierno que debían “detener su trabajo de inmediato”. Tanto Florence Inmigrant & Refugee Rights Project de Arizona, como la Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) - la principal proveedora de servicios legales para menores no acompañados- han confirmado haber recibido el documento. El gobierno Trump ha recortado abruptamente el Programa de Niños No Acompañados, el cual está financiado federalmente y cuyos fondos son asignados por el Congreso. La principal función del programa es brindar asistencia legal a los menores no acompañados una han sido detenidos y entran en el sistema de inmigración, donde muchos corren el riesgo de ser deportados.

“¿Qué se supone que hará nuestra clienta, una niña de dos años sin su abogada? ¿Quién hablará por ella en el tribunal? ¿Quién le explicará a ella y a todos nuestros otros clientes en el sistema de acogida, que literalmente no tienen a ningún adulto en Estados Unidos que los cuide, que ahora tendrán que enfrentarse solos a un sistema de inmigración extremadamente complejo?”, denuncia Daniela Hernández, una abogada de inmigración que representa a unos 60 menores en Pasadena, California y que se han visto afectados por la orden de suspensión. 

Hernández ha expuesto su situación durante una rueda de prensa organizada este miércoles por las principales ONGs que trabajan con menores migrantes y que se han visto afectadas por la orden: ImmDef, Amica Center for Immigrants Rights, Immigrant Defenders Law Center, Florence Project y Michigan Immigrant Rights Center. “Se trata el ataque más significativo contra los niños inmigrantes desde la separación familiar”, ha expuesto Michael Luken de Amica Center, en referencia a cuando Trump aplicó en su primer mandato el programa “Zeron Tolerance” en el que separaba padres e hijos menores en la frontera.

Hernández ha relatado como los menores con los que trabaja “son solicitantes de asilo” y también hay “víctimas de trata”, los cuales podrían cualificar para un estatus especial de inmigrante juvenil, pero que ahora se encuentran “en una situación de extrema vulnerabilidad”. “No abandonaremos a nuestros clientes, pero esta orden de suspensión de trabajo nos pone en una posición en la que tendremos que reestructurarnos y responder”, ha afirmado la abogada. 

“Ayer, todas nuestras organizaciones recibieron una orden de la administración Trump diciéndonos que abandonáramos a estos niños”, ha relatado Linda Tozelski, directora ejecutiva de ImmDef, que actualmente bridan representación legal a más de 2000 niños bajo el Programa de Niños No Acompañados, y cuyo cliente “más joven tiene solo cinco meses de edad”. Tozelski ha expuesto como también están representando “a niñas que son sobrevivientes de trata, algunas de las cuales fueron violadas en su camino a Estados Unidos, y la administración Trump nos está diciendo que dejemos de luchar por ellas”.

Tozelski ha denunciado que, si se les quita la asistencia legal, estos niños se encontrarán solos ante las preguntas del juez de inmigración, mientras que “un abogado del gobierno, cuyo único trabajo es argumentar en favor de su deportación, se enfrenta a ellos”. “Como podrán imaginar, sin un abogado a su lado, estos niños no tienen ninguna oportunidad de defenderse”, ha apuntado y ya ha avanzado que ImmDef llevará el caso ante los tribunales. 

En Estados Unidos las personas que están luchando contra la deportación no tienen el mismo derecho a un abogado que aquellas personas que estan en un proceso penal, aunque puede contratar abogados privados. Aunque con el tiempo se ha reconocido que los niños que pasan por el sistema judicial de inmigración sin un padre o tutor son especialmente vulnerables, por lo que en 2008 la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Personas creó protecciones especiales para los menores en este tipo de situación. Estableció que el gobierno debería facilitar la representación legal de los niños sometidos a procedimientos de deportación, aunque no exigió que todos los niños tuvieran un abogado

“Aunque no todos los niños que pasan por el sistema de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) reciben una representación completa y directa, a cada uno de ellos se le ofrece la protección de poder reunirse con un proveedor de servicios legales y recibir información absolutamente vital, a veces salvavidas y siempre transformadora, para que entiendan dónde están, en qué parte del procedimiento se encuentran, y, lo más importante, para que tengan una oportunidad real de defenderse y poder permanecer seguros en los Estados Unidos”, ha explicado Tozelski.

Aunque las organizaciones insistan en que no abandonar a sus clientes por razones éticas, también reconocen que la orden de suspensión los deja en una situación de mayor vulnerabilidad económica y, eventualmente, algunas podrían verse obligadas a retirar sus casos y despedir a sus empleados.

Separación de familias

La razón por la que hay menores no acompañados de edades tan bajas como dos años o cinco meses es porque en la frontera se sigue separando a las familias. Tal como ya explicaba a elDiario.es Chelsea Sachau, abogada del Florence Project el pasado mes de octubre, los agentes de inmigración solo consideran como unidad familiar a los progenitores con hijos biológicos menores de edad. Por lo que en cunado estos menores son detenidos mientras viajan con familiares de segundo o tercer grado, como tíos o primos, son separados de estos y tratados dentro del circuito como menores no acompañados. 

Esto hace que su caso sea tramitado de forma separada a los de sus otros parientes y corran el riesgo de ser deportados en solitario. Si hay opción de reunificar estos menores con un familiar dentro de Estados UnidUnidos,hace la reunificación mientras dure el proceso migratorio. “En el caso de un niño que recibe una orden de deportación, esa orden debe ejecutarse. Esto significa que, en efecto, los niños pueden ser separados de sus familiares si no logran obtener una solución legal para permanecer en el país”, ha explicado Lillian R. Aponte de Florence Project.

La orden de poner fin a la representación legal de los menores migrantes no acompañados es uno de los últimos golpes de la administración Trump en su dura campaña contra las personas migrantes. En su primer mes de mandato el presidente ha autorizado las redadas en escuelas e iglesias, ha desplegado una campaña de miedo contra las personas sin papeles y ha empezado las primeras deportaciones a Guantánamo sin dar pruebas de si los migrantes deportados allí realmente son criminales peligrosos, tal como asegura la Casa Blanca. Según publicaba EFE, familiares de tres migrantes venezolanos detenidos por Estados Unidos y enviados a Guantánamo denuncian que estos no tienen ningún historial criminal que los asocie con la banda Tren de Aragua, como dice el gobierno.